El Gobierno de México publicó, el 31 de diciembre de 2025, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto por el cual se deroga la regulación que permitía la importación definitiva de vehículos usados destinados a permanecer en la franja fronteriza norte y en la región fronteriza. La disposición, que entró en vigor el 1 de enero de 2026, pone fin al esquema que operaba mediante prórrogas desde el 19 de octubre de 2021, cuando inició durante la Administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador.
La medida fue signada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en conjunto con Edgar Abraham Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y Marcelo Luis Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE). Con esta determinación, la Administración Federal eliminó el estatus especial de los automóviles que circulaban exclusivamente en los estados fronterizos, obligando a que cualquier importación se realice bajo los términos del nuevo marco general para vehículos usados.
Publicidad
Respecto a los antecedentes de esta decisión, Sheinbaum Pardo anunció en octubre de 2025 que la SE y la SHCP realizarían ajustes al decreto de los denominados “autos chocolate”, debido a la detección de diversos abusos en el proceso de regularización. La mandataria nacional señaló en aquel momento que era necesario ordenar el parque vehicular y garantizar que las unidades cumplan con las normas ambientales y de seguridad vigentes.
“El decreto que nos sirvió por años ya no existe”, señalaron integrantes del sector comercial en San Luis Río Colorado, Sonora, quienes explicaron que a partir del 1 de enero del mismo año y mes, las importaciones deben alinearse al Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados. Esta nueva normativa, publicada de forma simultánea a la derogación de la medida del 19 de octubre de 2021, tendrá una vigencia inicial hasta el 31 de diciembre de 2026 y busca unificar los criterios fiscales en todo el territorio nacional.
Publicidad
La terminación del decreto fronterizo implica que los vehículos ya no podrán ser nacionalizados bajo las tasas preferenciales que se aplicaban exclusivamente para la zona norte. A partir de la fecha de entrada en vigor, los importadores deberán presentar certificados de origen y cumplir con las cuotas establecidas en el régimen general, con el objetivo de fortalecer la industria automotriz nacional y reducir la entrada de unidades en condiciones de desecho.
El Gobierno Federal mantendrá la vigilancia a través de las aduanas para evitar el ingreso irregular de unidades que no cumplan con los nuevos estándares técnicos. Se espera que la transición hacia este marco normativo único permita un mayor control sobre el Registro Público Vehicular (REPUVE) y facilite la identificación de unidades que circulan en las entidades fronterizas de México.
