Sheinbaum admite que EU tiene más elementos legales para intervenir en México

El 6 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que la decisión de Estados Unidos de clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y al fentanilo como arma de destrucción masiva otorgaría al Gobierno de ese país más elementos legales para una eventual intervención en territorio nacional, aunque consideró que ese escenario no era inminente.

Durante la conferencia matutina de ese 6 de enero de 2026 en Ciudad de México, la mandataria nacional fue cuestionada respecto a si las nuevas políticas estadounidenses contra el opioide sintético podrían abrir la puerta a una incursión en México. Ante la pregunta directa de si esa clasificación no daría más elementos al Gobierno de Estados Unidos para algún tipo de intervención, Sheinbaum Pardo respondió: “Digamos que les da más elementos, pero eso no quiere decir que vaya a ocurrir”.

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En ese contexto, la titular del Poder Ejecutivo Federal recordó que su Administración impulsó reformas constitucionales con el objetivo de blindar la soberanía nacional frente a escenarios de intervención extranjera, en particular mediante modificaciones a los artículos 40 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al leer parte del texto constitucional, señaló: “El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.

La presidenta de la República subrayó además que la Constitución prohíbe cualquier intervención externa en investigaciones o persecuciones sin autorización expresa del Estado mexicano y precisó que ese tipo de injerencias está tipificado como delito grave. Enfatizó que la posición de su Gobierno frente a Estados Unidos combina la defensa de la soberanía con mecanismos de cooperación en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

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Respecto a la relación bilateral en seguridad, Sheinbaum Pardo afirmó que México ha expresado al Gobierno de Estados Unidos su disposición para colaborar en el combate al tráfico de drogas bajo el principio de responsabilidad compartida. “Al mismo tiempo manifestamos al Gobierno de los Estados Unidos nuestro deseo de colaboración, de cooperación, de que no llegue droga a Estados Unidos, pero también con responsabilidad compartida. A ellos les toca una parte y a nosotros nos toca otra parte”, señaló, al destacar que la estrategia mexicana incluye acciones coordinadas contra el tráfico de drogas sintéticas.

La mandataria nacional sostuvo que el esfuerzo de su Administración en materia de seguridad ha sido significativo y adelantó que en el próximo informe de seguridad, que será presentado el jueves posterior al 6 de enero de 2026, se reportaría una reducción adicional en los homicidios dolosos. “En un año, 3 meses, bajamos el homicidio doloso en 37%”, expuso al referirse a los resultados acumulados de su política de seguridad.

En la misma conferencia, se le preguntó a la presidenta de la República si existía preocupación en su Gobierno por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, y la posibilidad de que se repitiera en México un escenario similar al de Venezuela tras la operación militar estadounidense en ese país sudamericano. En respuesta, Sheinbaum Pardo sostuvo que su Administración optó por privilegiar el diálogo con Estados Unidos como vía principal para procesar las diferencias y atender la agenda común.

“Nosotros privilegiamos el diálogo por encima de todo. Tenemos nuestra posición, tenemos nuestros principios, pero buscamos el diálogo con el Gobierno de Estados Unidos siempre y afortunadamente tenemos una muy buena comunicación”, dijo, al explicar que existen canales permanentes de interlocución en materia de seguridad a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), de las Fuerzas Armadas y de diversos esquemas de cooperación y coordinación con las autoridades estadounidenses.

La mandataria nacional reiteró que la apuesta de su Administración es mantener abiertos los canales institucionales para avanzar en acuerdos específicos, sin que ello implique coincidencia total con Washington. “Privilegiamos siempre el diálogo. Repito, el diálogo no quiere decir que estés de acuerdo en todo, pero privilegias el diálogo y vas avanzando en la cooperación y en la coordinación”, sostuvo durante la conferencia, al ser cuestionada reiteradamente sobre el riesgo de una acción armada estadounidense en territorio mexicano bajo el argumento del narcoterrorismo.

Ante la insistencia de si consideraba cercana la posibilidad de que Estados Unidos actuara en México con base en el argumento del combate a organizaciones terroristas vinculadas al narcotráfico, Sheinbaum Pardo respondió de forma escueta. A la pregunta de si veía lejano que pudieran cumplirse las palabras de Trump de que “hay que hacer algo con México”, la presidenta respondió: “Sí”, sin ofrecer detalles adicionales sobre los escenarios que analiza su Gobierno.

En paralelo al posicionamiento interno, la Administración encabezada por Sheinbaum Pardo llevó su preocupación a foros multilaterales. Ese mismo 6 de enero de 2026, la representación de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió sobre las posibles consecuencias regionales de la expansión de operaciones militares de Estados Unidos en América Latina, luego de la incursión en Venezuela para detener al exmandatario Nicolás Maduro Moros.

Durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA en Washington DC, Estados Unidos, el representante permanente de México, Alejandro Encinas Rodríguez, expresó la inquietud del Gobierno mexicano frente a las amenazas del presidente Donald John Trump de escalar o extender los ataques militares estadounidenses más allá de Venezuela hacia otros países del continente, entre ellos Colombia y México. Sin mencionar directamente el nombre del presidente estadounidense, Encinas Rodríguez señaló: “Expresamos nuestra profunda preocupación por las expresiones de los últimos días que hablan de un escalamiento o expansión de las acciones militares a otros países de nuestra región amenazando así directamente la paz y la estabilidad de las Américas”.

El diplomático mexicano hizo referencia a las declaraciones emitidas por Trump un día antes, el 5 de enero de 2026, cuando el presidente de Estados Unidos afirmó que los cárteles del narcotráfico, considerados por Washington como organizaciones terroristas desde febrero de 2025, estaban en control de México y que “algo debe hacerse al respecto”. Ese mismo día, Trump amenazó al presidente colombiano Gustavo Francisco Petro Urrego en el contexto de su política de combate al narcotráfico en la región.

En la sesión de la OEA, Encinas Rodríguez se unió a las delegaciones de Uruguay y Chile para condenar la acción militar estadounidense en Venezuela, aunque, a diferencia de esos países, evitó pronunciar críticas al régimen encabezado por Nicolás Maduro Moros respecto a violaciones a derechos humanos y a principios democráticos. “México reafirma que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas mediante el diálogo, la negociación y el respeto de la voluntad del pueblo venezolano sin injerencias ni tutelajes externos”, sostuvo el representante mexicano ante el organismo hemisférico.

Aunque Venezuela se retiró de la OEA por decisión propia en 2019, México, junto con Colombia, Chile, Brasil, Guatemala y Uruguay, convocó a una sesión urgente del Consejo Permanente para analizar la incursión militar de Estados Unidos en territorio venezolano. Según la Administración Sheinbaum, la operación estadounidense violó la Carta de las Naciones Unidas y los principios de la propia OEA al afectar la integridad territorial y la independencia política de un Estado miembro del sistema interamericano en términos de reconocimiento regional.

En el plano global, la intervención estadounidense en Venezuela generó también un pronunciamiento crítico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que advirtió sobre los efectos de la operación en la arquitectura de seguridad internacional. El 6 de enero de 2026, en Washington DC, la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani, sostuvo que la comunidad internacional debía dejar claro que la acción militar de Estados Unidos en Venezuela constituyó una violación del derecho internacional y contribuyó a un entorno global menos seguro.

Las fuerzas estadounidenses derrocaron a Nicolás Maduro Moros en una operación sorpresa realizada el fin de semana previo al 6 de enero de 2026, en la que el exmandatario venezolano quedó sujeto a cuatro cargos criminales en Estados Unidos, incluido el de narcoterrorismo. Tras esa operación, la vicepresidenta de Maduro Moros juró como presidenta interina en Venezuela, lo que abrió un nuevo escenario político interno y regional.

“Está claro que la operación socavó un principio fundamental del derecho internacional, que los Estados no deben amenazar o usar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de ningún Estado”, indicó Shamdasani al responder preguntas de la prensa. Añadió que “la comunidad internacional debe unirse con una sola voz para insistir en ello”, en referencia a la necesidad de una respuesta coordinada frente a intervenciones unilaterales.

La funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló que, lejos de representar un avance para la protección de los derechos humanos, la intervención militar estadounidense dañó la arquitectura de la seguridad internacional y generó un precedente que podría afectar a otros países. “Envía una señal de que los poderosos pueden hacer lo que quieran”, advirtió al describir el impacto de la operación en el sistema multilateral.

Según la Oficina del Alto Comisionado, el futuro de Venezuela debe ser definido únicamente por su población mediante mecanismos pacíficos y respetuosos de los derechos humanos. Shamdasani alertó que la inestabilidad derivada de la operación militar y una mayor militarización del conflicto venezolano podrían agravar la situación de derechos humanos en ese país, al incrementar los riesgos para la población civil y las violaciones a las libertades fundamentales.

En este contexto, la posición del Gobierno de México combinó la defensa de la soberanía nacional frente a posibles intervenciones externas con el rechazo a acciones militares unilaterales en la región. A nivel interno, Sheinbaum Pardo destacó las reformas constitucionales orientadas a impedir la intromisión extranjera en asuntos de seguridad y a sancionar como delitos graves cualquier intervención externa en investigaciones y persecuciones sin autorización del Estado mexicano. A nivel internacional, la Administración mexicana reiteró su postura de que las crisis políticas en América Latina, incluida la venezolana, deben resolverse mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad popular.

La articulación de estos posicionamientos nacionales, regionales y multilaterales delineó la respuesta del Gobierno de México frente a un entorno de tensiones crecientes con Estados Unidos en materia de seguridad, narcotráfico y uso de la fuerza más allá de las fronteras. La presidenta de la República insistió en que, pese a la preocupación por las declaraciones de Trump, su Gobierno mantendría la ruta del diálogo y la cooperación con Washington, al tiempo que buscaría fortalecer los mecanismos constitucionales e internacionales para la defensa de la soberanía y la estabilidad en la región.