El 10 de febrero de 2026, Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, informó que los diez mineros de la empresa Vizsla Silver secuestrados en el estado de Sinaloa fueron privados de la libertad por una célula de “Los Chapitos” que los confundió con integrantes del grupo criminal antagónico conocido como “Los Mayos”. El funcionario precisó que esta versión provino de las primeras declaraciones de cuatro personas detenidas por elementos del Ejército, vinculadas presuntamente con la privación ilegal de la libertad de los trabajadores.
García Harfuch detalló que las detenciones de estos cuatro presuntos responsables se realizaron en operativos coordinados en Sinaloa, en el contexto de la investigación por el secuestro de diez trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver ocurrido el 23 de enero de 2026 en la zona serrana del municipio de Concordia, en el sur de ese estado. El secretario federal explicó que, según las primeras entrevistas ministeriales, los detenidos señalaron que confundieron a los mineros con integrantes de un grupo rival en el marco de la disputa interna entre células del Cártel de Sinaloa.
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El titular de la SSPC Federal indicó que los capturados pertenecen a una célula identificada como parte de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa que mantiene una confrontación con el grupo de “Los Mayos” en la región donde se ubican las operaciones del proyecto Pánuco de Vizsla Silver. Señaló además que en la zona ya se habían registrado actividades delictivas vinculadas a esa organización y que uno de los líderes que opera en el área fue identificado por las autoridades, aunque no proporcionó su nombre por tratarse de una investigación en curso.
Durante la conferencia matutina del 10 de febrero de 2026, García Harfuch afirmó que los mineros plagiados fueron diez y reiteró que los cuatro detenidos refirieron que se trató de una confusión con integrantes de un grupo contrario. “Con las primeras detenciones que realizó el Ejército de cuatro personas presuntamente responsables de la privación ilegal de la libertad lo que mencionan es que fueron confundidos (…) con integrantes de un grupo antagónico”, expuso el funcionario federal al describir el contenido de las declaraciones de los capturados.
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El secretario de Seguridad agregó que, hasta el momento de su intervención, no existían denuncias previas que acreditaran que trabajadores o directivos de Vizsla Silver hubieran sido extorsionados por grupos delictivos en la región donde operaba la compañía. Señaló que las autoridades no tenían registradas quejas formales respecto a cobro de cuotas o exigencias económicas dirigidas específicamente contra la empresa, pese a versiones extraoficiales sobre intentos de extorsión en la zona de Concordia.
En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó el 10 de febrero de 2026 al Gabinete de Seguridad a sostener una reunión con la Cámara Minera de México para escuchar directamente los planteamientos del sector respecto a la seguridad en las zonas de operación. “El día de hoy les instruí al Gabinete de Seguridad para que se puedan reunir con la cámara minera. No había, digamos, ninguna denuncia en particular sobre que hubiera extorsión pero de todas maneras es importante estar en contacto con las distintas empresas mineras de nuestro país para poder escuchar sus planteamientos y en todo caso ofrecer el apoyo que se requiera”, indicó la mandataria nacional al referirse a la relación con las compañías del ramo.
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La privación ilegal de la libertad de los diez trabajadores de Vizsla Silver generó preocupación entre organizaciones del sector minero y autoridades, debido a que la empresa mantenía en Sinaloa un proyecto considerado estratégico para la extracción de plata y oro y ya había anunciado que 2026 sería un año decisivo para consolidar el desarrollo del distrito Pánuco. La compañía decidió suspender temporalmente ciertas actividades en el sitio y en áreas cercanas, mientras se realizaban las labores de búsqueda y las investigaciones ministeriales sobre el secuestro.
En días previos a las declaraciones de García Harfuch, la empresa Vizsla Silver y autoridades locales reportaron el hallazgo de cuerpos de algunos de los trabajadores y la confirmación de la muerte de varias de las personas que habían sido privadas de la libertad, lo que incrementó la exigencia de esclarecimiento total del caso por parte de familiares y del sector minero. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación por desaparición cometida por particulares y coordinó acciones con autoridades federales para ubicar a las víctimas y a todos los responsables materiales e intelectuales del secuestro.
García Harfuch reiteró que el Gobierno Federal mantendría las labores de investigación y persecución de los responsables, al señalar que “no va a parar” hasta esclarecer completamente los hechos y fincar responsabilidades penales. La instrucción de la presidenta de la República al Gabinete de Seguridad para sostener un diálogo directo con la industria minera colocó el tema de la seguridad en proyectos extractivos en la agenda de las próximas reuniones entre autoridades y representantes empresariales, con el objetivo de evaluar medidas adicionales de protección en regiones donde operan grupos del crimen organizado.
