Ya son 30 las carpetas de investigación por los delitos de despojo, fraude y amenazas en las que está involucrado el abogado Christian Pablo López Ortiz (Se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP).
Entre 2016 y 2025 ha acumulado tres decenas de denuncias (18 en Tijuana y 12 en Playas de Rosarito), luego de ser acusado de participar en despojos de propiedades en la zona costa de Baja California.
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“Esa persona ya está siendo investigada. Son más de 30 carpetas las que están ahí registradas. Pronto vamos a tener más avances en esa investigación, precisamente porque se está tratando desde un punto interinstitucional”, respondió la fiscal Ma. Elena Andrade Ramírez.
Por su parte, Isaac Fragoso López, presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, refirió que hasta familiares han sido víctimas de un proceso similar.
“Obviamente es un trabajo titánico, pero requiere de una profunda investigación de parte de Fiscalía porque es un problema real; es un problema gravísimo que incluso a familiares de un servidor les han pasado, donde ciertas personas crean o inventan procedimientos jurisdiccionales”, declaro.
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En las carpetas de investigación, el abogado López Ortiz comparte protagonismo con sus cómplices, que con violencia física y psicológica lograron amedrentar a sus víctimas y con esquemas de prescripción lograron acreditar la posesión de inmuebles.
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Caso Laderas y Puerto Nuevo, Rosarito
Los últimos eventos que evidencian la participación del abogado son los casos del Fraccionamiento Laderas del Mar y Puerto Nuevo, Rosarito, en donde vecinos lo acusan de irrupción armada y privación de la libertad
El abogado y empresario Christian Pablo López Ortiz, fue señalado por residentes del fraccionamiento Laderas del Mar, en la privada Playa Imperial, como uno de los involucrados en la irrupción donde según denunciaron un grupo armado tomó el control del acceso principal, el miércoles 11 de febrero de 2026, dos días después denunciaron los hechos en la FGE.
De acuerdo con los testimonios, un grupo de personas armadas, presuntamente encabezadas por López Ortiz, arribaron en camionetas y, mediante amenazas, retiraron a integrantes de la administración en funciones.
En el mismo acto colocaron en la caseta a la empresa de seguridad privada “Centinela”, propiedad del abogado, cuyos elementos actualmente controlan la entrada y salida del fraccionamiento.
“Llegaron, sacaron a las personas que estaban trabajando y colocaron supuestamente a una agencia de seguridad privada llamada Centinela. Ahora son ellos quienes controlan la entrada y salida y nos piden datos personales. Muchos ya decidimos no proporcionar información porque no sabemos quiénes son ni para qué la quieren”, indicó una vecina con 25 años de residencia en la zona.
Añadió que durante el altercado un integrante de la administración resultó lesionado y, presuntamente, le quitaron su teléfono celular. Parte de los hechos quedaron registrados en cámaras de seguridad.
Los vecinos manifestaron temor ante posibles desalojos o afectaciones patrimoniales, pues aseguran que los señalados tendrían en su poder documentos e información de propietarios.
También señalaron que la destitución de la administración y la instalación de la nueva empresa de seguridad, no se habrían realizado conforme al reglamento interno.
De acuerdo con residentes inconformes, durante el periodo en que Sandra Urbina Toro se desempeñó como administradora del condominio Playa Imperial entre 2018 y 2023, presuntamente invadió un departamento del edificio Sirena, propiedad de un vecino, quien posteriormente la desalojó por la vía legal.
El 9 de febrero de este año, añadieron, Urbina Toro acudió nuevamente al fraccionamiento acompañada de López Ortiz para intentar tomar posesión de otro departamento en disputa legal.
Según versiones de residentes, Carlos Reyes, electo en 2024 como administrador del condominio, habría adquirido previamente dos departamentos mediante la figura de prescripción.
Dos días después, agregaron, Urbina Toro y López Ortiz regresaron al fraccionamiento, donde se llevó a cabo la toma de la caseta, el relevo de la administración y la permanencia del personal de seguridad privada.
Otra versión
Sandra Urbina Toro indicó que la contratación de seguridad y el cambio de administración respondieron a un presunto desalojo en su contra e irregularidades en la gestión de los condominios por parte de Carlos Reyes, así como a presuntos casos de violencia entre el personal.
Por su parte, Uriel Álvarez, quien dijo representarla legalmente, señaló que la presencia de López Ortiz tuvo como único propósito entrevistarse con personal de seguridad y negó actos de violencia o intención de tomar control del fraccionamiento.
Caso en Puerto Nuevo
En Playas de Rosarito, el propietario de un predio en Puerto Nuevo, señaló a ZETA un presunto intento de despojo que vincula con López Ortiz.
Indicó que detectó movimientos relacionados con la figura de prescripción sobre su predio y que, al investigar las placas de los vehículos que acudieron al lugar, estas aparecían registradas a nombre de una empresa que, según dijo, estaría vinculada con el abogado.
Añadió que durante el conflicto arribó la empresa de seguridad privada “Centinela”, que tomó el control del acceso y que, de acuerdo con su versión, el litigante habría intentado asumir el control sobre dos propiedades, una suya y otra de un vecino.
Asimismo, indicó que durante la disputa por el predio uno de sus trabajadores fue presuntamente privado de la libertad por hombres armados.
Relató que, durante la noche del 29 de junio de 2025, un grupo armado, a bordo de una camioneta Ford F-150, se llevó a su empleado, Odín Alberto Lugo, de 65 años; de quien no se tiene conocimiento desde junio del año pasado.
Tanto el denunciante como el vecino implicado señalaron que, a partir de la disputa con López Ortiz, han recibido amenazas de muerte de manera recurrente, incluyendo llamadas dirigidas a ellos y a sus familiares, por lo que aseguran temer por su integridad.
ZETA obtuvo documentación en la que aparece el nombre de López Ortiz como imputado en diversas carpetas de investigación iniciadas entre 2016 y 2024. Entre las carpetas consultadas se desprenden señalamientos por fraude procesal, fraude específico, amenazas, asociación delictuosa y falsedad ante autoridades.
Así funciona el Cártel Inmobiliario
Con diez años de experiencia como juez civil, el actual presidente del Poder Judicial en Baja California, reconoce que cada eslabón de la impartición de justicia tiene debilidades que inician con una mala práctica al abusar de la buena fe de los juzgadores.
“El juez civil no es la facultad autorizada para cuestionar la veracidad o no de determinada situación. Él le va a creer que si esta persona dice que está en posesión y lleva dos testigos y exhibe un documento, pues obviamente como es una institución de buena fe, ellos emiten su sentencia. ¿Se puede prestar a mal utilizarse? Sí, si se puede prestar”, dijo el presidente del Poder Judicial en el Estado.
“Hay cosas evidentes que obviamente puedes rechazar, pero también hay abogados muy hábiles que exhiben cierta documentación, incluso un fedatario público, entonces ya no puedes cuestionar muchas cosas”, reflexionó.
La Fiscal General de Baja California, Ma. Elena Andrade Remírez, explica el esquema de fraude por el que se le investiga a López Ortiz. “El cartel inmobiliario consiste más o menos en lograr una verdad legal para adueñarse de un terreno al cual no se tiene derecho. Digo lograr una verdad legal porque puede haber un documento oficial ya sea de cualquier autoridad, especialmente de un juez civil o a lo mejor un juez federal donde te adjudique ese terreno mediante prácticas irregulares de profesionales en el derecho, se supone profesionales, más no es la verdad histórica. A lo mejor hay algo más o una participación irregular, que alguien haya dado un registro de ese terreno, pero que no sea como corresponde sin cumplir los requisitos. Entonces, estamos trabajando en ese equipo multidisciplinario”.
En el Registro Público de Baja California, han detectado que los documentos de fedatarios del interior de la República Mexicana, son los que presentan mayores inconsistencias y al momento de ratificar la información para la inscripción, prefieren desistir.
“Ahí detectamos que esa escritura adolece de deficiencias o inconsistencias”, respondió Carlos Murguía Mejía, director del Registro Público y de la Propiedad en Baja California, sobre las actas de hipotecas, validación de notarías o cancelaciones.
“Son casos aislados”, dice Registro Público; “revisar la prescripción”, Poder Judicial.
“Niego categóricamente que exista cártel inmobiliario, sí debe haber casos aislados, pero cártel inmobiliario no, como primer término”, es lo que declaró Murguía Mejía a ZETA sobre la crisis de despojos en Baja California.
En el Registro Público de la Propiedad de Baja California, se despachan seis mil trámites mensuales; 15 son de notarías de otros Estados y no todas terminan sus procesos. Pese a que Murguía reconoce que hay una crisis del despojo, asegura que no hay un cártel porque “son casos aislados”.
“Nosotros decepcionamos aquí en el mostrador alrededor de 15 o 16 escrituras foráneas y las escrituras que el Notario Público participa de su concreción registral en línea o físicamente. Yo tendría que entrar al estudio para ver cuántas son foráneas, no todas quiere decir que vienen de un cártel inmobiliario. Hay casos que vienen de instituciones bancarias en la Ciudad de México”, insistió Murguía.
Mientras que el presidente del Poder Judicial enfatizó que mejorar las garantías en el sector inmobiliario tiene origen en las leyes estatales y federales; incluso de revisar si se modifica o deroga definitivamente la figura legal de la prescripción, ya que es una de las estrategias que han usado los defraudadores inmobiliarios para lograr el despojo de propiedades en Baja California.
“Es una cuestión legislativa. La prescripción es el hecho de que tu adquieras una propiedad por el transcurso del tiempo, y hay países que no la tienen; entonces nosotros venimos de una esencia romano-germánica (que es lo más normal) pero pues ya pasaron dos mil años y ya es momento de retomar el análisis, si es conveniente de tener esta figura o de darle cierto matiz”, explicó Fragoso López a ZETA.
