El presidente del organismo, Roberto Lyle Fritch, señaló que el financiamiento aprobado para obras vinculadas con la desalinizadora de Rosarito y el sistema de distribución de agua en San Quintín implicaría miles de millones de pesos en intereses durante un plazo de pago de 30 años.
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Ante el endeudamiento por miles de millones de pesos derivado del crédito solicitado por el gobierno del estado para inversión en infraestructura hídrica, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana expresó preocupación por el impacto financiero que podría generar este financiamiento.
El presidente del organismo, Roberto Lyle Fritch, señaló que el crédito por 2 mil 960 millones de pesos aprobado para estos proyectos tendría un costo total de financiamiento cercano a los 9 mil 778 millones de pesos al finalizar su plazo de pago, de los cuales 6 mil 818 millones corresponderían únicamente a intereses.
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Al respecto, Lyle Fritch comentó que recientemente se sostuvo una reunión con la titular de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, así como con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Economía del Estado, con el fin de abordar el tema del endeudamiento vinculado a proyectos de infraestructura relacionados con el abasto de agua.
“Parte de la plática que tuvimos fue sobre este tema de endeudamiento y realmente le hicimos ver que aplicaran un poquito más la figura del APP, la asociación público-privada, precisamente para no endeudar”, explicó.
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El presidente del CCE indicó que el crédito aprobado el pasado 12 de febrero contempla recursos por 2 mil 960 millones de pesos, destinados a infraestructura vinculada con la planta desaladora en Rosarito y el Sistema Integral Macro Distribución de Agua Potable en San Quintín.
Ante dicho crédito, el presidente del Consejo señaló que el pago total podría ascender a cerca de 9 mil 770 millones de pesos en un plazo de 30 años y con 36 meses de gracia, lo que representa más de tres veces el monto originalmente solicitado.
Agregó que, tras la reunión, se les informó que el financiamiento del proyecto hídrico también contemplaría aportaciones cercanas a los 3 mil millones de pesos por parte del gobierno estatal y alrededor de mil millones provenientes del gobierno federal, como parte de la inversión destinada a fortalecer el suministro de agua en la región.
La planta desaladora contempla una producción aproximada de 1,400 litros por segundo para Tijuana, además de 300 litros por segundo para Playas de Rosarito y 300 litros por segundo para Ensenada, con el objetivo de prever el suministro de agua en la región.
En ese sentido, Lyle Fritch indicó que al inicio de la actual administración estatal se recibió una deuda aproximada de 15 mil millones de pesos, la cual posteriormente ha registrado dos incrementos derivados de nuevos financiamientos para proyectos de infraestructura, entre ellos obras viales en distintos puntos del estado.
Aunque consideró que, si el endeudamiento se destina a resolver necesidades prioritarias, como el abastecimiento de agua, puede justificarse.
“Cuando hay un endeudamiento y cuando hay una razón de ser, sobre todo esta inversión que es de necesidad que desde hace 12 o 14 años se requería hacer, creo que este mecanismo es válido para llevar a cabo el proyecto”, comentó.
Sin embargo, el dirigente empresarial señaló que los esquemas de asociación público-privada (APP) podrían utilizarse con mayor frecuencia para reducir la presión sobre las finanzas públicas. Como ejemplo, mencionó la autopista de cuota entre Tijuana y Tecate, desarrollada mediante inversión privada bajo concesión.
