El 20 de enero de 2026, el Gobierno Federal trasladó a Estados Unidos a 37 personas privadas de la libertad, entre quienes destacaron Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, líder regional del Cártel del Noreste; Armando Gómez Núñez, alias “Delta1”, jefe de la célula Los Deltas vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); y Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”, padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del grupo de los Beltrán Leyva, en el tercer envío masivo de este tipo realizado durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con lo que sumaron 92 individuos entregados a autoridades de ese país.
Según información difundida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), las 37 personas se encontraban recluidas en distintos centros penitenciarios federales y fueron concentradas en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, en el Estado de México, desde donde las autoridades organizaron el operativo de traslado hacia diversos puntos del territorio estadounidense. Las dependencias señalaron que todos los internos eran requeridos por instancias judiciales de Estados Unidos por investigaciones y causas penales relacionadas con tráfico de drogas y otros delitos federales, además de ser considerados un riesgo para la seguridad pública.
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De acuerdo con el reporte oficial, las personas trasladadas fueron llevadas a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas, en un dispositivo de seguridad coordinado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Las autoridades precisaron que la operación se ejecutó con base en la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral con Estados Unidos, en el marco de un esquema de coordinación en materia de seguridad y combate a organizaciones criminales transnacionales.
Además de los líderes ya mencionados, en la lista de personas entregadas a Estados Unidos figuraron Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “Payo Zurita”, operador logístico del grupo de los Beltrán Leyva, con antecedentes de colaboración con Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, y con Óscar Manuel Gastélum, alias “El Músico”, señalado como uno de los mandos de esa organización; Bastidas Erenas fue llevado también a San Diego, California. También se incluyó a Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”, identificado como operador logístico del denominado Cártel del Pacífico y encargado de coordinar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, considerado objetivo prioritario del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés); las autoridades informaron que fue llevado a Houston, Texas.
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Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, informó que la operación fue coordinada por el Gabinete de Seguridad y tuvo como objetivo sacar del sistema penitenciario mexicano a individuos considerados generadores de violencia. “Esta mañana el Gabinete de Seguridad trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país”, señaló el funcionario en un mensaje difundido en sus redes sociales. En el mismo comunicado detalló que “la acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional. A solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte”.
García Harfuch añadió que las 37 personas eran consideradas criminales de alto impacto y afirmó que, con este traslado, “ya son 92 criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos en esta administración que ya no podrán generar violencia en nuestro país”. Diversos reportes precisaron que se trató de la tercera entrega masiva de internos a Estados Unidos desde que inició el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: en febrero de 2025, México envió a 29 personas requeridas por narcotráfico y otros delitos, y en agosto de ese mismo año se concretó un segundo paquete de 26 reos reclamados por la justicia estadounidense.
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El anuncio del tercer traslado se dio en un contexto de presión política desde sectores de Estados Unidos para endurecer las medidas frente a los cárteles mexicanos, incluida la propuesta de que fuerzas militares estadounidenses participaran en acciones directas contra dichas organizaciones en territorio nacional. En ese escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que abordaron temas de seguridad y cooperación bilateral; posteriormente, la mandataria nacional reiteró en mensajes públicos que el combate al crimen organizado correspondía exclusivamente a las instituciones mexicanas y que no aceptaría despliegues de fuerzas armadas extranjeras en el país.
En intervenciones previas, la presidenta de la República subrayó que el Gabinete de Seguridad y las instituciones de procuración de justicia continuarán enfocadas en detener a operadores de alto nivel y en desarticular estructuras de extorsión, tráfico de drogas y otras actividades delictivas, mediante operativos coordinados en distintas entidades federativas. En el mismo sentido, el titular de la SSPC Federal destacó que los traslados de personas requeridas por la justicia de Estados Unidos forman parte de una estrategia de colaboración internacional orientada a reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales, tanto en México como en territorio estadounidense.
Los procesos penales que enfrentarán las 37 personas en Estados Unidos contemplan, según diversos reportes, acusaciones por delitos como tráfico de drogas, delincuencia organizada, lavado de dinero, tráfico de armas y otros cargos federales, en cortes de distintos estados de ese país. Con su entrega a autoridades estadounidenses, las instituciones mexicanas buscaron impedir que los internos mantuvieran capacidad de operación o coordinación desde los centros penitenciarios nacionales y reforzar el mensaje de que los acuerdos de cooperación en materia de seguridad seguirán aplicándose frente a mandos y operadores de organizaciones criminales.
Con el traslado del 20 de enero de 2026, la Administración encabezada por Sheinbaum Pardo consolidó un registro de 92 personas enviadas a Estados Unidos en poco más de un año, en tres operaciones masivas articuladas desde el penal del Altiplano y otros centros federales.
