Si no acceden, las traen a pan y agua”, así describió un oficial la situación laboral de al menos tres mujeres policías que, según su testimonio, han expresado su inconformidad debido a que su estabilidad laboral habría estado condicionada al acoso por parte de mandos superiores.
En el mes de diciembre 2025, una de las agentes asignadas a una delegación ubicada en la zona noroeste denunció a este Semanario haber sido víctima de acoso sexual; sus labores dependían de qué tan disponible estuviera.
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Tras negarse a las insinuaciones fue reasignada de manera repentina a la zona centro, y participó en el Operativo Navideño. Su pareja laboral (compañero policía de patrulla) mencionó a Semanario ZETA que antes de esta situación, la agente era percibida dentro de la corporación como alguien con “privilegios”, percepción que cambió tras conocer la situación del caso.
“Para nosotros era muy raro, porque de ser alguien privilegiado, después la veíamos en bicicleta, luego caminando en el centro y, al terminar el operativo, la mandaron a patrullar”, relató el oficial, en referencia a una serie de cambios en sus funciones.
La agente habría compartido con sus compañeros que, tras rechazar el acoso de un mando, fue desplazada. “Le dijeron que no le iba a ser fácil”, señaló el testimonio.
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Sobre las quejas y denuncias, explicó la oficial, esta información no le llega al comandante general, solo se queda entre los de abajo”, afirmó.
Estos señalamientos se suman a las denuncias documentadas a nivel nacional sobre violencia y discriminación dentro de las corporaciones policiales, donde diversas organizaciones han advertido que el miedo a represalias y la falta de canales efectivos de denuncia inhiben a las víctimas de acudir a instancias formales.
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Consultado sobre el tema, el director de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Monreal Noriega, no respondió a los cuestionamientos y se limitó a señalar que sí existe un protocolo; pero no informó si existen capacitaciones, qué opciones tienen las mujeres policías para denunciar sin ser re victimizadas o castigadas.
En la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada hay actualmente una plantilla integrada por 250 mujeres, de las cuales 15 ocupan cargos de mando dentro de la corporación, consolidando su participación en espacios de toma de decisiones.
Estimó el director Alejandro Monreal que entre los puestos de liderazgo, hay dos subdirectoras, ocho coordinadoras y cinco supervisoras.
Además, 40 mujeres desempeñan funciones administrativas en distintos departamentos, mientras que alrededor de 10 ocupan cargos como jefas de área, fortaleciendo la estructura operativa y administrativa de la institución.
En materia de prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual, la dependencia opera bajo el Protocolo para la Prevención y Atención del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en las Dependencias y Entidades Paramunicipales de la Administración Pública Municipal de Ensenada, así como el Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Municipio de Ensenada, Baja California.
De manera complementaria, la corporación se rige por los estándares internacionales de la Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies (CALEA), particularmente en lo relativo a la prohibición del acoso, código de conducta, código de ética, sistema disciplinario y procedimiento de queja.
Respecto a posibles señalamientos de acoso que no cuentan con denuncia formal o queja administrativa presentada ante las instancias competentes, la institución informó que estos se consideran hechos no judicializados y aseguró que no se minimizan ni se desestiman.
Conforme al protocolo municipal, la atención de estos casos no depende exclusivamente de la existencia de una denuncia formal, ya que se establecen mecanismos institucionales que incluyen prevención, atención inicial, orientación, canalización, acompañamiento, registro interno, medidas de protección, confidencialidad, no revictimización y un enfoque basado en derechos humanos.
Asimismo, el Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia obliga a todas las dependencias municipales a prevenir, atender y erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres, incluida la violencia laboral, el hostigamiento y el acoso sexual.
Ni la Sindicatura Municipal ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) tienen entre sus registros quejas por parte de las mujeres policías algún tipo de caso relacionado con el género.
Aunque especialistas advierten que la ausencia de denuncias no necesariamente implica la inexistencia de los hechos, sino que puede reflejar desconfianza en los mecanismos internos o temor a consecuencias laborales.
El pasado 7 de enero, la dirección de seguridad lanzó una convocatoria para invitar a mujeres interesadas en integrarse a la Academia de Policía, a iniciar su proceso de registro mediante el formulario oficial; lo anterior, presumieron es parte de las acciones para fortalecer la corporación, promover una policía cercana y profesional.
MENOS DEL 20% DE POLICÍAS MUJERES
La Dirección de Seguridad tiene alrededor de 853 policías activos de los cuales 163 son mujeres policías; esto es menos del 20 por ciento de la corporación. En la última generación, ingresaron sólo siete mujeres, que se sumaron a las filas de elementos de seguridad.
Según la Plataforma Nacional de Transparencia, la mayoría de las mujeres las concentran en las áreas administrativas, las menos están en campo realizando tareas de prevención.
De acuerdo con testimonios, los casos más frecuentes de acoso laboral o sexual en Ensenada, se registran en las delegaciones y no en las oficinas centrales.
Un estudio de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) indica que ocho de cada diez mujeres policías han enfrentado algún tipo de discriminación; seis de cada diez han sido objeto de comentarios sexistas; y más del 30 por ciento ha sido excluida de tareas operativas bajo el argumento de que “no están capacitadas” para situaciones de alto riesgo.
La violencia de género también ocurre dentro de las propias corporaciones, ya que entre 2015 y 2019, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México documentó 720 quejas de mujeres policías relacionadas con acoso laboral y sexual, discriminación por embarazo y negación de ascensos.
“Estos datos reflejan, según analistas, la ausencia de protocolos eficaces para prevenir, atender y sancionar estas conductas”, fueron las conclusiones.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hay desigualdad de género al interior de las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía.
En estados como Sonora y Baja California, la participación femenina en labores policiales es inferior al 15 por ciento, mientras que en entidades con altos índices de violencia de género, como Guanajuato, Estado de México y Jalisco, no alcanza el 20 por ciento.
A nivel municipal, la situación es aún más crítica, con corporaciones donde la presencia de mujeres es mínima o inexistente.
Diversos diagnósticos señalan que las mujeres policías suelen ser relegadas a tareas administrativas y enfrentan obstáculos para acceder a puestos de mando y toma de decisiones.
Esta exclusión tiene consecuencias directas en la calidad del servicio de seguridad pública, particularmente en la atención a víctimas de violencia de género.
“Cuando no hay una perspectiva de género en las instituciones de seguridad, se reproduce la revictimización y se pierde la confianza ciudadana”, advierten expertos en políticas públicas en la Ciudad de México.
Legisladores impulsan un proyecto de decreto para adicionar al artículo 39 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la participación de las mujeres y garantizar la incorporación de la perspectiva de género en los cuerpos policiales del país.
Como ejemplo, compartieron un estudio donde se menciona que muchas mujeres que acuden a denunciar violencia familiar o agresiones sexuales reportan sentirse incómodas o incomprendidas al ser atendidas por agentes sin capacitación especializada, lo que en muchos casos las disuade de continuar con los procesos legales.
A este escenario se suma un ambiente institucional históricamente hostil para la integración de mujeres.
El proyecto de decreto busca atender estas problemáticas mediante el fortalecimiento de políticas de igualdad, la promoción de condiciones laborales equitativas y la institucionalización de la perspectiva de género en los sistemas de seguridad pública.
La reforma plantea sentar bases legales para transformar la cultura organizacional de las corporaciones y garantizar una participación más justa y efectiva de las mujeres.
