Fiscales de Nueva York imputan cuatro cargos a Maduro y aliados: narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración armada contra Estados Unidos federales vigentes.
El presidente Nicolás Maduro Moros y su esposa Cilia Flores se declararon no culpables, el 5 de enero de 2026, ante el juez Alvin K. Hellerstein, en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, de los cuatro cargos de narcotráfico y narcoterrorismo que enfrentan tras su detención en Caracas dos días antes.
La comparecencia marcó la primera aparición de ambos ante un tribunal estadounidense tras su captura la madrugada del 3 de enero de 2026 por un grupo élite del ejército de Estados Unidos en la capital venezolana. Durante la audiencia en Brooklyn, Maduro y Flores respondieron a las imputaciones formales mediante sus respectivos defensores.
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El mandatario venezolano contrató los servicios de Barry Pollack, penalista con 35 años de experiencia en defensa de casos de seguridad nacional y espionaje, reconocido por haber representado a Julian Assange en su reciente liberación tras 15 años de litigio. Pollack, socio del despacho Harris St. Laurent & Wechsler con sedes en Washington y Nueva York, presentó un documento de “Appearance of counsel” para asumir formalmente la defensa.
Por su parte, Flores eligió a Mark E. Donnelly, abogado con más de dos décadas de trayectoria que incluye servicio en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas, especializado en delitos fiscales y acuerdos con la fiscalía.
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Los cuatro cargos imputados por fiscales de Nueva York contra Maduro, Flores, su hijo Nicolás Ernesto Maduro Flores, el ministro del Interior venezolano Diosdado Cabello, el exministro Ramón Rodríguez Chacín y el capo Héctor Rusthenford Guerrero, alias “El Niño Guerrero”, líder del cártel del Tren de Aragua, comprenden conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer dichos armamentos contra Estados Unidos.
Según el escrito de acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el gobierno de Maduro conspiró para introducir toneladas de cocaína a territorio estadounidense, con estimaciones que ubican el tráfico entre 200 y 250 toneladas para 2020. Las autoridades estadounidenses señalan que Maduro ha estado involucrado en el tráfico de drogas desde antes de asumir la presidencia de Venezuela en 2013, tras la muerte de Hugo Chávez. El expresidente Donald Trump ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a su captura, acusándolo de encabezar el Cártel de los Soles, organización que el mandatario venezolano ha negado dirigir.
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“Soy inocente. Sigo siendo el presidente de mi país”, declaró Maduro ante el juez Hellerstein durante la audiencia, según testimonios presentes en la sala. La declaración reflejó la postura del líder venezolano de mantener su condición de jefe de Estado a pesar de su detención y procesamiento en territorio estadounidense.
Afuera de las instalaciones de la corte federal en Brooklyn, decenas de manifestantes se concentraron para protestar contra la intervención de Estados Unidos en Venezuela y exigir la liberación del mandatario.
Los asistentes ondearon banderas venezolanas y portaron carteles con leyendas como “Liberen al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores”, “Estados Unidos fuera de América Latina y El Caribe” y “Estados Unidos saca las manos de Venezuela”. Las consignas a favor de Maduro resonaron durante la diligencia judicial, mientras los manifestantes abogaban por su liberación inmediata.
El proceso legal contra el presidente venezolano y sus coacusados continuará en las próximas semanas con audiencias adicionales en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.
La defensa encabezada por Pollack enfrentará las acusaciones de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, cargos que conllevan penas sustanciales de acuerdo con el código penal estadounidense.
La captura de Maduro marca un momento sin precedentes en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, al someter a un jefe de Estado en ejercicio a proceso judicial en territorio estadounidense, por delitos de narcotráfico internacional.
