Tras unas horas de tregua, los ataques e incendios del crimen organizado contra autos particulares, transporte público y comercios en Baja California, registrados desde la mañana del domingo 22 de febrero tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo militar en el municipio de Tapalpa, volvieron a registrarse.
Para Roberto Quijano, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) en Tijuana, el reporte de 29 ataques y 25 detenidos en Baja California —de los cuales 13 arrestos y 16 incendios se registraron en Tijuana— “demuestra la gran debilidad institucional, no hay duda”, dijo.
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“Es natural que la sociedad se sienta todavía inquieta porque no sabemos si el transporte se actualizó de nueva cuenta. Están cerradas las escuelas, algunas empresas también cerraron, cadenas como Oxxo están cerradas. Eso demuestra que todavía existe nerviosismo por parte de la población”, señaló Quijano a ZETA.
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Quijano reconoció el trabajo de las corporaciones de los tres niveles de gobierno en México y de las áreas de inteligencia en Estados Unidos que cooperaron en el operativo contra el líder del CJNG en Jalisco; así como de las autoridades locales en Baja California por actuar ante los ataques que causaron terror en la población.
“El tejido social se vuelve a deteriorar, el tejido social y no solamente hablo de lo económico, hablo desde el que sale a vender jugos, desde la persona que salió de la maquiladora a las cuatro de la madrugada y no había transporte público, hablo desde la persona que tenía que llevar a un hospital a una persona enferma y no pudo llevar, eso es un daño gravísimo a la sociedad más allá de que sí hubo una pérdida humana, que claro que sería muy lamentable también, pero creo que la autoridad debe dimensionar lo que está sucediendo, no sólo ayer, lo que está sucediendo hoy y las consecuencias que estamos viviendo”, dijo.
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Quijano reiteró que, de nueva cuenta, lo que falló fue la comunicación oficial y real con los medios de comunicación y, en general, con la comunidad bajacaliforniana, que sigue sin una orientación ni mensajes claros de las autoridades locales ni federales.
“Tanto estatales, federales y municipales y también a los norteamericanos por su participación. Creo que se actuó con oportunidad pero desafortunadamente el fallo fue la comunicación, no se comunicó a la comunidad en general de las acciones ni mandando un mensaje de tranquilidad que en ese momento era necesario”, dijo el presidente del CCSP.
