La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió en defensa de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en medio del escándalo generado por la compra de camionetas blindadas y exhibió los privilegios de los que gozaban los ex integrantes del máximo tribunal, que incluyeron desde reservaciones en restaurantes exclusivos hasta acceso preferencial a conciertos de Ticketmaster y Ocesa.
Durante su conferencia matutina del 27 de enero de 2026, la mandataria nacional presentó un comparativo detallado entre las remuneraciones y prestaciones de los ministros que dejaron sus cargos en agosto de 2025 y los actuales integrantes del Pleno, elegidos mediante voto popular el 1 de junio de ese año.
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“Sí se acabaron los privilegios en la nueva Corte”, afirmó Sheinbaum Pardo al exhibir cifras que muestran una reducción significativa en sueldos y beneficios.
Reducción salarial y eliminación de prestaciones millonarias
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Según la información presentada por la titular del Poder Ejecutivo Federal, el sueldo mensual neto de los ministros pasó de 206 mil 947.56 pesos en 2023 a 134 mil 310.35 pesos en 2026, lo que representa una disminución cercana al 35 por ciento.
Sin embargo, la reducción más significativa se registró en las prestaciones extraordinarias que fueron eliminadas a partir de septiembre de 2025. Entre los beneficios cancelados destacan el seguro de gastos médicos mayores, que representaba aproximadamente 36 mil 906 pesos mensuales por ministro, y el seguro de separación individualizado al dejar el cargo, valuado en 523 mil 314 pesos.
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También desapareció el pago por riesgo, que ascendía a 639 mil 917 pesos anuales; las medicinas complementarias, que superaban 1 millón 953 mil 789 pesos al año; los chequeos médicos privados, valuados en 35 mil 966 pesos; y el apoyo para alimentos, que alcanzaba 5 millones 341 mil 162 pesos.
En 2023, las prestaciones totales de los ministros ascendían a 1 millón 320 mil 689 pesos, cifra que se redujo drásticamente con la entrada en funciones de la nueva integración del máximo tribunal.
59 apoyos de carácter no oficial eliminados
Además de las prestaciones económicas formales, Sheinbaum Pardo dio lectura a una lista de 59 apoyos y trámites de carácter no oficial que fueron cancelados de un total de 149 que existían, los cuales abarcaban desde gestiones domésticas hasta servicios de entretenimiento completamente ajenos a la función judicial.
Entre los servicios eliminados figuran la contratación de suministro de agua, energía eléctrica y telefonía para domicilios particulares; telefonía celular con cualquier compañía; apoyo para reparación de refrigeradores; compra de enseres menores como despensas; mantenimiento de elevadores en domicilios particulares; mantenimiento a plantas de luz y reparaciones eléctricas o de gas; y solicitud de pipas de agua.
También se cancelaron la compra de alimentos mediante servicio a domicilio; apartado de lugares y gestión en estadios de futbol y beisbol; reserva de mesas en restaurantes; traslado de amistades; traslado urgente de objetos personales olvidados en domicilio; comprobantes de estado de cuenta en bancos; y trámites bancarios diversos.
Entre los beneficios más llamativos que desaparecieron están la recuperación de facturación de alimentos de periodos anteriores; conseguir autógrafos en objetos personales de artistas o celebridades; conseguir boletos de preventa o venta exclusiva; conseguir lugares preferenciales en eventos; asignar personal de la oficina para realizar guardia en domicilios particulares; y traer objetos exclusivos provenientes de otros países.
La presidenta de la República destacó que los ex ministros contaban con servicios relacionados con Ocesa y Ticketmaster, lo que motivó un comentario irónico de la mandataria nacional: “Ellos sí hubieran podido ver a BTS”, en alusión al grupo musical surcoreano.
Durante la pandemia de COVID-19, los ex ministros contaban con el beneficio de conseguir camas de hospital para la atención de personas indicadas, un privilegio que generó particular controversia.
Otros apoyos cancelados incluyen servicios de poda, derrame y limpieza de alcantarillado, drenaje y alumbrado; monitoreo de paquetería en envíos realizados por empresas especializadas; apoyo hospitalario para familiares no directos del ministro; recuperación de objetos retenidos en aduanas de otros países; compra de regalos para eventos particulares; cotización de artículos ante empresas particulares; compra de boletos de avión; reservación de hospedaje; reservación en estancias o salones de fiesta; mantenimiento de jardín, así como pintura y barnizado de paredes o ventanas; traslado de documentación y objetos personales de las ponencias; compra de flores y coronas para fines funerarios; inscripción en escuelas, pago de colegiaturas y obtención de becas; solicitud de ingreso a México de extranjeros mediante forma migratoria; servicio de meseros y valet parking; verificación vehicular de personal de la ponencia; traslado vehicular para mantenimiento mecánico; pago de cuentas en tiendas departamentales y tarjetas bancarias; y gestión para la importación aduanal de mercancía.
La titular del Poder Ejecutivo Federal informó que se encuentra en diálogo con la SCJN para eliminar los 90 trámites restantes de carácter no oficial que aún subsisten.
La polémica por las camionetas blindadas
La defensa de Sheinbaum Pardo a los nuevos ministros se produjo en el contexto de la controversia generada por la adquisición de nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee modelo 2026, una para cada integrante del Pleno del máximo tribunal.
El 22 de enero de 2026, la SCJN confirmó públicamente la adquisición de los vehículos mediante una tarjeta informativa en la que justificó la compra por razones de seguridad institucional.
Según documentos oficiales, el Comité de Adquisiciones, Servicios, Obras y Desincorporaciones de la SCJN autorizó el 5 de diciembre de 2025 la adquisición mediante adjudicación directa especial a la empresa Total Parts and Components, S.A. de C.V., filial de Grupo Andrade.
El monto autorizado fue de 22 millones 112 mil 73 pesos, que al incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) elevó el desembolso total a 25 millones 650 mil pesos, lo que representa un costo aproximado de 2 millones 850 mil pesos por unidad.
No obstante, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, precisó en conferencia de prensa que cada camioneta tuvo un costo de 2.4 millones de pesos ya con el blindaje nivel 5 incluido.
Los vehículos adquiridos son Jeep Grand Cherokee 4xe Summit 2026, unidades híbridas enchufables con blindaje nivel V/B6, diseñado para resistir ataques con armas largas de alto poder, con cristales de 42 milímetros de grosor y placas de acero y polietileno resistentes a calibres 7.62×51 milímetros NATO.
El contrato estableció un plazo máximo de entrega al 31 de diciembre de 2025.
Adjudicación directa a empresa favorita de gobiernos anteriores
La asignación directa del contrato generó cuestionamientos adicionales al revelarse que Total Parts and Components, S.A. de C.V., es una filial de Grupo Andrade, consorcio que ha sido beneficiado con contratos millonarios de flotas vehiculares durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
Grupo Andrade ha sido uno de los principales proveedores de vehículos para dependencias federales, estatales y organismos autónomos, entre ellos la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional y el Instituto Nacional Electoral (INE), este último durante la presidencia de Guadalupe Taddei.
Según investigaciones periodísticas, los contratos de Grupo Andrade con la SEDENA ascienden a 10 mil 700 millones de pesos. Durante el sexenio de López Obrador, el consorcio ganó al menos dos licitaciones de la dependencia militar por un total de 8 mil 147 millones de pesos para el arrendamiento de vehículos.
En el acta de la sesión del Comité de la SCJN no se argumentaron razones por las cuales se autorizó la compra mediante adjudicación directa en lugar de realizar un proceso de licitación pública, pese al alto monto de la operación.
Ministros anuncian que no utilizarán las camionetas
Ante la ola de críticas públicas por considerar la compra contraria al discurso de austeridad de los denominados “ministros del pueblo”, el Pleno de la SCJN anunció el 25 de enero de 2026 que los nueve integrantes decidieron no utilizar los vehículos y solicitarían su devolución o reasignación a juzgadores en situación de riesgo.
“Hemos estado escuchando las críticas y los cuestionamientos. Por esa razón, en diálogo con los ministros y ministras, hemos tomado la decisión de no utilizar los vehículos blindados recientemente adquiridos”, declaró Aguilar Ortiz el 26 de enero de 2026 durante una conferencia de prensa en la sede del máximo tribunal, acompañado de siete de los nueve ministros del Pleno.
El ministro presidente enfatizó que “seguridad no implica lujo” y aclaró que la adquisición se realizó conforme a la normatividad interna vigente desde 2019, que permite la sustitución de vehículos de seguridad una vez cumplidos cuatro años de servicio o cuando las condiciones no sean seguras.
Aguilar Ortiz explicó que el 31 de agosto de 2025, la SCJN contaba con 43 vehículos blindados, pero los nuevos ministros recibieron solamente 39 unidades porque cuatro fueron adquiridas a precio preferencial por ministros de la integración anterior conforme a los reglamentos internos que así se lo permiten.
“Recibimos 30 camionetas Suburban, nueve camionetas Jeep, todos ellos modelos desde 2019, 2020 y 2021. Desde el inicio de nuestra tarea cada uno de los ministros y ministras decidió no usar las Suburban porque son, precisamente, ostentosas. Se decidió usar las camionetas Jeep”, comentó el funcionario federal.
El ministro presidente detalló que desde septiembre de 2025 los integrantes del Pleno tuvieron incidentes recurrentes de fallas mecánicas en las camionetas heredadas, que no encendían o se quedaban varadas, razón por la que solicitaron una evaluación físico-mecánica que concluyó que los vehículos ya estaban en malas condiciones y que el blindaje había caducado.
Con base en estos análisis técnicos y evaluaciones de riesgos para los ministros, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) decidió renovar el parque vehicular.
Aguilar Ortiz anunció que las nueve camionetas serán puestas a disposición del OAJ para su venta o, en su caso, para ser asignadas a jueces, juezas, magistrados y magistradas que enfrentan mayores riesgos en el ejercicio de sus funciones, especialmente en regiones con alta peligrosidad.
Adicionalmente, la SCJN informó que procederá a vender 21 de las 39 camionetas blindadas que actualmente conforman su parque vehicular, buscando generar ahorros adicionales y reducir la percepción de gasto excesivo.
Posición de Sheinbaum sobre la compra
El 23 de enero de 2026, un día después de que la SCJN confirmara públicamente la adquisición de los vehículos, la presidenta de la República defendió la compra y argumentó que la Secretaría de Gobernación (SEGOB), encabezada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, le informó que el máximo tribunal logró un ahorro superior a mil millones de pesos al sustituir un contrato de arrendamiento de vehículos por la compra directa de las unidades.
“Pregunté el día de ayer cuando vi la nota. La secretaria de Gobernación hizo una consulta… nos dieron una nota informativa de que había un contrato de renta de vehículos y decidieron sustituirlo por la compra y ahorraron más de mil millones de pesos en este proceso”, señaló Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina desde Veracruz.
El OAJ informó el 23 de enero de 2026 que el Poder Judicial de la Federación adquirió 571 vehículos de distintos tipos en el último trimestre de 2025, con una inversión de 252 millones de pesos, como parte de un programa de renovación vehicular que sustituye un esquema de arrendamiento que generaba costos de 366.2 millones de pesos anuales, con contratos de al menos tres años de vigencia.
El 26 de enero de 2026, la mandataria nacional avaló la decisión de los ministros de no utilizar las camionetas. “A mí me parece bien”, expresó durante su conferencia de prensa.
Contexto político de la nueva Corte
Los nueve ministros que integran actualmente el Pleno de la SCJN asumieron funciones el 1 de septiembre de 2025, tras ser electos por voto popular en las primeras elecciones judiciales extraordinarias de la historia de México, realizadas el 1 de junio de ese año, derivadas de la reforma judicial aprobada en 2024.
Hugo Aguilar Ortiz, abogado de origen mixteco nacido en Villa Guadalupe Victoria, municipio de San Miguel El Grande, Oaxaca, obtuvo el mayor número de votos entre los 64 candidatos que compitieron por los nueve escaños del máximo tribunal, con aproximadamente 6.2 millones de sufragios, lo que lo llevó a convertirse en el primer ministro presidente electo mediante voto popular, con un mandato hasta septiembre de 2027.
Los integrantes actuales del Pleno son Hugo Aguilar Ortiz (ministro presidente), Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García y Sara Irene Herrerías Guerra.
La controversia por las camionetas blindadas ocurrió apenas cuatro meses después de que los nuevos ministros asumieran funciones y en medio de señalamientos sobre la coherencia entre el discurso público de austeridad y las decisiones administrativas internas del máximo tribunal.
Otras polémicas recientes de la SCJN
La compra de las camionetas blindadas no ha sido la única controversia relacionada con gastos de la nueva integración de la SCJN. En enero de 2026 se dio a conocer que el máximo tribunal destinó 294 mil 547 pesos a la compra de 12 togas nuevas para sus ministros en octubre de 2025, con un costo unitario que oscila entre 22 mil y 24 mil pesos.
Los beneficiarios de esta adquisición fueron Hugo Aguilar Ortiz, Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García y Sara Irene Herrerías Guerra, quienes recibieron dos togas cada uno: una para sesiones ordinarias y otra para sesiones extraordinarias.
Las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama y Loretta Ortiz Ahlf no fueron incluidas en esta compra porque ya contaban con togas previas desde la conformación de la anterior Corte.
La adquisición se realizó mediante dos adjudicaciones directas, por 134 mil 467 pesos y 160 mil 80 pesos respectivamente, a favor del proveedor Édgar Juan Hernández García.
La revelación de estos gastos se suma a la polémica por las camionetas blindadas en medio de debates sobre transparencia y austeridad en el uso de recursos públicos por parte de los integrantes del Poder Judicial.
El 26 de enero de 2026, la SCJN formalizó la eliminación del seguro de gastos médicos mayores para ministros y trabajadores del máximo tribunal, y firmó un convenio de colaboración con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), donde el personal tendrá acceso a atención de servicios de segundo nivel o especializada.
“Nosotros no podemos hacer justicia hacia afuera y olvidar la casa; nosotros no podemos pensar en el bienestar de otros sin ocuparnos del bienestar del personal de la Suprema Corte”, afirmó Aguilar Ortiz durante la firma del convenio con el director general del ISSSTE, Martí Batres.
