* Manifestaciones continuaron; buscan juicio político contra alcaldesa Miriam Cano
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* Construcción de un hospital ha sido una petición por décadas, tanto al Estado como a Federación
* 34.9 % de la población vive en la pobreza, 3.8 en pobreza extrema y 31.1 en pobreza moderada
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* Abandono se manifiesta en viviendas que carecen de los servicios más elementales
* Un porcentaje de trabajadores están en modalidad de “saliendo y pagando”
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* Comunidades carecen de suministro constante de agua. Tandeos se extienden una o dos semanas
* No existen redes de drenaje que opere la CESPE; casi el 100 % de la población utiliza fosas sépticas
A pesar de su vocación agrícola y a más de cinco años de la independencia de San Quintín, el municipio sufre una crisis política al tiempo que continúa con altos índices de desigualdad, abandono y rezago histórico en múltiples rubros, incluso con mayor incidencia que en todo Baja California.
Ubicado aproximadamente a 376 kilómetros de la capital de Baja California, San Quintín cuenta con una extensión de 32 mil 883 kilómetros cuadrados, lo que representa el 47 por ciento de la superficie total del estado. Su territorio se divide en ocho delegaciones, que en conjunto incluyen a 19 ejidos principales que conforman la base de su actividad económica y social.
De acuerdo con el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2025 a cargo de la Secretaría de Bienestar, en San Quintín residen más de 130 mil personas, aunque cifras extraoficiales señalan una población aproximada de 150 mil. Contradictoriamente, el sexto municipio presenta un contraste entre la abundancia y la carencia, con evidente carencia de servicios en todos los rubros.
En primera instancia, la región se ha convertido en la zona productiva más valiosa de la entidad por su vocación agrícola. Incluso a nivel nacional es la segunda región productora de fresa, enfocada principalmente en la exportación a Estados Unidos. Además de este producto y el resto de las frutillas – zarzamora, frambuesa y arándano –, también se mantiene activa una importante producción de tomate, pepino, cebolla y otros productos.
Sin embargo, la injusticia social impacta principalmente a miles de jornaleros agrícolas, muchos provenientes de comunidades indígenas del sur del país. A pesar de las movilizaciones del año 2015, persiste el eco de sus demandas por salarios dignos y seguridad social. Parte del abandono se manifiesta en la falta de acceso real a la salud y en viviendas que carecen de los servicios más elementales.
El panorama agrícola también incluye a las omisiones en que pueden incurrir múltiples empresas, junto con la carencia de inspecciones constantes y aleatorias de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aunado a la aceptación de un porcentaje de trabajadores por la modalidad de “saliendo y pagando”. Incluso en redes sociales es común apreciar publicaciones en el que solicitan mano de obra para este tipo de esquema.
En el mismo contexto, los indicadores de pobreza del municipio -de acuerdo con la estadística- establecen que hay 41 mil 053 personas en pobreza, correspondiente al 34.9 por ciento de la población total. Asimismo, en pobreza extrema contabilizan un 3.8 por ciento de la población, y en pobreza moderada a un 31.1 por ciento.
Otro de los aspectos que impactan en el sexto municipio es el acceso y atención a los servicios de salud. Si bien el informe anual señala que el 62 por ciento de los sanquintinenses tienen acceso a seguridad social, a pesar de las acciones de “combate a la pobreza” la zona sur no cuenta con un Hospital General. La infraestructura con mayor capacidad es el denominado Hospital Rural IMSS 69 en la delegación Vicente Guerrero. Sin embargo, después de más de un año de obras suspendidas por un litigio contra la constructora contratada, recientemente se anunció que su atención se enfocará en los afiliados en el régimen ordinario.
El resto del acceso a la salud se encuentra disperso, saturado y con carencias notables en módulos de salud y un par de Unidades de Medicina Familiar.
La construcción de un hospital ha sido una petición que por décadas han solicitado los residentes tanto a la administración estatal en turno como al Gobierno Federal. En ese sentido, mediante la ruta eventual de las “Caravanas de la Salud”, el gobierno estatal plantea “acercar” los servicios a las comunidades alejadas o con alto grado de marginación.
En relación a los servicios básicos, las comunidades carecen de un suministro constante de agua. En algunas zonas, los tandeos se extienden por periodos de entre una y dos semanas, mientras que otras colonias carecen de dicha conexión y deben adquirir el vital líquido por medio de servicios particulares. Aunado a esto, no existen redes de drenaje que opere la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), por lo cual casi el 100 por ciento de la población utiliza fosas sépticas.
En un mínimo porcentaje, algunas comunidades dispersas tienen conectadas sus redes a plantas de tratamiento, mismas que con los años también han presentado deterioro.
Para este 2026, la administración estatal de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda pretende iniciar con la construcción de una planta desaladora que abastecería a la zona ubicada entre el ejido Chapala y la delegación Camalú. De manera paralela, la CESPE solicitó una inversión millonaria contemplada en tres etapas, para las obras de distribución del vital líquido. El director del organismo, Alonso Centeno Hernández, declaró recientemente que ya enviaron la propuesta de la primera etapa – contemplada en 270 millones de pesos– a la Secretaría Estatal del Agua para la gestión de los recursos.
CRISIS POLÍTICA Y MANIFESTACIONES CON BLOQUEOS CARRETEROS
Dentro de este contexto, un altercado personal entre la presidenta Miriam Cano Núñez y la regidora Ashley Casillas Gómez –originalmente del Partido del Trabajo– generó un conflicto que ha escalado desde las primeras semanas de iniciar el Primer Ayuntamiento de San Quintín. Posterior a este rompimiento, las críticas y señalamientos a la administración municipal se han intensificado, sin que el equipo de la presidenta haya podido contrarrestarlo con una estrategia adecuada.
Recientemente, el pasado lunes 19 de enero inició una nueva manifestación convocada por la activista Flor Giselle Gómez Sánchez –madre de la regidora Ashley Casillas– y la maestra Isela García Antuna. Ese día los inconformes se concentraron frente a las oficinas del Gobierno Municipal para exigir la renuncia de la alcaldesa Miriam Cano y del síndico procurador Juan Pablo Guerrero Gamboa, así como la destitución de 12 directores, coordinadores y titulares de área.
Fue hasta el miércoles por la tarde cuando una comitiva de los manifestantes se reunió con la alcaldesa y parte de su gabinete en el Centro de Gobierno del Estado. Pese a esto, más que dialogar, el encuentro se enfocó en cuestionamientos entre ambas partes, tras lo cual la presidenta decidió retirarse sin que se firmara algún acuerdo. Esto detonó la intervención del Gobierno del Estado. El jueves por la tarde asistió el secretario general del Estado, Alfredo Álvarez Cárdenas, quien escuchó los planteamientos y propuso alternativas.
De manera concreta, el nuevo pliego petitorio incluyó la conformación de una Comisión Especial de regidores para analizar los señalamientos contra los funcionarios y desarrollar un informe que posteriormente sería remitido a la presidenta municipal y al síndico. Acordaron que el equipo fuera integrado por los ediles Bertha Isabel Hernández, Arnulfo Silva Martínez, Virginia López Ramírez, Ashley Casillas Gómez y Enrique Ramos Romero. También integraron a la subsecretaria de Gobierno del Estado, Aurora Inzunza Velasco, aunque sin voz ni voto.
La finalidad central de la comisión sería analizar la evidencia que entreguen los manifestantes en contra de los funcionarios señalados, entre los cuales se encuentran el subdirector de Bomberos, Ronaldo Rojo Peralta; la subdirectora de Protección Civil, Liliana Munguía Acosta; Rita Beadle Luna, de la Oficina de Presidencia; Cristian Tarín, coordinador de Gabinete; Laura Mendoza Corpus, jefa de la Oficina de Presidencia; Yuniva Peralta Figueroa, coordinadora de Gestiones; Gil Prieto Vega, director de Comercio; Irma López Merino, directora de Bienestar Social, entre otros.
La alcaldesa Miriam Cano reiteró que no despedirá a ningún funcionario, a menos que entreguen la evidencia de los señalamientos o presuntos actos de corrupción. Asimismo, detalló que la Comisión Especial “tendrá un carácter temporal, consultivo y no vinculante, con el objetivo de generar diagnósticos y recomendaciones que permitan identificar áreas de oportunidad”.
Cano Núñez también aseguró que asumen el ejercicio como “una oportunidad institucional para mejorar, corregir lo necesario y consolidar lo que se está haciendo bien”. En su posicionamiento, agregó que el compromiso es gobernar con legalidad, responsabilidad y respeto a la autonomía municipal, privilegiando el diálogo y estabilidad de San Quintín.
Respecto a las declaraciones sobre el actuar no vinculante de la Comisión Especial, el asesor legal de los manifestantes, Ramiro Núñez, aclaró que es la vía correcta. Destacó que la ruta trazada incluye la revisión de los regidores y su informe respectivo, mismo que aprovecharían para ser remitido en sus denuncias y expedientes ante el Congreso del Estado. Lo anterior en busca de juicio político en contra de la presidenta Miriam Cano, después de ajustar la petición de “renuncia”.
El resto de los acuerdos consistieron en una auditoría externa al Primer Ayuntamiento. El Gobierno del Estado asumirá el costo que requiera el despacho contable contemplado. Tentativamente, a quienes contrataran deberían estar certificados por el Poder Judicial del Estado de Baja California.
De igual manera, acordaron el inicio de mesas de trabajo en todas las delegaciones del municipio, con la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno. Plantean exponer directamente las carencias y el rezago social de cada comunidad. Algunas sufren problemáticas desde hace años, con autoridades omisas en su atención. Después de acordarlo, los acercamientos arrancarían en la delegación Camalú.
VISITA DE LA GOBERNADORA MARINA DEL PILAR
Como parte de los acuerdos, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda acudió el domingo 25 de enero a un encuentro con los manifestantes. Además de validar los acuerdos, la mandataria escuchó los planteamientos expuestos por los ciudadanos asistentes, sin que estuviera presente la presidenta de San Quintín.
Después de horas de planteamientos ciudadanos, la gobernadora aceptó públicamente que San Quintín es el municipio con más desigualdad y rezago en todo el país. Acordó intervenir para avanzar con la atención de las carencias y recalcó que los presidentes municipales deben tener capacidad de gestión para la atención de las solicitudes. “Quien no tenga humildad no merece estar en el poder. El poder sólo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás”, comentó.
La gobernadora remarcó que el Gobierno del Estado continuará como mediador entre Ayuntamiento y municipios, así como “escuchar todas las voces, peticiones y sugerencias de los sanquintinenses”. También indicó que debe privilegiarse el diálogo y respeto para la atención de las inconformidades.
Derivado del encuentro, aprobaron la instalación de mecanismos de seguimiento para atender las solicitudes e inquietudes con “total transparencia”, y desde el domingo por la noche los manifestantes acordaron levantar los bloqueos carreteros que se mantenían activos en el puente frente al Centro de Gobierno del Estado y en la entrada norte de Camalú. Horas después se concretó la decisión, aunque en contraparte, optaron por obstruir de nuevo las oficinas municipales, delegaciones, Registro Civil y Oficialía Mayor.
Las oficinas municipales se mantuvieron obstruidas en el transcurso de la semana, mientras los inconformes recababan evidencias testimoniales y documentales sobre las situaciones que pudieran considerarse omisiones o actos de corrupción. En conjunto tenían previsto recabar un expediente para proceder con el proceso para solicitar juicio político, y en su caso, remitir las pruebas a la Comisión Especial de regidores.
VISITA DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
En medio de un contexto de abandono institucional, crisis política, desigualdad y rezago histórico, se tiene prevista la visita de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para este fin de semana. La propia mandataria anunció durante una de sus últimas conferencias mañaneras que su recorrido por Baja California sería el 30 de enero en los municipios de Tijuana y San Quintín.
Preliminarmente se informó que pretendía acudir a presentar su “Plan de Justicia para San Quintín”, además de supervisar el espacio en que desarrollarían el Plan Nacional de Vivienda. Sin embargo, la agenda pública aparentemente sufrió ajustes que no habían sido aclarados hasta este jueves.
DENUNCIA DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
En el marco de los últimos eventos, la presidenta estatal del PAN, Lizbeth Mata Lozano, interpuso el miércoles una denuncia penal en contra de la alcaldesa de San Quintín, Miriam Cano Núñez, y quien resulte responsable, por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio indebido del servicio público y/o lo que resulte en agravio de la sociedad y la administración pública de Baja California.
En punto de las tres de la tarde se presentó en las instalaciones de la Fiscalía Regional de San Quintín, afirmando que entregó evidencia de los actos señalados, varios de estos asociados a la adquisición de un software por alrededor de 19 millones de pesos.
