La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo admitió, el 5 de enero de 2026, que el programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera alcanzó su meta y fue cerrado porque la importación superaba las previsiones originales. A través de un decreto publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2025, el Gobierno Federal derogó el acuerdo que desde 2021 permitía la legalización de estos automóviles.
En su explicación sobre el cierre del esquema, Sheinbaum Pardo señaló que la iniciativa había sido extendida un año adicional por su administración, pero que su continuidad ya no era necesaria debido a que se alcanzó el objetivo planteado. “Se cumplió el objetivo con lo que se había planteado cuando lo hizo el presidente [Andrés Manuel] López Obrador y de hecho se estaba importando de más, ya un poco fuera incluso del propio acuerdo”, expresó la titular del Poder Ejecutivo Federal, en su conferencia de prensa matutina.
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El programa de regularización, originalmente emitido mediante un acuerdo el 18 de octubre de 2021, durante la Administración anterior, permitió la legalización simplificada de vehículos con una cuota fija de dos mil quinientos pesos por unidad. Según cifras del Registro Público Vehicular, al 25 de noviembre de 2025 se logró la regularización de dos millones novecientos ochenta y siete mil ochocientos treinta y nueve vehículos en el territorio nacional, con una recaudación estimada superior a siete mil quinientos millones de pesos destinados a infraestructura municipal.
Respecto a las implicaciones para quienes deseen continuar importando vehículos usados, Sheinbaum Pardo indicó que se mantendrá el apoyo bajo los esquemas legales vigentes. “De todas maneras sigue el apoyo para quien quiera importar autos. Vamos a pedirle a la Secretaría de Hacienda, yo me comprometí a que esta semana pudiera venir para explicar todos los detalles”, expresó la presidenta de la República. Edgar Abraham Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debe detallar los alcances de esta decisión durante comparecencias ante el Poder Legislativo.
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A partir del 1 de enero de 2026, la importación de vehículos usados de Estados Unidos y Canadá deberá apegarse al marco regulatorio general vigente desde 2011, que incluye el cumplimiento de las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, restricciones técnicas, ambientales y de seguridad, así como el pago de aranceles preferentes del diez por ciento para unidades que cumplan con los requisitos establecidos.
El documento de derogación, firmado por Sheinbaum Pardo y miembros de su gabinete, establece en sus considerandos que la prolongación del programa “podría derivar en malas prácticas, alejándose del propósito por el cual fue emitido”. La administración federal enfatiza que el cierre responde a que la problemática original de inseguridad jurídica fue atendida y la meta de brindar certeza legal a propietarios fue alcanzada.
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La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) celebró la derogación del decreto, afirmando que la medida terminó con un esquema que “impactó negativamente al mercado interno automotriz con la suma de casi tres millones de unidades altamente contaminantes, de dudosa procedencia y desmejorando la seguridad vial del país”. Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA, expresó que la culminación del programa confirma las demandas de los distribuidores por eliminar la legalización de lo ilegal.
La organización empresarial reconoció a Sheinbaum Pardo por haber derogado el acuerdo que “fomentaba la legalidad del contrabando con los efectos negativos que éste implicaba”. Según comunicado de la AMDA, la medida dará certidumbre al mercado interno al ceñirse la internación de vehículos usados al decreto que regula la importación definitiva vigente desde 2011, “que implica reglas más claras, seguras y el pago justo de impuestos, beneficiando a la propia autoridad y dando mayor seguridad a la tenencia de tales unidades”.
El programa fue sometido a múltiples prórrogas durante el sexenio anterior. La última extensión ocurrió el 26 de septiembre de 2024, cuatro días antes de la conclusión del mandato de Andrés Manuel López Obrador, para extender la vigencia hasta el 30 de septiembre de 2026. Sin embargo, durante el gobierno de Sheinbaum Pardo, antes de la derogación definitiva, se publicó un decreto el 5 de noviembre de 2025 que modificó las fechas de implementación para ajustarlas al 31 de diciembre de 2025.
Baja California lideró en regularizaciones con cuatrocientos noventa y cinco mil setecientos seis vehículos, seguida por otras entidades fronterizas como Tamaulipas, donde se legalizaron más de cuatrocientos ochenta mil unidades. Estos estados fronterizos con poblaciones significativas de migrantes que trabajan en Estados Unidos fueron los principales beneficiarios del esquema. Los recursos recaudados fueron destinados a obras de pavimentación y reparación de vialidades en municipios de dieciséis entidades participantes.
Con el cierre definitivo del programa en diciembre de 2025, miles de propietarios que no lograron concluir sus trámites enfrentan nuevos requisitos para regularizar sus vehículos. Las autoridades advierten que no se aceptarán nuevos amparos para acogerse al decreto abrogado, y los existentes están bajo mayor escrutinio. El Registro Público Vehicular mantendrá sus funciones ordinarias para inscripciones vehiculares que cumplan con la normatividad aplicable bajo el esquema legal vigente.
