La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó, el 3 de enero de 2026, que la vicepresidenta Delcy Rodríguez Gómez asuma como presidenta encargada del país tras la detención de Nicolás Maduro Moros, en un operativo militar a gran escala ejecutado por Estados Unidos en la madrugada, en Caracas.
La magistrada Tania D’Amelio Cardiet, presidenta de la Sala Constitucional, leyó el fallo en una transmisión de la televisora estatal y dispuso que Rodríguez Gómez “asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la Nación”.
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Además, el Tribunal se declaró competente para debatir a posteriori el régimen jurídico aplicable que permita garantizar la continuidad del Estado, la gestión de Gobierno y la defensa de la soberanía ante la ausencia forzosa del presidente de la República.
La decisión judicial se produce horas después de que las fuerzas estadounidenses ejecutaran el operativo que resultó en la captura de Maduro Moros en Caracas, generando un cambio de régimen en la estructura institucional de Venezuela. La transferencia de poder a Rodríguez Gómez representa el mecanismo legal que la Sala Constitucional activó para mantener la continuidad administrativa durante el período de ausencia del titular del Ejecutivo.
