El Gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump ejecutó en las primeras horas del 3 de enero de 2026, una operación militar de carácter extraordinario en territorio venezolano para aprehender al presidente Nicolás Maduro Moros y ponerlo bajo custodia estadounidense. La acción fue coordinada por el Departamento de Justicia en colaboración estrecha con el Departamento de Guerra, el Departamento de Estado, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración de Control de Drogas (DEA), la Comunidad de Inteligencia y socios internacionales e interinstitucionales.
Pamela Jo Bondi, titular del Departamento de Justicia de Estados Unidos, difundió a través de su cuenta oficial en la red social X el comunicado conjunto del FBI, la DEA y el DOJ sobre la operación. Kashyap Pramod Patel, titular del FBI, también publicó la declaración desde su cuenta oficial en la misma plataforma.
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Según la declaración conjunta difundida por Bondi y Patel, la operación requirió meses de coordinación, planificación detallada y ejecución impecable por parte de múltiples componentes del gobierno federal, con liderazgo del Departamento de Guerra. El despliegue táctico resultó en al menos 40 muertes, varias de civiles, de acuerdo con la información disponible.
Personal especializado del FBI y la DEA, incluyendo equipos tácticos y de transporte, trabajó en coordinación con el Departamento de Guerra, abogados del DOJ y otros componentes federales para garantizar el traslado seguro de dos acusados de alto riesgo. Todos los involucrados en la misión actuaron, según la declaración oficial, con profesionalismo, decisión y en estricta conformidad con las leyes estadounidenses y los protocolos establecidos.
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“Esta fue una operación ejecutada a la perfección, con una intensa cooperación y confianza entre el equipo del presidente Trump”, señaló el comunicado difundido por Bondi en su cuenta oficial.
El Departamento de Justicia indicó que la operación se llevó a cabo para apoyar un proceso penal en curso relacionado con el narcotráfico a gran escala y delitos conexos que han alimentado la violencia, desestabilizado la región y contribuido directamente a la crisis de las drogas que ha cobrado vidas estadounidenses. Los funcionarios estadounidenses argumentaron que su país buscó todas las opciones legales para resolver el asunto de forma pacífica, pero dichas oportunidades fueron rechazadas repetidamente por Maduro.
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“Estados Unidos buscó todas las opciones legales para resolver este asunto de forma pacífica. Dichas oportunidades fueron rechazadas repetidamente. La responsabilidad de este resultado recae exclusivamente en quienes optaron por continuar con su conducta delictiva en lugar de desvincularse”, precisó el comunicado conjunto.
El Departamento de Justicia de EE. UU. aclaró que la responsabilidad del resultado de la operación recae exclusivamente en quienes optaron por continuar con su conducta delictiva en lugar de desvincularse.
La declaración oficial difundida por Bondi y Patel subrayó que esta operación refleja el compromiso inquebrantable con la rendición de cuentas, el estado de derecho y la protección de la seguridad nacional de Estados Unidos. “Estamos orgullosos de los profesionales de las fuerzas del orden federales que llevaron a cabo esta misión y de las alianzas que la hicieron posible. Que Dios bendiga a Estados Unidos y que Dios bendiga al presidente Trump”, concluyó el comunicado.
Un día antes, Ronald Douglas Johnson, titular de la Embajada de Estados Unidos en México, aseguró que “la acción firme del Presidente Donald Trump envía un mensaje claro de que no tenemos miedo de actuar, de que la justicia prevalecerá y de que los regímenes opresores y corruptos rendirán cuentas”. El diplomático acusó a Maduro de reprimir a millones de venezolanos que se vieron obligados a abandonar su país, destruir la economía nacional y actuar como narcoterrorista.
Johnson reconoció al pueblo venezolano “por soportar décadas bajo la opresión” y afirmó que “este narcorégimen ahora enfrentará la justicia”.
