De nueva cuenta, el municipio de San Quintín se convirtió en un punto de conflicto con manifestaciones en contra de la presidenta Miriam Cano Núñez y su gabinete, lo cual derivó en la toma de oficinas municipales y múltiples bloqueos carreteros.
En medio de posturas divididas, los hechos iniciaron este lunes 19 de enero con el cierre de las oficinas de Recaudación, Sindicatura, Oficialía Mayor y Comunicación Social, todas ubicadas entre el poblado de San Quintín y el ejido Nuevo Mexicali.
De acuerdo con las voceras del movimiento, Isela García Antuna y Giselle Gómez Sánchez, la inconformidad abarcó múltiples señalamientos hacia el Primer Ayuntamiento. Refieren mal manejo de los recursos públicos, falta de transparencia, despidos masivos de funcionarios, adeudos a trabajadores, recursos destinados para gastos innecesarios, retraso para la entrega de finiquitos y liquidaciones, incrementos en impuestos, falta de servicios básicos, obras y proyectos, entre otros señalamientos.
En el mismo sentido, demandaron la renuncia de la alcaldesa Miriam Cano y el síndico procurador, Juan Pablo Guerrero Gamboa, así como la destitución de directores, subdirectores, coordinadores y jefes de área. En el pliego petitorio enlistaron a la secretaria general, Claudia Yvette Escamilla; al coordinador de Gabinete, Cristian Tarín; la subdirectora de Protección Civil, Liliana Munguía Acosta; al subdirector de Bomberos, Ronaldo Rojo Peralta; la coordinadora de Gestión, Yuniva Peralta Figueroa; la jefa de Presidencia, Laura Mendoza Corpus; el coordinador de Comercio y Espectáculos, Gil Prieto Vega; la directora de Bienestar Social, Irma López Merino; la coordinadora de Comunicación Social, Fernanda Morales Reséndiz, y Rita Beadle Luna, de la oficina de Presidencia.
“La corrupción y la impunidad ha llegado a un punto límite. La ciudadanía se manifiesta en las calles para exigir un cambio, para que se rindan cuentas y se respeten sus derechos. Somos un municipio nuevo que necesita avanzar, no retroceder. Exigimos a las autoridades que atiendan nuestras peticiones y trabajen por el bienestar de la comunidad”, expresaron en el pliego petitorio.
IMPACTO DE BLOQUEOS CARRETEROS
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Después de un par de reuniones sin atención a las demandas, los manifestantes acordaron protestar con bloqueo carretero en el puente New York, frente al Centro de Gobierno del Estado. De igual manera, horas después, otro grupo de manifestantes bloqueó la única vía de comunicación en la entrada norte de la delegación Camalú.
La protesta continuó el martes con bloqueos carreteros y más toma de espacios municipales, incluyendo Registro Civil, Casa de la Cultura y Gimnasio de Usos Múltiples de La Cali. La medida se intensificó con la notificación sobre la falta de respuestas de la presidenta municipal. Aunado a esto, generó tensión el arribo de unidades de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) cerca de las 10 de la noche. Mandos de la corporación, acompañados del director de Seguridad y Protección Ciudadana, Christian Hinojosa Chávez, acudieron al sitio principal para dialogar con los presentes, en busca de liberar la carretera. Ante esto, poco después acordaron remitir la propuesta de los inconformes.
De manera simultánea, la noche del martes grupos de ciudadanos se sumaron a las demandas, optando por bloquear otros puntos carreteros a la altura del ejido Emiliano Zapata en la delegación Vicente Guerrero, ejido El Papalote y El Rosario. Asimismo, las protestas continuaron el miércoles durante la mayor parte del día. Fue hasta poco después de las cuatro de la tarde que sostuvieron un encuentro con la presidenta Miriam Cano, funcionarios de su gabinete y autoridades del Gobierno del Estado.
POSTURA DE MIRIAM CANO
Con la sala de juntas del Centro de Gobierno como sede, la alcaldesa Miriam Cano señaló desde el inicio que no despediría a ninguno de los funcionarios enlistados. Declaró que no modificará su postura frente a “presiones externas” y actuarán conforme a la ley. Sostuvo que los señalamientos en su contra “carecen de sustento jurídico y no pueden derivar en conclusiones de culpabilidad sin un procedimiento legal formal”.
“No se puede emitir un juicio de robo, extravío, corrupción o cualquier otro señalamiento sin un proceso legal adecuado, sin investigación, sin pruebas y sin un procedimiento administrativo o judicial conforme a la ley”, declaró, además de comentar que las acciones basadas en “mentiras, amenazas, extorsión o envidia” no contribuyen al desarrollo del municipio ni a la estabilidad social.
Aseguró que los hechos que se le atribuyen no han sido provocados por su administración y rechazó cualquier intento de responsabilizarla sin fundamento legal. Después de compartir posturas, la alcaldesa optó por retirarse de la reunión, sin firmar ningún acuerdo. Esto derivó en la molestia general de los manifestantes, después de lo cual tomaron otros puntos carreteros en Vicente Guerrero y San Quintín, además de la obstrucción de las vías alternas.

COSECHAS EN RIESGO
Derivado de los bloqueos, el presidente del Consejo Agrícola de Baja California, Walberto Solorio Meza, declaró que las afectaciones económicas y sociales se han intensificado, particularmente para el sector agrícola, que enfrenta problemas para movilizar sus productos fuera de la región.
Refiere que algunas empresas se han visto obligadas a desechar fruta debido a la imposibilidad de transportarla, lo que ha generado pérdidas económicas directas y desperdicio de alimentos destinados al consumo. De no resolverse la situación, destacó que las cosechas podrían detenerse, ya que no existen rutas alternas en condiciones adecuadas para el tránsito de camiones de carga ni opciones logísticas viables.
Hasta el mediodía de este jueves, los inconformes esperaban ser atendidos por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, o en su caso, con sus representantes.
AUMENTARON HOMICIDIOS DURANTE EL 2025
Las manifestaciones ocurren en medio del despliegue de las corporaciones de seguridad en el municipio. En una comparación entre el 2024 y 2025, las estadísticas oficiales contabilizan un 35 por ciento más de hechos violentos. Sólo en el 2025 contabilizaron 54 homicidios y feminicidios en San Quintín. De igual manera, en ese año registraron 716 casos de violencia familiar, mismo que se incrementó en comparación a la incidencia de los últimos años. Este delito incluso ha sido más recurrente que los robos en todas sus modalidades.
Desde hace semanas, han sido más constantes los operativos conjuntos entre la Fuerza Estatal, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Fiscalía General del Estado y Policía Municipal. Los recorridos han derivado en la captura de personas armadas, narcomenudistas y otros generados de violencia. Aun así, la presencia de la FESC en este municipio ha sido mínima durante casi toda la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.







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