La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió, el 24 de enero de 2026, una nota aclaratoria en la que negó haber realizado erogación alguna por la elaboración del retrato oficial de la ministra Lenia Batres Guadarrama, luego de que se difundiera en redes sociales un contrato de adjudicación directa por 40 mil 600 pesos destinado a dicho fin.
Según el máximo tribunal cosntitucional, la artista Diana Carolina López López, a quien se le adjudicó originalmente el trabajo mediante un contrato autorizado el 29 de septiembre de 2025, declinó realizar la obra por “compromisos y actividades previamente programadas”, según quedó asentado en un escrito que presentó ante la institución el 16 de octubre de 2025.
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La SCJN precisó que, a pesar de la adjudicación, “nunca se formalizó la relación contractual”, por lo que “el servicio no se llevó a cabo y no hubo erogación por parte de la institución”. El documento contractual permaneció disponible en el Portal de Transparencia Ciudadana debido a que “indebidamente se omitió retirar” tras la declinación de la artista.
El contrato original, cuya versión pública circuló en redes sociales tras ser difundido por el usuario “Libro Negro” en la plataforma X, establecía la contratación para la “Elaboración de retrato vivo de la señora ministra Lenia Batres Guadarrama”. La obra consistiría en un óleo sobre lienzo de 50 por 40 centímetros con un costo de 40 mil 600 pesos.
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La contratación fue realizada mediante adjudicación directa, con clasificación mínima, a cargo de la Dirección General de Infraestructura Física de la SCJN. El gasto estaba incluido en el Programa Anual de Necesidades 2025 del Poder Judicial, y el documento detallaba que la Corte realizaría las retenciones fiscales correspondientes conforme a la legislación aplicable.
La SCJN subrayó en su nota aclaratoria que la ministra Batres Guadarrama no determinó ni a la artista ni los términos del contrato, incluyendo su monto. Asimismo, aclaró que la elaboración de estas piezas artísticas “no constituye un servicio exclusivo para ninguna ministra o ministro”.
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El máximo tribunal recordó que en las instalaciones de la SCJN se exhiben los retratos de todas las ministras y ministros que han integrado la Corte desde el siglo XIX, como parte de una práctica institucional de registro histórico. Según la institución, estos retratos “documentan distintas etapas en la historia del país y reflejan la labor de quienes, en su momento, tuvieron la responsabilidad de interpretar y aplicar la Constitución”.
En los pasillos del edificio sede de la Suprema Corte se observan los retratos de los ministros desde 1825 hasta la actualidad, que conforman la colección “Retratos vivos: Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
El costo del retrato proyectado para Batres Guadarrama coincidía con el monto erogado en 2022 por el retrato al óleo del entonces presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para la galería de retratos vivos, que tuvo un costo de 40 mil 600 pesos. Zaldívar Lelo de Larrea también mandó hacer una segunda pintura para la galería de presidentes con un costo de 69 mil 600 pesos, lo que sumó una erogación total de 110 mil 200 pesos. Ambas obras fueron encargadas al artista duranguense Ricardo Fernández Ortega.
Diana Carolina López López, la artista a quien se le adjudicó el contrato para el retrato de Batres Guadarrama, es una pintora mexicana nacida en Ciudad de México en 1982, especializada en realismo y retrato. Diseñadora gráfica con un diplomado en Dibujo y Pintura, López López amplió sus estudios con cursos especializados en teoría del color, luz y retrato en The New York Academy of Art y The Art Students League.
La artista forma parte de la Colección Milenio Arte dirigida por la crítica de arte Avelina Lesper, y su trabajo ha sido seleccionado en bienales mexicanas como la Alfredo Zalce y la Rubén Herrera. En agosto de 2025, López López tuvo el encargo de retratar a la entonces presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, y al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, retratos que quedaron exhibidos en el recinto judicial.
“Obviamente no salía del estudio, me despertaba, desayunaba, me sentaba, comía, retoma… Fue todo un reto, pero al mismo tiempo una alegría muy grande saber que ahora mis retratos van a estar donde hay unos murales impresionantes”, declaró López López en septiembre de 2025 respecto a aquel trabajo.
La controversia sobre el retrato de Batres Guadarrama se desató después de que el usuario “Libro Negro” publicara en la plataforma X el documento del contrato de adjudicación directa. La información se viralizó rápidamente en redes sociales, generando críticas hacia la ministra y el máximo tribunal en un contexto en el que el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, había prometido medidas de austeridad.
La SCJN emitió su nota aclaratoria únicamente después del “ruido público” generado por la difusión del documento. Medios de comunicación y analistas políticos señalaron que la Corte no explicó por qué el trámite había avanzado hasta la etapa de adjudicación, ni quién lo autorizó, ni por qué se corrigió solo después de la polémica.
El 1 de septiembre de 2025, en su primer discurso como presidente de la SCJN, Aguilar Ortiz anunció un plan de austeridad para el Poder Judicial de la Federación. “Austeridad significa erradicar el dispendio, los privilegios indebidos y el nepotismo”, afirmó el ministro presidente ante los titulares de los tres poderes del Estado.
Aguilar Ortiz prometió reducir los salarios de jueces, magistrados y ministros para que se sitúen por debajo del ingreso mensual de la presidenta de la República, lo que representaría un ahorro inicial de 300 millones de pesos anuales. También anunció la revisión de las pensiones de los ministros en retiro, que oscilan entre 205 mil y 385 mil pesos mensuales, así como la eliminación de seguros médicos privados y jubilaciones anticipadas, sustituyéndolos por servicios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Sin embargo, el 22 de enero de 2026, la SCJN confirmó la adquisición de nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee, una para cada uno de los ministros que integran el pleno del máximo tribunal. Según versiones periodísticas, las unidades estarían blindadas con nivel 5, con un costo estimado entre 1.5 y 3 millones de pesos por vehículo, dependiendo del proveedor y las especificaciones técnicas.
La Suprema Corte justificó la adquisición argumentando que “las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación”. La institución sostuvo que la decisión de renovar la flotilla vehicular se sustentó en opiniones técnicas emitidas por autoridades federales y obedeció a “criterios de prevención, seguridad institucional y no a consideraciones discrecionales”.
Diversos medios reportaron que las camionetas tienen placas del estado de Morelos, presuntamente para evadir el costo de la tenencia vehicular, que en Ciudad de México alcanzaría los 140 mil pesos por unidad, mientras que en Morelos es de 849 pesos.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró el 23 de enero de 2026 que la adquisición de las nueve camionetas blindadas representó un ahorro superior a mil millones de pesos al Poder Judicial de la Federación, tras sustituir un contrato de arrendamiento de vehículos por la compra directa de las unidades. Por su parte, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) justificó la compra debido a que hubo varios incidentes de seguridad y tenía una obligación institucional de garantizar la protección de los ministros.
Desde su designación como ministra de la SCJN, Batres Guadarrama ha estado involucrada en diversas controversias. En 2025, promovió ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) un procedimiento para registrar la expresión “Ministra del Pueblo” como marca, lo que generó críticas y cuestionamientos sobre la posible politización de su investidura judicial.
En el ámbito interno de la Corte, en distintas sesiones públicas votó en contra de propuestas previamente planteadas por ella misma, así como intervenciones en las que fue corregida por otros integrantes del pleno. Durante la toma de protesta del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), fue grabada en video aparentemente quedándose dormida y posteriormente ofreciendo chicles a otros asistentes.
Previo a su nombramiento como ministra, se viralizó un video de un altercado personal con vecinos, en el que Batres Guadarrama aparece discutiendo con groserías e insultos.
En enero de 2026, la ministra protagonizó debates internos en el pleno de la SCJN por un párrafo incluido en uno de sus proyectos relacionado con el principio de cosa juzgada. Siete integrantes del pleno solicitaron suprimir dicho apartado al considerar que no era necesario para resolver el caso concreto; sin embargo, la ministra ponente rechazó modificar su proyecto. El ministro presidente Aguilar Ortiz ordenó que el sentido de la votación y el criterio de cada uno de los ministros quedaran asentados con toda claridad en el acta, precisamente para que no hubiera margen de reinterpretación.
En 2024, medios de comunicación documentaron que Batres Guadarrama se trasladaba en una camioneta blindada Chevrolet Suburban, marca High Country, con un costo de 2 millones 105 mil pesos.
En enero de 2026, la SCJN eliminó de su portal oficial de transparencia los tabuladores salariales mensuales detallados de los ministros. Aunque la información de los sueldos de los ministros del máximo tribunal aparece en el ejercicio presupuestal del 2025 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), su eliminación del portal institucional dificulta su acceso general.
Este ajuste ocurrió tras la implementación de la reforma judicial y los nuevos tabuladores aprobados por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), que incluyen reducciones salariales en distintos niveles del Poder Judicial de la Federación.
El Partido Acción Nacional (PAN) denunció la medida como un acto de opacidad y solicitó a la Corte retomar los ejercicios en materia de apertura de datos. “Vemos con preocupación que esta situación va acompañada de otro brazo ejecutor, que pudieran ser las sentencias, resoluciones y casos controvertidos que ahora pudieran estar en la total oscuridad”, enfatizó el partido blanquiazul.
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