La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó el 25 de enero de 2026 que las ministras y ministros del máximo tribunal decidieron no utilizar las nueve camionetas blindadas adquiridas recientemente y solicitaron que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlas a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos.
La decisión se produjo tres días después de que el organismo judicial confirmara la adquisición de las unidades, cuyo costo total ascendió a 25 millones 650 mil pesos, según la autorización dada por la Unidad de Administración del máximo tribunal. Esto significa que cada vehículo tuvo un costo promedio de 2 millones 850 mil pesos, con Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido.
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En un comunicado difundido en su cuenta oficial, la SCJN señaló que los ministros informaron su decisión de no utilizar los vehículos. El máximo tribunal reiteró su compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera.
La institución añadió que el 26 de enero de 2026 ofrecería una conferencia de prensa en las instalaciones del Máximo Tribunal con el fin de precisar la información relacionada con este tema.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación había confirmado el 22 de enero de 2026 la adquisición de nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee, una para cada uno de los nueve ministros que integran el pleno del máximo tribunal. Los integrantes de la SCJN son Hugo Aguilar Ortiz (ministro presidente), Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García y Sara Irene Herrerías Guerra.
Según la tarjeta informativa difundida por la institución, la decisión de renovar la flotilla vehicular se sustentó en opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, las cuales concluyeron que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación. La Corte argumentó que la adquisición de los nuevos vehículos respondió a criterios de prevención, seguridad institucional y no a consideraciones discrecionales.
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El organismo judicial explicó que la renovación se realizó en estricto apego a la normatividad interna vigente emitida en 2019, la cual establece que este tipo de vehículos, por motivos de seguridad y por el servicio que prestan, deben renovarse periódicamente cada cuatro años o antes, cuando las condiciones del automotor no sean seguras para garantizar condiciones adecuadas de operación y seguridad.
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial de la Federación (PJF) defendió la compra el 23 de enero de 2026, al señalar que tuvo conocimiento de diversos incidentes de seguridad derivados del uso de unidades que ya no ofrecían condiciones adecuadas de protección para sus usuarios. El OAJ afirmó que la decisión respondió a la obligación institucional de no operar con riesgos previsibles y de garantizar condiciones de protección para quienes ejercen funciones constitucionales de alta relevancia en la SCJN.
De acuerdo con información difundida por el periodista Salvador García Soto, cada una de las unidades tiene un precio que supera el millón de pesos y puede alcanzar hasta 1.7 millones de pesos, dependiendo de la versión y el equipamiento seleccionados. El precio de las camionetas oscila entre el millón 69 mil pesos hasta un millón 777 mil 900 pesos, según el catálogo de estas camionetas, ya que todo depende del equipamiento y si es motor a gasolina o si es una versión híbrida y hasta 4X4.
El precio de las camionetas no incluye el blindaje, que dependiendo el nivel podría llevarlas a más de tres millones de pesos cada unidad. Versiones periodísticas reportaron que las camionetas estarían blindadas con nivel 5, especificación que incrementa de forma considerable el precio final de cada unidad. Empresas especializadas en blindaje en México señalan que el costo de blindar una camioneta con nivel 5 puede agregar alrededor de entre un millón 500 mil y dos millones de pesos adicionales al valor base del vehículo, dependiendo del proveedor y las especificaciones técnicas.
El análisis periodístico indica que el gasto total rondaría los 33 millones 300 mil pesos del erario para la protección de los ministros, considerando la adquisición de nueve unidades Jeep Grand Cherokee 2026 de alta gama con costo aproximado de 1 millón 700 mil pesos por unidad, más la implementación de blindaje nivel 5 con un valor de 2 millones de pesos aproximadamente por cada uno.
La Jeep Grand Cherokee cuenta con un motor Pentastar V6 que genera 293 caballos de fuerza y 260 libras-pie de torque. En materia de seguridad, obtuvo la calificación TOP SAFETY PICK+ del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS), la máxima distinción de este organismo, con evaluaciones de nivel “Bueno” en pruebas de impacto frontal y lateral. El modelo integra más de 110 elementos de seguridad, como frenado automático de emergencia, detección de peatones y ciclistas, monitoreo de conductor somnoliento y control de crucero adaptativo.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada el 23 de enero de 2026 sobre la adquisición de las camionetas durante su conferencia de prensa matutina. La mandataria nacional detalló que al conocer la información sobre la renovación de las camionetas, solicitó a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), indagar al respecto.
Sheinbaum Pardo declaró que la adquisición de nueve camionetas blindadas para ministros de la SCJN representó un ahorro superior a mil millones de pesos al Poder Judicial de la Federación, tras sustituir un contrato de arrendamiento de vehículos por la compra directa de las unidades. “Había un contrato de renta de vehículos y decidieron sustituirlo por la compra y ahorraron más de mil millones de pesos en este proceso”, señaló la presidenta de la República.
No obstante, la titular del Poder Ejecutivo Federal subrayó que el Órgano de Administración del Poder Judicial debe informar sobre esta adquisición. Al ser cuestionada sobre si existía alguna amenaza específica contra ministros ante estas medidas de seguridad, Sheinbaum Pardo respondió que “todo ello tiene que informarlo” la SCJN.
El Órgano de Administración Judicial informó el 23 de enero de 2026 que el Poder Judicial de la Federación adquirió 571 vehículos de distintos tipos en el último trimestre de 2025, con una inversión de 252 millones de pesos, como parte de un programa de renovación vehicular que sustituye un esquema de arrendamiento que generaba costos de 366.2 millones de pesos anuales, con contratos de al menos tres años de vigencia.
Según el OAJ, mantener el modelo de arrendamiento habría implicado un gasto anual de 366.2 millones de pesos. La institución afirmó que con esta política de administración se ahorrarían 1,098 millones de pesos para el periodo, ya que la inversión de 252 millones de pesos equivale a 68.8 por ciento del costo de un solo año de arrendamiento.
La SCJN explicó que, para no gastar más, realizó la compra al mismo tiempo que desincorporó un parque vehicular mayor al que adquirió. La Corte precisó que la adquisición se llevó a cabo de manera paralela al proceso de desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido, con el propósito de no generar un gasto mayor para la institución.
El Acuerdo XI/2019 de la SCJN establece que para los vehículos con características especiales de apoyo a la seguridad, el límite de costo “No aplica”. Esta flexibilidad permite que los mandos superiores accedan a modelos de alta gama con blindajes especializados sin enfrentarse a restricciones de precio. El documento justifica esta medida señalando que la funcionalidad debe ser estrictamente acorde a la seguridad requerida para sus funciones.
El artículo 32 del citado acuerdo establece que las unidades de seguridad pueden renovarse cada cuatro años, e incluso el reglamento permite que el reemplazo ocurra antes de dicho periodo si un dictamen técnico determina que las condiciones ya no son óptimas. Este ciclo de reemplazo corto asegura que los ministros siempre cuenten con tecnología de punta en materia de blindaje y respuesta motriz.
La operatividad de estos blindados también está cubierta por cuotas mensuales de combustible que fueron ajustadas en la reforma de febrero de 2025. Para las unidades de 8 cilindros, que suelen ser las camionetas blindadas, la asignación máxima mensual alcanza hasta los 175 litros de gasolina. Además, la Suprema Corte absorbe el pago de los deducibles en caso de siniestro, daño o robo, siempre que el uso haya sido oficial.
La adquisición de las camionetas blindadas generó críticas y debates en redes sociales debido a su alto costo, que contrasta con el discurso de austeridad que ha marcado la política pública en los últimos años. El periodista Salvador García Soto ironizó al llamarlas “camionetas del Bienestar”, subrayando la aparente incongruencia entre el discurso de austeridad y la compra de vehículos de lujo financiados con recursos públicos.
Los integrantes de la nueva SCJN llegaron a ocupar un lugar en el organismo tras una larga y polémica campaña por la aprobación de la reforma judicial en México, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la que la bandera principal tanto de candidatos como de los gobiernos morenistas ondeaba en torno al fin de la corrupción, el nepotismo, los privilegios y la austeridad. Los nueve ministros fueron electos el 1 de junio de 2025 en las primeras elecciones para elegir al Poder Judicial en México, derivado de la reforma judicial de 2024, y asumieron funciones el 1 de septiembre de 2025.
El presupuesto aprobado para la Suprema Corte para 2026 asciende a 5,208 millones de pesos, según información difundida en medios de comunicación. Los 27 millones de pesos que se gastarían en la adquisición de las camionetas representan una fracción de este presupuesto.
