A dos semanas y media de protestas, el Ayuntamiento de San Quintín intentó interponer ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por sedición, sabotaje, despojo de cosas inmuebles, ataques a la vía general de comunicación, daños en propiedad ajena y demás que resulten aplicables, en contra de los manifestantes que mantienen obstruidas parte de las oficinas municipales, pero se negaron a recibirla.
Carlos Sánchez Luna, coordinador de Asuntos Jurídicos del Primer Ayuntamiento, informó que la instrucción recibida fue presentar una denuncia en contra de quien resulte responsable por los actos cometidos asociados a los delitos antes mencionados.
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En atención a medios, indicó que parte de lo abordado incluye el impedimento de ingresar a las instalaciones municipales a laborar. “Hay una afectación directa a los trabajadores, así como afectación económica al evitarse la recaudación de ingresos estimados, trámites y liberación de pagos”, comentó.
También señaló que existen afectaciones a los ciudadanos que no han podido cumplir algunos trámites ante la Dirección de Administración Urbana, permisos de alcoholes, intento de liberaciones de vehículos y pago del impuesto predial.
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Sánchez Luna indicó que pretendían evitar daños y afectaciones patrimoniales, así como para salvaguardar los derechos de la integridad del Gobierno Municipal. Sin embargo, remarcó que es la segunda ocasión en que la Fiscalía General del Estado se niega a recibir la denuncia, situación que —advirtió— vulnera el estado de derecho y coloca al Ayuntamiento en una posición de riesgo legal al impedirle cumplir con sus obligaciones formales.
Recordó que el lunes 26 de enero intentaron interponer una denuncia por la irrupción de manifestantes a las instalaciones de la delegación municipal de Camalú, sin que fuera aceptada en la Fiscalía. Para esta ocasión, declaró que “en esta ocasión, por más de dos horas no me dieron respuesta. No dijeron nada, solo que revisarían el caso y no me recibieron. No me dieron justificante alguno”.
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Recientemente, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda acordó con los manifestantes que no habría represalias en contra de quienes participaron en las manifestaciones, mientras que la alcaldesa Miriam Elizabeth Cano Núñez afirmó que respetaban el derecho a la libre expresión y manifestación.
Ante esto, el coordinador de Asuntos Jurídicos señaló que “hay delitos por no accionar, en el Primer Ayuntamiento estamos siendo cuidadosos y respetar los debidos procesos”.
De igual manera, aclaró que las autoridades municipales no han tenido más acercamientos con los manifestantes, por lo que estarían considerando si buscarán más diálogo.
