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martes, febrero 3, 2026
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Amnistía Internacional critica militarización en Sinaloa, tras escalada de violencia

La organización Amnistía Internacional (AI) manifestó su preocupación por la persistente escalada de violencia en Sinaloa, estado que enfrenta una crisis de seguridad combatida mediante constantes estrategias de militarización adoptadas por los gobiernos estatal y federal. Señaló que el despliegue masivo de tropas no solo resultó fallido para contener los delitos de alto impacto, sino que propició un entorno de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

“Ante esta situación, preocupa que la respuesta ante la escalada de violencia y la presencia de organizaciones criminales, sea el despliegue de fuerzas militares en el estado”, indicó la organización. “México ha adoptado una estrategia de militarización de la seguridad pública como respuesta a la situación de la violencia que vive el país. Esto ha derivado en constantes violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de derecho internacional tal como detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

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Según datos presentados por AI, a pesar de la presencia castrense, los indicadores de inseguridad en la entidad mostraron un deterioro desde 2022, año en el que los homicidios pasaron de 478 reportados a mil 663 en 2025. Solo en el último año, el incremento fue del 67 por ciento respecto a 2024. Las carpetas de investigación por feminicidio se triplicaron, subiendo de 20 casos en 2022 a 69 en 2025, y el número de personas no localizadas pasó de 268 a 947 en el mismo periodo.

Amnistía Internacional reiteró que este modelo resultó ineficaz. Durante 2025, el despliegue de soldados en Sinaloa alcanzó una cifra histórica de 10 mil 516 efectivos, incluidos grupos de élite, convirtiéndose en el estado con mayor concentración militar del interior de la República. Pese a este salto inédito de tropas, la violencia no se detuvo y evolucionó de disputas criminales a ataques directos contra civiles y actores políticos, como el reciente atentado contra los diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC) en Culiacán de Rosales.

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El ataque ocurrió el 28 de enero de 2026, cuando Sergio Torres Félix, dirigente estatal del partido, y Elizabeth Montoya Ojeda, diputada local, fueron interceptados por hombres armados al salir de las instalaciones del partido en el Malecón Viejo de Culiacán. Escoltas repelieron la agresión, pero ambos legisladores resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital cercano. Montoya Ojeda recibió impactos de bala, mientras que Torres Félix presentó heridas por esquirlas. Los agresores lograron huir pese al operativo de seguridad desplegado en la zona.

La organización internacional destacó en su informe “Cambiando el Paradigma” que la militarización de la seguridad pública en México ha derivado en posibles crímenes de derecho internacional. “Amnistía Internacional llama a los Gobiernos: federal, estatales y municipales a colocar en el centro la seguridad de las personas, cumpliendo con los estándares internacionales en materia de uso de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública que claramente establecen que su participación debe ser de forma extraordinaria, y subordinada, regulada y fiscalizada por la autoridad civil”, es la petición.

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El documento, presentado el 19 de noviembre de 2024, sostiene que el enfoque bélico priorizó el uso de la fuerza letal y el combate a enemigos percibidos, dejando de lado soluciones duraderas y respetuosas de los derechos humanos. La organización evidenció abusos documentados entre 2019 y 2024, incluidas mil 893 quejas contra la Guardia Nacional y 2 mil 279 contra la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por actos como detenciones arbitrarias, tortura, tratos degradantes y privación de la vida.

En contraste con las advertencias de Amnistía Internacional, el Gobierno de Sinaloa reafirmó su apuesta por la coordinación militar. El 3 de febrero de 2026, el gobernador Rubén Rocha Moya encabezó la toma de posesión del General de División de Estado Mayor Héctor Ávila Alcocer como nuevo Comandante de la Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán. La ceremonia se realizó en las instalaciones del Octavo Batallón de Infantería, en presencia de mandos militares y autoridades civiles.

“Estamos contentos porque se incorpora un hombre que ya conoce Sinaloa, que tiene compromiso y que ahora llega como general de División. Para nosotros es muy satisfactorio”, expresó Rocha Moya. Ávila Alcocer, quien previamente se desempeñó como titular de la Novena Región Militar, con sede en Culiacán de Rosales, asumió la comandancia de la región que comprende parte de Sinaloa y Durango con la encomienda de fortalecer la seguridad en la jurisdicción.

La crisis de violencia en Sinaloa se agudizó desde septiembre de 2024, tras la detención en Estados Unidos de Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, líder del Cártel de Sinaloa. La disputa interna entre las facciones conocidas como “Los Chapitos” y “Los Mayos” desató una ola de balaceras, asesinatos, desapariciones y enfrentamientos que incrementaron dramáticamente los índices delictivos. El fenómeno de las desapariciones se aceleró considerablemente: antes del estallido de violencia, en promedio desaparecían tres personas cada día; durante 2025, la cifra casi se duplicó a cinco personas diarias.

Amnistía Internacional propone un cambio inmediato en el funcionamiento de la Guardia Nacional para garantizar el respeto a los derechos humanos y una reforma militar que limite las funciones de las Fuerzas Armadas en un marco normativo adecuado. Entre las recomendaciones al Poder Ejecutivo y Legislativo, la organización destaca la necesidad de diseñar un plan específico para el retiro de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública y el cumplimiento de compromisos internacionales adquiridos por México.

“Es urgente romper con el paradigma militar y voltear la mirada a las políticas de seguridad ciudadana para combatir la criminalidad y la violencia, no podemos, no debemos acostumbrarnos a la presencia de militares en las calles del país y mucho menos a más muertes de personas inocentes a manos de las fuerzas armadas”, concluyó la organización en su informe.

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Autor(a)

Carlos Álvarez Acevedo
Carlos Álvarez Acevedo
Reportero del semanario ZETA Tijuana y del periódico Noroeste de Culiacán, desde febrero de 2016.
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