El 4 de enero de 2026, un juez de control federal impuso prisión preventiva oficiosa a Pedro Inzunza Noriega, alias “El Sagitario” o “El Señor de la Silla”, identificado por autoridades como operador de confianza de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, tras calificar de legal su detención y atender la solicitud de duplicidad del término constitucional presentada por la defensa.
La medida cautelar se dictó también contra tres personas detenidas junto con Inzunza Noriega, quienes quedaron sujetos al mismo proceso penal por su probable participación en delitos federales. Los cuatro indiciados quedaron internos en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1, Altiplano, en el Estado de México, donde permanecerán mientras se define su situación jurídica.
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Según informes de la Fiscalía General de la República (FGR), a Pedro Inzunza Noriega y a los otros tres detenidos se les imputaron delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio, así como posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas. La audiencia inicial se desarrolló después de que el juez validó la legalidad del operativo en el que fueron detenidos y avaló la puesta a disposición del Ministerio Público Federal.
La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para la definición de la vinculación a proceso, por lo que el juez determinó mantener la prisión preventiva oficiosa mientras transcurre ese plazo legal.
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La detención de Inzunza Noriega ocurrió el 31 de diciembre de 2025 durante un cateo realizado en un inmueble de Culiacán, Sinaloa, identificado por el gabinete de seguridad federal como punto vinculado a sus actividades, donde también fueron aseguradas armas de fuego y drogas.
En la operación participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal y de la FGR, como parte de trabajos de inteligencia dirigidos contra grupos de la delincuencia organizada. De acuerdo con reportes oficiales, los cuatro detenidos fueron trasladados vía aérea a instalaciones federales y posteriormente canalizados al CEFERESO del Altiplano.
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Autoridades mexicanas identifican a Pedro Inzunza Noriega como presunto operador de alto nivel vinculado a Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, señalado por agencias de seguridad como heredero de estructuras criminales ligadas al antiguo Cártel de los Beltrán Leyva. Diversas dependencias federales lo relacionan con operaciones de tráfico de drogas, incluida la producción y trasiego de fentanilo, así como con esquemas de lavado de dinero a escala internacional.
La FGR subrayó que, pese a las imputaciones, a los cuatro detenidos se les presume inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
En el ámbito internacional, fiscales de Estados Unidos presentaron en mayo de 2025 cargos de narcoterrorismo, lavado de dinero y conspiración para producir y traficar fentanilo contra Pedro Inzunza Noriega y su hijo, Pedro Inzunza Coronel, conocido como “El Pichón”, lo que colocó al primero entre los objetivos prioritarios en la relación de seguridad bilateral.
La acusación se sustentó en disposiciones que permiten procesar a integrantes de organizaciones delictivas como responsables de actos que afectan la seguridad nacional de ese país. De concretarse la extradición solicitada por autoridades estadounidenses, el caso de Inzunza Noriega se convertiría en uno de los primeros procesos por narcoterrorismo dirigidos contra presuntos líderes vinculados al Cártel de Sinaloa y a estructuras asociadas a los Beltrán Leyva.
Especialistas en temas de seguridad han señalado que la prisión preventiva dictada a Pedro Inzunza Noriega podría derivar en nuevas órdenes de aprehensión y procesos relacionados con redes financieras y logísticas vinculadas al tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas.
Autoridades federales han indicado que las investigaciones continúan respecto a posibles colaboradores y a la estructura patrimonial ligada al presunto operador de “El Chapo Isidro”. En los próximos días, el juez de control definirá si vincula o no a proceso a los cuatro detenidos, con base en los elementos de prueba que presente la FGR en el marco del término constitucional ampliado.
