El 21 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó en conferencia matutina en Palacio Nacional, en Ciudad de México, que la entrega de 37 presuntos integrantes de organizaciones criminales a Estados Unidos no formó parte de la última llamada telefónica que sostuvo con el presidente Donald Trump, y sostuvo que el traslado respondió a una solicitud formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, evaluada y autorizada por el Consejo Nacional de Seguridad con base en criterios de conveniencia para México.
La mandataria nacional explicó que el operativo de traslado se realizó después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una petición a las autoridades mexicanas en el marco de los mecanismos de entendimiento bilateral en materia de seguridad. Detalló que el Consejo Nacional de Seguridad analizó cada uno de los expedientes de manera individual antes de aprobar la entrega, tomando en cuenta lineamientos de política de seguridad, seguridad nacional y protección de la soberanía.
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Sheinbaum Pardo puntualizó que la decisión de enviar a los 37 detenidos se tomó con base en criterios definidos por el Estado mexicano y no como resultado de presiones externas. Señaló que la mayoría de las personas trasladadas eran susceptibles de extradición y que, en todos los casos, las autoridades mexicanas revisaron previamente su situación jurídica para determinar si procedía su envío a Estados Unidos. Añadió que, una vez concluido ese análisis, se ordenó el traslado, que incluyó la salida de los reos desde el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, hacia territorio estadounidense como parte de un operativo coordinado del Gabinete de Seguridad.
La presidenta de la República subrayó que la selección de las personas enviadas se originó en la lista presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y que, a partir de esa relación, las autoridades mexicanas determinaron, caso por caso, cuáles serían trasladadas. “Fue a solicitud del Departamento de Justicia y ahí se analiza cada uno de los casos. Y una vez que se toma la decisión, pues entonces se hace el envío. La mayoría, muchos de ellos extraditables, pero es una decisión que tiene que ver con un análisis de México”, expuso al detallar el procedimiento seguido por el Consejo Nacional de Seguridad.
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La titular del Poder Ejecutivo Federal insistió en que no existió una negociación específica en la llamada telefónica reciente con Trump respecto a la entrega de estas personas. “No, no (no se pidió en la llamada). Es algo que viene de los grupos del entendimiento bilateral y en este caso fue a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es muy importante aclarar. La decisión que se tome en el Consejo Nacional de Seguridad se analiza y es una decisión que es, lo primero, conveniencia para México”, señaló al descartar que el tema se hubiera abordado en la conversación presidencial.
La mandataria nacional recalcó que la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad se enmarca en acuerdos y mecanismos vigentes entre ambos países, pero que las determinaciones finales se adoptan desde las instituciones mexicanas. “Es importante para el país en términos de su seguridad nacional, en términos de la seguridad pública. Es decir, se pone primero a México por encima de todo, aunque pidan lo que tengan que pedir. Es una decisión soberana y se analiza a partir de las consideraciones de la política de seguridad, de la política de seguridad nacional, de protección de la soberanía”, afirmó al describir los criterios utilizados por el Consejo Nacional de Seguridad.
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En ese contexto, Sheinbaum Pardo rechazó que el operativo de entrega de reos represente un mecanismo automático de respuesta a solicitudes de Washington. “No es: lo piden, ahí va. Porque eso es lo que han de los comentócratas. Se entregó porque hay que quedar bien, porque obviamente es una relación de colaboración, de coordinación. Pero la decisión se toma a partir de las consideraciones soberanas en México. Es importante, no es importante, se colabora en esto, qué perfiles son. Entonces, esa decisión se toma de esa manera”, explicó al responder cuestionamientos sobre posibles presiones del Gobierno de Estados Unidos.
Al ser interrogada sobre el impacto de este traslado en la relación bilateral, la presidenta de la República sostuvo que la operación forma parte de los mecanismos ordinarios de cooperación en materia de seguridad y justicia entre México y Estados Unidos. “No, no es que sean implicaciones. En este caso fue solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y todos los casos fueron evaluados por el Consejo Nacional de Seguridad. Entonces, pues es parte de la cooperación que hay con el Gobierno de los Estados Unidos en materia de seguridad. No tiene implicaciones mayores”, afirmó.
Según las autoridades federales, los 37 operadores de organizaciones criminales fueron trasladados el 20 de enero de 2026 desde el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, al Aeropuerto Internacional de Toluca y, posteriormente, entregados a las autoridades estadounidenses en el marco de acuerdos de cooperación y del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre la Ejecución de Sentencias Penales. Entre los enviados se encuentran presuntos integrantes vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, con la organización de los Beltrán Leyva y con el Cártel del Noreste, considerados por las autoridades como objetivos relevantes para la persecución penal en Estados Unidos.
Ronald Johnson, titular de la Embajada de Estados Unidos en México, destacó en mensajes difundidos en redes sociales que la entrega de este grupo de 37 personas refleja el nivel de coordinación alcanzado entre ambos gobiernos. “La transferencia realizada ayer de actores criminales y narcoterroristas para que enfrenten la justicia en los Estados Unidos demuestra la voluntad compartida de desmantelar las redes de cárteles y los grupos narcoterroristas dondequiera que operen”, aseguró al referirse al operativo. También sostuvo que, bajo las administraciones de Sheinbaum Pardo y Trump, ambos países han colaborado de una manera “histórica” en el combate a las organizaciones criminales transnacionales.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades mexicanas, con este traslado suman 92 criminales de alto perfil enviados a Estados Unidos en distintos operativos realizados en el periodo reciente. Estos movimientos incluyeron previamente la remisión de figuras históricas del narcotráfico y operadores de diversas organizaciones delictivas, en el marco de una estrategia que combina extradiciones formales y entregas sustentadas en consideraciones de seguridad nacional para reforzar la cooperación con las agencias de justicia estadounidenses.
En años recientes, los gobiernos de México y Estados Unidos ajustaron sus mecanismos de colaboración en seguridad, pasando de la Iniciativa Mérida a esquemas como el Entendimiento Bicentenario, orientados a fortalecer el intercambio de información, la persecución conjunta de redes criminales y la atención a delitos transfronterizos, manteniendo como eje el respeto a la soberanía de ambos países. Según análisis especializados, estos marcos de cooperación han buscado acompañar acciones como las extradiciones y traslados de reos con programas de fortalecimiento institucional, capacitación y mejora de las capacidades de investigación en ambos lados de la frontera.
En este escenario, Sheinbaum Pardo reiteró que la política de seguridad de su administración se centra en la reducción de los índices de violencia y en el debilitamiento de las estructuras financieras y operativas de los grupos delictivos, y que la colaboración con Estados Unidos se inserta en esa estrategia general. Señaló que el envío de los 37 presuntos criminales forma parte de una línea de trabajo que privilegia la coordinación internacional cuando se trata de personas requeridas por cortes estadounidenses por delitos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y otras conductas ilícitas de alcance transnacional.
Como cierre, la presidenta de la República sostuvo que el Gobierno Federal continuará evaluando cada caso de solicitud de extradición o traslado con base en los criterios establecidos por el Consejo Nacional de Seguridad, los tratados internacionales y las leyes mexicanas en la materia. Recalcó que cualquier decisión futura en este ámbito se tomará a partir de la conveniencia para México, la protección de la seguridad nacional y la cooperación con otros países únicamente en los términos que permitan preservar la soberanía y los intereses del Estado mexicano.
