Isabel Torres, madre e integrante del colectivo Madres Buscadoras de Chiapas, busca a su hija Cassandra Arias, de 22 años, desaparecida desde 2022, cuando fue privada de la libertad por un grupo de hombres armados. En su estado, aseguró, cientos de jóvenes han sido reportados como desaparecidos en los últimos años bajo circunstancias similares.
Torres, quien inició su labor como madre buscadora hace cuatro años, señaló que obtuvo indicios sobre la posible ubicación de su hija mediante la señal de uno de los teléfonos que se llevaron el día de la desaparición, el cual fue detectado en Tijuana, mientras otros aparatos aparecieron en Cancún.
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“Los celulares que se llevaron ese día, uno de ellos fue a dar a Tijuana y otros a Cancún. Por eso nosotras fuimos a hacer búsquedas allá, porque ha habido indicios. Desde esa vez, a mi hija ya no la volví a ver desde el 17 de diciembre”.
La madre acudió a Tijuana con la finalidad de localizarla, pues presume que podría ser víctima de trata de personas.
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Asimismo, indicó que su caso no es aislado. Señaló que, según registros del colectivo en el estado de Chiapas, al menos 500 jóvenes han desaparecido en los últimos años tras aceptar ofertas laborales fuera de la entidad.
“Les prometen un trabajo muy bien pagado y se van engañados; en realidad, son reclutados para sembrar o vender. Aquí se ha difundido que no crean en ofertas en otros estados, porque los enganchan con mentiras.”
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Explicó que uno de los mecanismos consiste en ofertas laborales en fábricas con sueldos de hasta 5 mil pesos mensuales, además de alimentación y transporte incluidos, lo cual representa un atractivo considerable ante la falta de oportunidades en su región.
Adriana, fundadora del colectivo Madres en Resistencia, también advirtió que esta problemática está vinculada a la falta de oportunidades en el estado y a la expectativa de migrar hacia Estados Unidos.
La activista señaló que las principales víctimas son jóvenes de entre 18 y 30 años en situación de vulnerabilidad, que trabajan como albañiles o en labores del campo, incluidos integrantes de comunidades indígenas que no hablan español.
“Tuvimos el caso de un joven que no hablaba español, hablaba su lengua, y llegó con la idea de trabajar y mandar dinero. Lo pusieron a trabajar de sol a sol y el mismo jefe les daba droga; luego se endeudaban y los echaban a la calle”, relató.
En Tijuana, Bárbara Martínez, presidenta del colectivo Buscando a Tolano, explicó que han apoyado a madres buscadoras de otros estados, especialmente del sur porque las autoridades estatales no intervienen en casos interinstitucionales.
Señaló que, ante el aumento de casos, les han apoyado acompañándolas, guiándolas a recopilar información mientras buscan a los jóvenes desaparecidos alrededor de la ciudad y el estado.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, en lo que va de 2025 se han reportado 124 personas originarias de Chiapas como desaparecidas en Baja California; la institución no detalló el estatus de los casos ni ofreció comparativos con años anteriores.
