El operativo de alto impacto encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en la zona boscosa del municipio de Tapalpa, Jalisco, que el 22 de febrero de 2026 resultó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desencadenó una ola de violencia en al menos 11 estados del país. Para el 23 de febrero del mismo año, grupos armados reactivaron bloqueos carreteros y quema de vehículos en Michoacán, mientras que en Jalisco múltiples municipios permanecían incomunicados o con vialidades parcialmente obstruidas.
Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, informó durante la conferencia de prensa “Las Mañaneras del Pueblo”, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, que las reacciones violentas incluyeron bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a gasolineras, establecimientos comerciales e instituciones bancarias, así como agresiones armadas contra autoridades. Según el Comunicado 84 de la SSPC, el saldo total de las jornadas violentas ascendió a 62 personas fallecidas, 70 detenidas en siete estados y 85 bloqueos registrados en carreteras federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
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Las pérdidas más graves se concentraron en Jalisco, donde seis agresiones dejaron un saldo de 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un elemento de la Fiscalía General del Estado sin vida. Además, una mujer ajena a los hechos falleció y 30 presuntos integrantes de la delincuencia organizada murieron durante los ataques en esa entidad. En Michoacán se reportaron tres agresiones, con cuatro presuntos delincuentes muertos y 15 efectivos de seguridad lesionados. En total, se contabilizaron 27 agresiones armadas contra corporaciones de seguridad en el país.
Como parte de la respuesta institucional, se instaló de manera inmediata un Centro de Mando integrado por personal de la SEDENA, la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR), la SSPC Federal, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Guardia Nacional, en coordinación permanente con las autoridades estatales. Según el comunicado oficial de la SSPC, esa coordinación permitió que al finalizar la jornada del 22 de febrero de 2026 ya no se registraran hechos violentos. García Harfuch reconoció además el valor y profesionalismo del personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea, así como el liderazgo del general secretario Ricardo Trevilla Trejo.
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No obstante, los reportes del terreno contradecían en parte ese diagnóstico el 23 de febrero del mismo año. En Michoacán, grupos armados reactivaron los bloqueos y la quema de vehículos en Apatzingán, Aguililla y Coalcomán. Los puntos afectados incluyeron el crucero de Catalinas, La Huina, el Molino y la carretera Apatzingán-Aguililla. Al menos seis vehículos ardían en llamas para obstaculizar la circulación y al menos dos automotores fueron vandalizados mientras se encontraban estacionados.
En Jalisco, la situación permanecía crítica en varios municipios. En Casimiro Castillo, delincuentes abrieron una zanja en la Carretera Federal 80 con destino a Autlán y colocaron vehículos de carga pesada para impedir el paso. El municipio de Atemajac de Brizuela mantenía bloqueos activos a pesar de los anuncios federales de liberación de vialidades. El alcalde de Tapalpa, Antonio Morales, describió la situación en el Pueblo Mágico: la carretera hacia el ingreso de Chiquilistlán, la vía Tapalpa-Atemajac de Brizuela a la altura del crucero de Ferrería de Tula, la carretera 436 hacia Guadalajara y el acceso a El Veladero presentaban bloqueos totales o parciales. Las autoridades estatales y federales se dirigían además hacia El Arenal, donde se reportó un nuevo narcobloqueo cuyo saldo aún no había sido revelado.
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Tanto el ayuntamiento de Atemajac de Brizuela como el alcalde de Tapalpa pidieron a la población mantener la calma, permanecer en casa y atender únicamente los canales de comunicación oficiales locales. “La prioridad es proteger la vida y la seguridad de nuestras familias”, informó el ayuntamiento de Atemajac de Brizuela. Morales solicitó paciencia mientras se esperaba respuesta de las autoridades federales y recordó que el Código Rojo seguía activado por parte del Gobierno del estado.
García Harfuch reiteró que el Centro de Mando instalado tras el operativo continuaría en operación y que la ciudadanía sería mantenida informada sobre el restablecimiento total del orden. “La población puede tener la certeza de que el gobierno de México actuará con todas sus capacidades siempre para preservar la paz y la seguridad en el país”, señaló el titular de la SSPC Federal.
