El 21 de enero de 2026, la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, pidió a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, solicitar licencia y separarse temporalmente del cargo, después de que la mandataria confirmó la existencia de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra su exesposo, Carlos Torres Torres, por su probable participación en una red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.
Según el posicionamiento difundido, Pérez Morales sostuvo que la separación del cargo respondió a razones de integridad pública, congruencia democrática y responsabilidad institucional, con el objetivo de garantizar condiciones de transparencia, imparcialidad y confianza ciudadana mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes. La presidenta del SNA planteó que la medida tendría carácter preventivo y no implicaría una condena ni una determinación de responsabilidad penal.
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De manera paralela, integrantes de los Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Estatales Anticorrupción, así como del propio SNA y diversas organizaciones de la sociedad civil, llamaron también a la gobernadora a solicitar licencia y apartarse temporalmente del cargo en tanto la FGR realiza las diligencias y determina lo procedente. En el documento conjunto se subrayó que la solicitud se dirigió a proteger el interés público frente a posibles conflictos de interés, así como a preservar la legitimidad en el ejercicio del poder ante la existencia de una carpeta de investigación contra un familiar directo de la titular del Ejecutivo estatal.
En el pronunciamiento, los firmantes señalaron que la petición no constituyó una condena ni una afirmación de culpabilidad, sino una medida prudencial ante la investigación abierta. Indicaron que, sin prejuzgar ni imputar delitos y respetando la presunción de inocencia de Torres Torres, consideraron indispensable adoptar medidas preventivas cuando una investigación penal pudiera afectar, por percepción pública o por eventuales interferencias, la confianza en las instituciones y en los servidores públicos responsables de la conducción del Gobierno estatal.
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El posicionamiento destacó que el llamado se sustentó en principios democráticos mínimos, como el derecho de la población a vivir en un entorno libre de corrupción y el derecho a un buen gobierno, así como en la obligación de los poderes públicos de garantizar controles y contrapesos efectivos. Los colectivos anticorrupción insistieron en que la separación temporal de la gobernadora facilitaría que la investigación de la FGR se desarrollara sin cuestionamientos respecto a eventuales influencias políticas o presiones sobre las autoridades encargadas del caso.
En el mismo contexto, las organizaciones y los comités ciudadanos exhortaron a las autoridades competentes a conducir la investigación con celeridad, imparcialidad, rigor, legalidad y transparencia, garantizando en todo momento el debido proceso para las personas involucradas. Señalaron que el desenlace del caso tendría impacto directo en la confianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de la procuración de justicia y hacia los mecanismos del Sistema Nacional Anticorrupción.
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El comunicado concluyó con un llamado a preservar la estabilidad institucional mediante decisiones que privilegien el interés público y la fortaleza del Estado de derecho. Los firmantes advirtieron que el país requiere certezas institucionales y funcionarios comprometidos con los principios de legalidad y rendición de cuentas, por lo que consideraron que la separación temporal de Marina del Pilar Ávila Olmeda representaría una medida adecuada mientras la FGR define la situación jurídica de Carlos Torres Torres.
