El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó el 25 de enero de 2026 a la administración de Joe Biden y a los gobernadores demócratas por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en medio de una escalada de tensión en Minneapolis que derivó en la activación de la Guardia Nacional y en masivas protestas contra la operación federal más grande en la historia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
El mandatario republicano responsabilizó a los líderes de las ciudades santuario por crear “circunstancias peligrosas para todos los involucrados” y afirmó que durante la presidencia de Biden ingresaron al país “decenas de millones” de inmigrantes irregulares, incluyendo “cientos de miles de asesinos, violadores, secuestradores, narcotraficantes y terroristas convictos”. Trump atribuyó las muertes de Renee Nicole Good y Alex Jeffrey Pretti al “caos provocado por los demócratas” y exigió al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, que “entreguen” a las autoridades federales a todos los inmigrantes irregulares encarcelados en prisiones estatales para su deportación inmediata.
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Walz activó la Guardia Nacional de Minnesota el 24 de enero de 2026, a solicitud de la sheriff del Condado de Hennepin, Dawanna Witt, después de que agentes de la Patrulla Fronteriza mataron a Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, en una operación de inmigración en Minneapolis. El incidente ocurrió apenas 17 días después de que un agente de ICE matara a Good, una ciudadana estadounidense de 37 años y madre de tres hijos, en circunstancias similares.
La Oficina de la Sheriff del Condado de Hennepin confirmó que solicitó la asistencia de la Guardia Nacional para relevar a los oficiales que proporcionaban medidas de control de multitudes en el Edificio Federal Whipple, donde miles de personas protestaron contra ICE desde el asesinato de Good el 7 de enero de 2026. Los miembros de la Guardia Nacional portaron chalecos reflectantes de neón para distinguirse de otras agencias con uniformes similares y permanecieron en contacto cercano con los oficiales del Departamento de Policía de Minneapolis.
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Walz denunció “otro tiroteo atroz” por parte de agentes federales y exigió al presidente Trump que pusiera fin a la Operación Metro Surge, que desplegó aproximadamente 3 mil agentes federales en Minnesota. “Acabo de hablar con la Casa Blanca después de otro tiroteo atroz por parte de agentes federales esta mañana. Minnesota ya está harta. Esto es repugnante”, declaró Walz el 24 de enero de 2026 en la plataforma X. El gobernador agregó que el mandatario nacional “debe poner fin a esta operación” y “sacar a los miles de oficiales violentos y sin entrenamiento de Minnesota”.
El tiroteo fatal de Pretti ocurrió a las 9:05 de la mañana del 24 de enero de 2026 en la intersección de la calle 26 y la Avenida Nicollet en Minneapolis. El DHS afirmó que agentes de la Patrulla Fronteriza realizaban una operación cuando Pretti se acercó con una pistola semiautomática de 9 milímetros y “resistió violentamente” los intentos de desarmarlo, lo que provocó que un agente con ocho años de experiencia disparara “tiros defensivos”. Sin embargo, videos del incidente verificados por medios estadounidenses mostraron que Pretti sostenía un teléfono celular en su mano derecha, no un arma, antes de ser disparado. Funcionarios locales confirmaron que Pretti era propietario legal de un arma con permiso para portarla y no tenía antecedentes criminales. Un análisis de The New York Times determinó que se dispararon 10 tiros en cinco segundos.
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El caso de Good, ocurrido el 7 de enero de 2026 alrededor de las 9:30 de la mañana en la zona de la Calle 34 Este y la Avenida Portland, generó semanas de protestas en Minneapolis. El agente de ICE Jonathan Ross disparó tres veces a través de la ventanilla del conductor mientras Good estaba sentada en su Honda Pilot. Una autopsia del Examinador Médico del Condado de Hennepin concluyó que la muerte de Good fue un homicidio causado por múltiples heridas de bala. Ross, quien tiene más de 10 años de experiencia como agente de ICE y es miembro del Equipo de Respuesta Especial de la agencia, no ha sido suspendido ni acusado.
El DHS y la titular de la agencia, Kristi Noem, afirmaron que Good “weaponizó su vehículo” e intentó atropellar al agente, calificando sus acciones como “terrorismo doméstico”. No obstante, funcionarios estatales y locales, incluyendo a Frey y a Walz, rechazaron la narrativa federal y citaron evidencia en video que mostró que Good intentaba alejarse de los agentes, no dirigirse hacia ellos. El vicepresidente JD Vance declaró que Ross “podría haber estado un poco nervioso” debido a un incidente en junio de 2025 en el que fue arrastrado por un vehículo y requirió más de 30 puntos de sutura.
Entre los dos tiroteos fatales, el 14 de enero de 2026 a las 6:50 de la tarde, un agente de ICE disparó a un ciudadano venezolano en la pierna en el norte de Minneapolis después de que dos personas atacaron al agente con una pala y un palo de escoba durante un intento de arresto. El DHS identificó a la víctima como Alfredo C. Aljorna Sosa-Celis, quien fue trasladado a un hospital junto con el agente herido. Dos presuntos agresores fueron arrestados.
La indignación pública en Minnesota se intensificó el 20 de enero de 2026 cuando agentes de ICE detuvieron a Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años de nacionalidad ecuatoriana, y a su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, cuando llegaban a su residencia en el área metropolitana de Minneapolis. Selena Stik, superintendente del distrito escolar de Columbia Heights, informó que el niño fue sacado del vehículo en movimiento de su familia justo después de regresar del preescolar. Ambos se encuentran actualmente detenidos en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, una instalación de ICE destinada a familias.
El DHS afirmó que Conejo Arias era el objetivo de la operación y que huyó a pie abandonando a su hijo, por lo que un agente de ICE se quedó con el niño “por su seguridad” mientras otros agentes detenían al padre. Sin embargo, Marc Prokosch, abogado de la familia, aseguró que ambos son solicitantes de asilo que se presentaron ante las autoridades fronterizas en Texas en diciembre de 2024 y que el padre no tiene antecedentes penales en Minnesota. La familia tenía una solicitud de asilo pendiente y no contaba con una orden de deportación, según funcionarios escolares.
El 23 de enero de 2026, miles de manifestantes desafiaron temperaturas gélidas de 23 grados bajo cero para participar en una huelga general económica conocida como “Día de Verdad y Libertad”, en la que más de 700 negocios en Minnesota cerraron sus puertas y residentes se abstuvieron de trabajar, asistir a la escuela o realizar compras. Los organizadores incluyeron a líderes religiosos, sindicatos y grupos comunitarios como Faith in Minnesota e Indivisible Twin Cities. Aproximadamente 100 personas fueron arrestadas durante una protesta en el Aeropuerto Internacional Minneapolis-St. Paul.
La multitud marchó desde el U.S. Bank Stadium hasta el Target Center en el centro de Minneapolis, donde se realizó una concentración masiva dentro de la arena. Los manifestantes exigieron que ICE abandonara el estado y que se responsabilizara al agente Ross por la muerte de Good. Alison Kirwin, propietaria de Al’s Breakfast, un restaurante de Minneapolis que cerró ese día, declaró que “llega un momento de defender lo que es correcto, y este es ese momento”.
Trump amenazó el 15 de enero de 2026 con invocar la Ley de Insurrección, lo que le permitiría desplegar tropas militares para controlar las protestas en Minneapolis. El mandatario reiteró la amenaza en una publicación en redes sociales, afirmando que si “los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y detienen a los agitadores profesionales e insurrectos de atacar a los patriotas de ICE”, instituiría la Ley de Insurrección para “poner fin rápidamente a la travesía que está ocurriendo en ese estado que alguna vez fue grande”. Trump retractó la amenaza al día siguiente, señalando que no había “una razón en este momento” para hacerlo, aunque enfatizó que la usaría si fuera necesario.
El Departamento de Defensa puso en alerta a aproximadamente 1,500 soldados en servicio activo, incluyendo dos batallones de la 11ª División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos con base en Alaska, para prepararse ante un posible despliegue en Minnesota. Una segunda orden de alerta se emitió a una brigada del Cuerpo de Policía Militar estacionada en Fort Bragg, Carolina del Norte. El Departamento de Defensa confirmó que las órdenes de alerta fueron emitidas en respuesta a las amenazas de Trump de invocar la Ley de Insurrección.
Noem afirmó durante una conferencia de prensa el 24 de enero de 2026 que ICE arrestó a “más de 10 mil criminales extranjeros ilegales que estaban matando a estadounidenses, lastimando niños y reinando terror en Minneapolis” desde que Trump asumió la presidencia, incluyendo 3 mil en las seis semanas anteriores. Sin embargo, el Minnesota Star Tribune reportó que es casi imposible verificar independientemente las cifras de ICE, ya que la agencia se negó a divulgar información o proporcionar nombres de todos los detenidos. Un análisis del Proyecto de Datos de Deportación encontró solo 1,677 arrestos en Minnesota desde que Trump asumió el cargo hasta el 15 de octubre de 2025, lo que sugiere que ICE habría tenido que arrestar a más de 5,300 personas en el período de seis semanas antes de que comenzara la Operación Metro Surge para alcanzar la cifra de 10 mil.
El comisionado de Correcciones de Minnesota, Paul Schnell, acusó al DHS de difundir “desinformación” al afirmar falsamente que el estado libera “criminales extranjeros ilegales” al público en lugar de entregarlos a funcionarios de inmigración. Schnell presentó videos de reclusos siendo entregados a agentes federales para refutar las acusaciones del DHS. Una encuesta estatal encontró 94 ciudadanos no estadounidenses en cárceles con órdenes de detención de ICE y 207 en prisión, para un total de aproximadamente 300 personas, en comparación con las 1,360 reportadas por el DHS.
La Operación Metro Surge comenzó en la primera semana de diciembre de 2025, cuando ICE desplegó inicialmente alrededor de 100 agentes en el área de las Ciudades Gemelas. El DHS desplegó aproximadamente 2 mil agentes federales adicionales alrededor del 5 de enero de 2026, calificando la operación como “la operación de aplicación de la ley de inmigración más grande jamás llevada a cabo”. El comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, quien previamente dirigió operaciones de aplicación de inmigración polémicas en Charlotte, Chicago y Los Ángeles, fue asignado para liderar el contingente.
Frey, alcalde de Minneapolis, emitió una respuesta contundente tras el tiroteo de Pretti, preguntando “cuántas vidas más deben perderse” antes de que la operación termine. El alcalde enfatizó que las grandes protestas en Minneapolis han permanecido pacíficas y advirtió que las operaciones federales fuertemente armadas están erosionando la confianza en las fuerzas del orden y la democracia. El 7 de enero de 2026, horas después del tiroteo de Good, Frey instó a ICE a “salir de Minneapolis” y describió la versión federal de los hechos como “nonsense”.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación sobre Walz y Frey el 19 de enero de 2026, cuando un gran jurado emitió citatorios a ambos funcionarios como parte de una indagación sobre si obstruyeron la aplicación de la ley federal de inmigración a través de declaraciones públicas. Frey mencionó en el programa “Meet the Press” que recibió una citación y expresó preocupación de que “sería profundamente problemático si el gobierno federal está apuntando a alguien por acciones que son esencialmente parte de mis deberes”. Walz describió el uso del sistema de justicia como “una estrategia peligrosa y autoritaria”.
El jefe de Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, declaró que solo había tres homicidios en Minneapolis en 2026 hasta el 24 de enero de 2026, y dos de esos fueron cometidos por agentes federales de aplicación de inmigración. O’Hara señaló que la presencia de miles de agentes federales de inmigración ha estirado los recursos policiales locales y ha creado una “situación insostenible” en la ciudad.
El Fiscal General de Minnesota, Keith Ellison, junto con Frey y la alcaldesa de St. Paul, Kaohly Her, presentaron una demanda en un tribunal federal el 12 de enero de 2026 solicitando detener la Operación Metro Surge. La demanda invoca la Décima Enmienda, argumentando que el despliegue unilateral de agentes federales para realizar funciones de policía general constituye una usurpación inconstitucional de los recursos estatales y una violación de los poderes policiales soberanos del estado. Un juez federal rechazó una orden de restricción temporal el 19 de enero de 2026, aunque señaló que la demanda presenta “cuestiones algo fronterizas en el derecho constitucional”.
Vance visitó Minneapolis el 22 de enero de 2026 para expresar su apoyo a la operación de ICE y se reunió con agentes federales y líderes locales. El vicepresidente atribuyó la presencia federal en la ciudad a funcionarios locales y reconoció la necesidad de investigaciones sobre el tiroteo de Good y otros casos donde se alega que los agentes actuaron incorrectamente. Vance afirmó que esperaba que los funcionarios locales cooperaran con la represión migratoria para “bajar la temperatura” y señaló que las autoridades locales han sido instruidas para “no ayudar a ICE, promover la violencia, promover la agitación, pero no hacer nada para bajar la temperatura y el caos”.
El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, anunció que los demócratas no apoyarían un proyecto de ley de gastos que incluya financiamiento para el DHS, planteando la posibilidad de un cierre del gobierno el 30 de enero de 2026, cuando expira el financiamiento actual. Las escuelas en Minneapolis cancelaron clases y realizaron una transición al aprendizaje remoto debido a las interrupciones causadas por las operaciones de ICE.
Trump ordenó al Congreso de Estados Unidos que aprobara una ley para erradicar las ciudades santuario, argumentando que “son la causa principal de todos estos problemas”. El mandatario concluyó que “las ciudades estadounidenses deben ser santuarios seguros solo para los habitantes respetuosos de la ley, no para los inmigrantes irregulares que violaron las leyes de nuestra nación”.
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