La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó, el 15 de enero de 2026, que la propuesta de reforma electoral, cuya presentación formal se espera para la primera semana de febrero del mismo año, garantizará la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y la representación de las minorías políticas, en respuesta a las críticas anticipadas que califican la iniciativa como una amenaza para la democracia mexicana.
Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, la titular del Poder Ejecutivo Federal señaló que “todavía no tenemos la propuesta” consolidada, aunque precisó que el documento se encuentra en fase de definición, ello tras la reunión sostenida el día anterior con los coordinadores parlamentarios de Morena en el Congreso de la Unión y la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. “Ni se le quita autonomía al INE”, enfatizó Sheinbaum Pardo, al descartar las versiones que apuntan a un debilitamiento del órgano electoral autónomo.
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La mandataria nacional adelantó que la iniciativa contempla cuatro ejes centrales: la garantía de la representación de las minorías, la reducción de los gastos electorales tanto de los partidos políticos como del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), así como la modificación del mecanismo de elección de los legisladores plurinominales, y el fortalecimiento de la democracia participativa, mediante consultas ciudadanas. “Es una propuesta que le va a gustar a todos”, declaró la presidenta de la República, quien calificó de infundadas las críticas que denominan a la reforma como “Ley Maduro”.
Respecto a los plurinominales, Sheinbaum Pardo indicó que, de mantenerse esta figura, “deben elegirse de una manera distinta, sin una lista de la cúpula de los partidos”. La propuesta buscaría que estos espacios de representación proporcional no sean asignados mediante listas cerradas elaboradas por las dirigencias partidistas, sino a través de mecanismos que garanticen mayor participación ciudadana en su designación.
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El tema del gasto electoral constituye uno de los argumentos centrales de la reforma. La presidenta de la República argumentó que “las elecciones en México son de las más caras del mundo” y consideró que no tienen por qué serlo, aunque aclaró que la reducción presupuestal no afectará la operación de las instituciones autónomas. “Consideramos que debe ser algo de consenso, de unanimidad. Todos debemos estar de acuerdo en que no deben ser tan onerosas las elecciones”, expresó.
En materia de democracia participativa, la titular del Ejecutivo Federal señaló que la reforma impulsará “mayor participación de la ciudadanía en las decisiones del país”, lo que definió como “democracia participativa”. Este eje incluiría el fortalecimiento de las consultas populares no solo a nivel nacional, sino también estatal y municipal, permitiendo que “la gente pueda tomar decisiones sobre el rumbo de su comunidad”, sin esperar periodos de tres años entre cada ejercicio de participación.
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La propuesta también contempla modificaciones en la participación política de los mexicanos en el exterior, quienes, según Sheinbaum Pardo, demandan que sus representantes sean elegidos por ellos mismos y no por los partidos políticos. Adicionalmente, la presidenta de la República mencionó que durante la reunión en Palacio Nacional se abordó el tema de los regidores municipales, señalando que “no tiene caso que sean muchos” en ciertos municipios del país.
Sobre el tema del desafuero de legisladores, la mandataria nacional confirmó que se analiza su inclusión en la reforma electoral, aunque precisó que se está evaluando “hasta qué punto” avanzar en este aspecto. La eliminación del fuero constitucional para diputados federales y locales, así como para senadores y gobernadores, ha sido mencionada en diversas ocasiones como parte de los objetivos del Gobierno Federal para reducir privilegios y fortalecer la rendición de cuentas.
La reunión del 14 de enero de 2026 en Palacio Nacional congregó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a Adán Augusto López Hernández, coordinador de la bancada morenista en el Senado, y a los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral encabezada por Pablo Gómez Álvarez. Según Monreal Ávila, durante el encuentro se presentaron alrededor de 12 reformas constitucionales que abarcan temas como la integración de las cámaras, el financiamiento público, las prerrogativas de radio y televisión, y la conformación de los órganos electorales.
El coordinador de Morena en San Lázaro explicó que, debido a que todos los temas propuestos requieren reformas constitucionales, resulta indispensable buscar el consenso con los partidos del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista de México (PVEM), aliados de Morena, cuyos votos resultan necesarios para alcanzar la mayoría calificada de dos terceras partes en el Congreso de la Unión. Monreal Ávila adelantó que la Comisión Presidencial se reuniría en los días posteriores con los coordinadores de ambos partidos, para presentarles la propuesta.
Sin embargo, la iniciativa enfrenta resistencia tanto de la oposición como de los propios aliados del oficialismo. El coordinador de la bancada de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, calificó la reforma como “Ley Maduro” y advirtió que busca “el control total de las elecciones”. “Esta no es una reforma electoral, es la Ley Maduro que Morena quiere instaurar en México”, declaró el ex candidato presidencial, quien argumentó que el Gobierno Federal se prepara “para el momento en el que ya no tengan respaldo popular y se quieren aferrar al poder”.
El senador panista sostuvo que la popularidad del Gobierno Federal ha caído “alrededor de 16 puntos de aprobación solamente en el último año”, lo que explicaría la urgencia de la reforma electoral. Anaya Cortés señaló que, tras haber tomado el control del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de la Fiscalía General de la República (FGR), el oficialismo busca ahora subordinar al INE, para determinar de manera unilateral los triunfos en futuros procesos electorales.
Por su parte, Rubén Moreira Valdez, coordinador del grupo parlamentario de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), coincidió en denominar la reforma como “Ley Maduro”, y advirtió que Morena busca “perpetuarse en el poder”. “Cuando este país esté harto de ellos, no se van a querer ir. Y por eso ahora están planeando reformas constitucionales ilegales para quedarse en el poder”, manifestó el ex gobernador de Coahuila, quien acusó al oficialismo de pretender “colonizar” al INE, para que el organismo electoral “cante el resultado que ellos quieran”, en las elecciones del 1 de junio de 2030.
En tanto que Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, también se sumó a las críticas contra la iniciativa, calificándola igualmente como “Ley Maduro” y considerando que representa “un atentado” contra la democracia electoral mexicana. El coordinador de la bancada de los diputados federal del PAN, Elías Lixa Abimerhi, evitó fijar una postura definitiva, al señalar que hasta el momento “no existe una propuesta formal” por parte del oficialismo, aunque advirtió que cualquier reforma electoral debe centrarse en ampliar los derechos de la ciudadanía y no en favorecer “el poder del gobierno”.
Los propios aliados de Morena expresaron dudas sobre la pertinencia de la reforma electoral. Reginaldo Sandoval Flores, coordinador de la bancada del PT en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, cuestionó la necesidad de la iniciativa al señalar que “tenemos el Poder Ejecutivo, el Legislativo. Ganamos por la vía de la elección el Poder Judicial. ¿No hay necesidad de una reforma [electoral]?”. Sandoval Flores advirtió que la discusión de esta reforma podría distraer la atención de temas prioritarios, como la unidad nacional frente a los embates de Estados Unidos.
El legislador petista recordó que “en términos de reformas constitucionales, la 4T depende de lo que resuelvan el PT y el Verde”, subrayando que sin el respaldo de ambos partidos, la iniciativa no alcanzaría la mayoría calificada necesaria para su aprobación. En el PVEM, aunque sus líderes se mantienen expectantes hasta conocer los términos de la propuesta.
El 12 de enero de 2026, previo a la reunión en Palacio Nacional, las consejeras y consejeros del Consejo General del INE entregaron formalmente a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral un documento con 241 propuestas institucionales en materia electoral, organizadas en 10 ejes temáticos. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, subrayó que las propuestas son resultado de un ejercicio de deliberación técnica, colegiada y transparente, y destacó la importancia de preservar la autonomía del órgano electoral, el fortalecimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional y el carácter ciudadano de los comicios.
Entre las propuestas más relevantes presentadas por el INE se encuentran la implementación gradual del voto electrónico, la separación temporal de la elección del Poder Judicial de los comicios ordinarios, la prohibición de la participación de partidos políticos en la promoción de candidaturas judiciales, así como el fortalecimiento de la fiscalización y transparencia en el uso de recursos electorales. El INE propuso además que la elección judicial de 2027 se realice hasta 2028, según reveló la presidenta Sheinbaum Pardo.
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, generó controversia al declarar, el 12 de enero de 2026, que “un órgano administrativo como el INE no puede ser autónomo”, y advirtió a los consejeros del INE que la reforma electoral no será producto del “consenso” entre fuerzas políticas. Estas declaraciones alimentaron las críticas de la oposición, que interpreta las palabras de Gómez Álvarez, como una confirmación de las intenciones del oficialismo de subordinar al órgano electoral autónomo.
La presentación de la iniciativa de reforma electoral se ha retrasado en varias ocasiones. Originalmente prevista para la primera quincena de enero de 2026, Monreal Ávila señaló el 14 de enero de 2025, que “cada vez veo más difícil que se presente antes de febrero”, estimando que la presentación ocurriría en la “primera, segunda semana de febrero”, siempre y cuando se logre un acuerdo con el PT y el PVEM. La propuesta, una vez presentada, entraría en vigor en 2027, según lo señalado por la presidenta de la República.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ha delineado una ruta legislativa, que contempla la aprobación de la reforma constitucional para mediados de marzo de 2026, seguida de su envío a los congresos locales para su ratificación por el constituyente permanente (la mitad más uno de las entidades federativas), y posteriormente la discusión de las leyes secundarias. El político zacatecano estimó que la implementación de la reforma estaría lista para junio de 2026, antes del inicio del proceso electoral que arranca formalmente el 1 de septiembre del mismo año.
La propuesta de reforma electoral se enmarca en un contexto político complejo, marcado por la reciente aprobación de la reforma al Poder Judicial, que establece la elección popular de jueces, magistrados y ministros, así como por las tensiones con Estados Unidos en temas de seguridad y migración. La oposición argumenta que la reforma electoral, sumada a la eliminación de organismos autónomos y al debilitamiento del juicio de amparo, consolida un régimen sin contrapesos que pone en riesgo la alternancia democrática en 2030.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum Pardo insiste en que la reforma busca fortalecer tanto la democracia electoral como la democracia participativa, garantizando la representación de las minorías, reduciendo el costo de las elecciones y ampliando los mecanismos de participación ciudadana. “Vamos a consolidarla para que ayude a fortalecer la democracia”, afirmó la mandataria nacional, quien rechazó las acusaciones de autoritarismo y defendió la iniciativa como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, que, según ella, beneficiará al sistema electoral mexicano.
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