Lo sistemas Anticorrupción, un proyecto que nació muerto, han dejado escapar el último ápice de esperanza y credibilidad que pudieron tener
En una semana, los sistemas Anticorrupción sepultaron cualquier vestigio de credibilidad que aún pudiera quedar en la chistera, y pasaron de la simulación a la participación político-partidista. Todo, alrededor de la imagen de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
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El penoso episodio comenzó cuando la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, hizo un llamado a la gobernadora bajacaliforniana para que pidiera licencia al cargo en tanto la Fiscalía General de la República (FGR), investigaba la presunta relación de su exesposo, Carlos Torres Torres, con una red de la delincuencia organizada en la que participa una veintena de políticos, notarios y funcionarios, según indagan a partir de una denuncia anónima recibida por la institución.
Más allá de si son o no culpables, o el contexto específico de la querella que relaciona a políticos de Morena con actividades criminales, el punto a analizar es el comportamiento de dos instituciones dedicadas al diseño y seguimiento de casos de corrupción que se descubran dentro de la administración pública, ya sea local o federal.
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Y es que tras la declaración vía redes sociales de la titular del SNA, la respuesta fue casi inmediata por parte de su homólogo local, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), específicamente, del Comité de Participación Ciudadana (CPC), que prácticamente descalificó los dichos de Vania Pérez, argumentando que carece de facultades para emitir opiniones de este tipo.
Y tiene algo de razón el SEA, jurídicamente hablando, pues la titular del SNA carece de facultades para emitir posturas contra gobernadores, dado que -para empezar- su capacidad de acción se limita hacia los temas que vinculan al Gobierno de México, es decir lo federal, además que su decisión no pasó por los comités que conforman el SNA. Y, efectivamente, días después, el mismo SNA emitió un comunicado donde se deslindó de la petición de su titular, afirmando que sus declaraciones fueron a título personal y no correspondían a la postura oficial del organismo autónomo.
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El desenlace no es una victoria para nadie. Por un lado, vemos a una funcionaria federal cuya intrascendencia en la política anticorrupción sólo se trunca a través de mensajes políticos dirigidos y carentes de proporción, mientras que el CPC de Baja California, controlado por el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del SEA, Francisco Javier Riebelin, salió de las sombras y emitió un posicionamiento -después de prácticamente cuatro años de silencio- para defender a la gobernadora Marina Ávila Olmeda. Esto, pese a que su función principal es la de crear políticas públicas para el combate a la corrupción y dar seguimiento a investigaciones relacionadas con el tema.
Resulta incomprensible que el único posicionamiento público que hace el SEA, tenga como propósito defender a Marina del Pilar, mientras que en casos denunciados, donde pudiera haber sospechas de posibles actos de corrupción, optan por el silencio.
Por cierto, Francisco Javier Riebelin se ha perpetuado en el cargo de manera interina y está próximo a cumplir cuatro años de esta forma, sin importar que se viole la Ley o que no tenga sentido la operación del SEA.
Lo único que no cambia es que percibe un sueldo de 51 mil pesos… bueno, cambió una vez, porque en 2023 se incrementó el sueldo de 50 a 51 mil, por hacer lo mismo que hacen hoy los hijos de Andrés Manuel López Obrador: nada.
