El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, informó, el 22 de enero de 2026, que ya fueron dados de baja cuatro mandos navales vinculados al caso de huachicol fiscal, incluidos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna. Los elementos separados del servicio activo tienen un plazo de 15 días para presentar sus recursos legales de revisión, según explicó el funcionario federal durante una conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizada en el estado de Puebla.
“Ya se dieron de baja, están en su proceso legal y tienen 15 días para poner su recurso de revisión; algunos ya los cumplieron”, declaró Morales respecto al procedimiento administrativo iniciado contra los marinos acusados de encabezar una red criminal dedicada al contrabando de combustibles desde instituciones federales.
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Los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del ex secretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, quien ocupó ese cargo durante la administración de Andrés Manuel López Obrador entre 2018 y 2024, fueron señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) como presuntos líderes de la organización criminal conocida como “Los Primos”, que habría permitido el ingreso ilegal de hidrocarburos a México a través de puertos y aduanas controladas por la Secretaría de Marina (SEMAR).
El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna fue detenido el 2 de septiembre de 2025 en Sonora por elementos de la FGR, la SEMAR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en un operativo que resultó en la captura de 14 personas, entre ellas empresarios, marinos en activo y exfuncionarios de aduanas. El marino vinculado a proceso el 7 de septiembre de 2025 por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano bajo prisión preventiva oficiosa.
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Según documentos oficiales de la SEMAR obtenidos mediante solicitudes de transparencia, Farías Laguna mantuvo sus percepciones económicas correspondientes a su grado hasta el 18 de diciembre de 2025, fecha en que causó baja efectiva del servicio activo. El vicealmirante recibía aproximadamente 130 mil pesos mensuales. A partir del 16 de septiembre de 2025, dejó de percibir la compensación correspondiente, aunque continuó recibiendo los haberes básicos inherentes a su jerarquía hasta que se formalizó su separación definitiva.
Por su parte, el contralmirante Fernando Farías Laguna permanece prófugo de la justicia desde septiembre de 2025, cuando se dio a conocer oficialmente la investigación sobre la red de huachicol fiscal. La SEMAR informó que el marino alcanzó a cobrar su quincena del 15 de septiembre de 2025, y que actualmente enfrenta un procedimiento por deserción tras faltar tres días continuos a sus labores, conducta que se configuró el 11 de septiembre de 2025, por lo que se presentó una denuncia ante el Ministerio Público Militar.
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Según confirmó el abogado Epigmenio Mendieta, quien encabeza la defensa de ambos hermanos, Fernando Farías Laguna percibe el 30 por ciento de su salario derivado de una suspensión definitiva otorgada por un juzgado de distrito. El contralmirante percibía más de 127 mil pesos mensuales antes de iniciar el proceso de baja.
La defensa de los hermanos Farías Laguna presentó juicios de amparo para impugnar los procedimientos administrativos de baja iniciados por la SEMAR. En el caso de Fernando Farías Laguna, obtuvo una suspensión definitiva que impide a la Marina emitir una determinación hasta que el juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México dicte sentencia en el expediente número 2006/2025. Manuel Roberto Farías Laguna también promovió un amparo, aunque el primer recurso fue desechado por notoria improcedencia; a inicios de enero de 2026 presentó un nuevo amparo que se encuentra bajo análisis del Poder Judicial de la Federación.
El despacho Epigmenio Mendieta y Asociados argumentó en un comunicado que, en el caso del personal de las Fuerzas Armadas y en particular de quienes integran la milicia permanente, la separación definitiva del servicio, la baja o la suspensión de haberes únicamente deben derivarse de una sentencia ejecutoriada o de un procedimiento administrativo debidamente instaurado y resuelto, con pleno respeto al debido proceso. La defensa señaló que la existencia de una investigación penal, una vinculación a proceso o incluso una orden de aprehensión no constituyen una sanción ni autorizan legalmente a privar a una persona de derechos adquiridos sin una resolución firme, fundada y motivada, conforme a los artículos 14 y 16 constitucionales.
El litigante enfatizó que la prisión preventiva impuesta a Manuel Roberto Farías Laguna tiene un carácter estrictamente cautelar y no punitivo, por lo que no equivale a una condena ni implica, por sí misma, la pérdida automática de derechos laborales, administrativos o patrimoniales, como ha sido reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “No es irregular que los elementos que permanecen al servicio activo reciban las prestaciones que conforme a derecho corresponden”, expuso la defensa.
La investigación de la FGR señala que los hermanos Farías Laguna habrían utilizado su posición dentro de la Marina para influir en operaciones portuarias en Altamira y Tampico, facilitando el ingreso de al menos 31 embarcaciones con combustible de contrabando entre 2023 y 2025. El esquema incluiría la falsificación de documentos, la simulación de cargas declaradas como aditivos para aceites lubricantes, y la evasión de impuestos como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y aranceles.
El caso más emblemático vinculado a la red criminal fue el decomiso del buque Challenge Procyon, de bandera singapurense, que arribó al puerto de Tampico el 19 de marzo de 2025. Las autoridades federales anunciaron inicialmente el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel, presentándolo como el mayor decomiso de combustible ilegal en la historia de México. Sin embargo, documentos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) revelados en enero de 2026 por periodistas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad confirmaron que el cargamento real era de 20.9 millones de litros de combustible ilegal, el doble de lo reportado oficialmente.
La empresa importadora Intansa, que reclamó el producto mediante amparos, declaró en el pedimento de importación 17.5 millones de kilogramos de supuestos aditivos, que al convertirse a litros equivalen a 20.9 millones de litros de diésel. La discrepancia entre las cifras oficiales generó cuestionamientos sobre el destino de los 10 millones de litros faltantes, que presuntamente fueron sustraídos antes del operativo oficial realizado tres días después de la llegada del buque al puerto.
Un testigo protegido de la FGR, identificado con el nombre clave “Santo” y quien fungió como director de la aduana de Tampico entre 2023 y 2025, delató la existencia de la red criminal y reveló que por cada buque que atracaba en la aduana recibía un millón 750 mil pesos, cantidad que era repartida entre el personal aduanal y de Marina para garantizar su colaboración. Según el testimonio, en total seis buques cargados de millones de litros de combustible de contrabando atracaron hasta 14 ocasiones en ese puerto, con la complicidad de personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). La FGR calculó que el testigo recibió 24 millones 500 mil pesos por permitir el ingreso ilegal de hidrocarburos.
Las investigaciones de la FGR también documentaron que los hermanos Farías Laguna realizaron operaciones financieras en efectivo y por montos elevados que no corresponden con sus ingresos registrados ni con liquidez lícita. Manuel Roberto Farías Laguna está inscrito en el régimen fiscal de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios, con percepciones registradas en nómina de la SEMAR por 12 millones 168 mil 476 pesos entre 2020 y 2024. Sin embargo, el análisis de la fiscalía identificó transacciones sospechosas, incluida la adquisición de inmuebles y vehículos de lujo mediante pagos en efectivo que superan con creces sus ingresos oficiales.
Entre las principales transacciones atribuidas a Fernando Farías Laguna se enlistan la adquisición de un terreno por 175 mil pesos en 2019, la compra de un vehículo valuado en un millón 892 mil 900 pesos en 2023 con pagos en efectivo por más de 500 mil pesos, y su participación en la compra-venta de un inmueble valuado en cuatro millones 500 mil pesos. El informe de la FGR concluye que las conductas observadas podrían estar relacionadas con defraudación fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita, corrupción y delincuencia organizada.
El análisis telefónico realizado por la FGR arrojó 28 mil 42 registros de llamadas de Fernando Farías Laguna entre julio de 2023 y junio de 2025, con ubicaciones cercanas a las aduanas de Dos Bocas, Tabasco, y Guaymas, Sonora. En el caso de Manuel Roberto Farías Laguna se identificaron 39 mil 168 registros de comunicaciones en el mismo periodo, vinculados a zonas y regiones navales de Veracruz, Guaymas, Ensenada, Manzanillo y Puerto Vallarta.
Además de los hermanos Farías Laguna, la FGR obtuvo órdenes de aprehensión y detenciones de otros integrantes de la red criminal, incluidos tres empresarios, cinco marinos en activo, un marino en retiro y cinco exfuncionarios de aduanas. Entre los detenidos figuran Clímaco N, Humberto Enrique N, Sergio N, Carlos de Jesús N, Fernando Ernesto N, Francisco Javier N, Eréndira Xóchitl N, Fer Elizabeth N, Natalia N, Ismael N, Anuar N, Héctor Manuel N y José N.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contribuyó a identificar depósitos en efectivo, adquisición de inmuebles y vehículos de lujo, así como la contratación de seguros de vida y primas de seguro con montos superiores a los ingresos declarados de las personas investigadas. Como resultado, se bloquearon 20 objetivos, entre personas físicas y morales relacionadas con la red criminal. Un capitán de navío apodado “Capitán Sol” realizó 400 operaciones sospechosas en casas de apuestas, moviendo más de 52 millones de pesos para blanquear dinero.
El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, declaró durante el desfile cívico-militar conmemorativo del 215 aniversario de la Independencia, realizado el 16 de septiembre de 2025, que la institución tomó medidas decisivas ante la presunta red de huachicol fiscal. “Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo”, afirmó Morales Ángeles ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y autoridades civiles y militares presentes en la ceremonia.
“Jamás fue para nosotros opción el disimulo, porque el silencio no nos define. La verdad, en cambio, nos fortalece, la justicia nos determina y la honestidad nos sustenta”, señaló el almirante. “Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la transformación”, agregó Morales Ángeles, quien enfatizó que “en la Marina la ley es para todos” y que cualquier desafío recibe una respuesta frontal “pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien se trate”.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, deslindó al ex secretario de Marina Rafael Ojeda Durán de toda participación en la red criminal durante una conferencia de prensa realizada el 7 de septiembre de 2025. Gertz Manero afirmó que fue el propio Ojeda Durán quien solicitó la investigación hace aproximadamente dos años. “Él nos pidió que investigáramos a todas las personas que dentro de la Armada de México podían estar vinculadas con esos delitos. No hizo ninguna distinción ni generó protección a favor de nadie”, declaró el fiscal.
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, destacó durante la misma conferencia el papel de Rafael Ojeda Durán como extitular de la SEMAR. “Reconocemos el trabajo coordinado y permanente por muchos años de la Secretaría de Marina que ha desempeñado un papel fundamental en la seguridad de nuestra nación y aprovecho también para destacar la labor importante que desempeñó el almirante Rafael Ojeda durante su gestión y quién hizo un extraordinario trabajo para fortalecer a esta institución. El actuar aislado de unos cuántos no representa el actuar de esta honorable institución”, señaló García Harfuch.
El huachicol fiscal ha provocado un quebranto al fisco federal estimado en 600 mil millones de pesos, según informó Grisel Galeano García, procuradora Fiscal de la Federación, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en octubre de 2025. La funcionaria detalló que este monto colosal corresponde a investigaciones por el ingreso ilegal de gasolinas, las cuales son introducidas al país haciéndolas pasar por otros productos para evadir el pago de impuestos. De la cifra total, 16 mil millones de pesos ya se encuentran formalizados en 102 denuncias presentadas ante las autoridades.
Galeano García subrayó que “este contrabando de gasolinas necesariamente pasa por esquemas de delincuencia organizada”, lo que explica que las investigaciones puedan extenderse por más de un año. Carlos Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señaló que una parte fundamental de este esquema de contrabando es la participación de agentes aduanales, quienes hasta ahora no enfrentan procesos judiciales. Lerma Cotera vinculó el combate a estas prácticas ilícitas con el incremento anual de más de 200 mil millones de pesos en la recaudación de aduanas.
De acuerdo con investigaciones periodísticas, al menos 21 aduanas en 13 estados registraron un crecimiento ilógico y desmesurado de las importaciones de aceites lubricantes, una mercancía utilizada como disfraz para introducir en el país gasolina y diésel sin pagar los impuestos correspondientes. El expediente de la FGR de más de 500 páginas muestra el modus operandi de la red criminal: manipulación de rutas marítimas, corrupción en aduanas, lavado de dinero mediante seguros de vida, transferencias simuladas, compraventa de propiedades y operaciones en casinos.
La investigación demuestra que el esquema abarca desde la introducción del combustible ilegal mediante buques procedentes de Estados Unidos, su descarga en puertos mexicanos con la complicidad de personal naval y aduanero, hasta su transportación en pipas y distribución en gasolineras e industrias. La FGR determinó que la red operaba desde 2023, y que entre 2023 y 2024 la organización operó 22 y 28 envíos respectivamente, mientras que en solo tres meses de 2025 mandaron un total de 19 barcos cargados de combustible.
El caso del huachicol fiscal vinculado a mandos de la Marina representó uno de los escándalos más graves para la institución durante 2025, año que también estuvo marcado por otros incidentes que afectaron a la dependencia, incluidos accidentes del Tren Interoceánico y el percance del buque escuela Cuauhtémoc en Nueva York. El secretario Raymundo Pedro Morales reiteró el compromiso de la SEMAR con la transparencia y el combate a la corrupción, señalando que la institución no tolerará prácticas irregulares sin importar el rango o la posición de los involucrados.
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Los mandos altos (AMLO-rey del huachicol y su amigo Adan Augusto) son los buenos. Esos viviendo la mera vida y rompiendose la cadena por lo mas fragil.