En el mes de noviembre del 2025, por unanimidad, el Senado de la República aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, creando un marco jurídico a nivel nacional que pudiese hacerle frente a dicha situación.
Dentro de los principales cambios que se presentaron con la iniciativa fue el aumento de la pena para aquellas personas que sean declaradas culpables del delito de extorsión, teniendo una penalidad mínima de 15 años y una máxima de 25; sin embargo, dependiendo de ciertas agravantes, esta sanción puede llegar a aumentarse.
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Además, obliga a los centros de readaptación a establecer métodos nuevos usando la tecnología para evitar en gran medida la realización de llamadas telefónicas dentro de los cerezos que puedan relacionarse con algún tipo de actividad ilícita por el delito de la extorsión.
En Baja California, de acuerdo a datos presentados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se ha registrado una disminución en este tipo de casos, pasando de tener 169 en el 2021 a 98 en el 2024, y al corte del mes de noviembre del 2025, 84 de estos casos; sin embargo, en repetidas ocasiones, particularmente durante este último año, autoridades estatales, como la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda y la fiscal general del Estado, Ma. Elena Andrade Ramírez, han reconocido que realmente no existe una cifra importante en la atención ante estos incidentes debido a que muchas veces la ciudadanía no realiza la denuncia correspondiente de manera formal, aunque suelen utilizarse otros canales, como medios de comunicación y redes sociales, para exponer la comisión de este delito, particularmente en sectores productivos, comerciantes, vendedores y distribuidores de productos o servicios.
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APROBACIÓN DE LA LEY ANTIEXTORSIÓN EN BAJA CALIFORNIA
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El pasado viernes 26 de diciembre, de forma unánime, el Congreso del Estado aprobó la ley en materia de extorsión, argumentando que, con la nueva normatividad se reforzará el tema de la investigación de estos delitos.
El diputado presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Poder Legislativo local, Juan Manuel Molina García, declaró que la intervención de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía General del Estado tomará más relevancia ante dicho delito ya que, en dado caso que se presente una denuncia de extorsión relacionada al crimen organizado, ésta será de carácter federal, mientras que la relacionada a delitos del ámbito local o cometida por particulares, será la autoridad investigadora en Baja California quien realizará las diligencias.
“Uno serán competencia de los estados, otros serán de competencia de la Federación: si estos derivan de una extorsión interestatal, va a ser competencia federal; si deriva de actos vinculados con delincuencia organizada, va a ser competencia federal. Aquí se determinó una cierta cantidad de características que van a determinar si sigue siendo de sentencia de las autoridades del estado y otras se reservarán a la Federación”.
Dentro de la ley aprobada en el estado, también se busca implementar la creación de un centro de atención y prevención del delito de extorsión, misma que, en dado caso que se ejecute, será manejada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encargada de la prevención del delito de extorsión.
También se propone la creación de una unidad especializada en delitos de extorsión, misma que contará con diversos perfiles expertos en la materia y la facultad de implementar mecanismos que mejoren la recepción de denuncias; asimismo, Molina García informó que el ejecutivo estatal tendrá que implementar una estrategia clara para hacerle frente a dicho problema, buscando principalmente la prevención de la extorsión, fortalecer la colaboración entre la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República.
ZETA cuestionó al legislador Juan Manuel Molina García sobre si la ley aprobada en Baja California es una ley espejo de lo aprobado a nivel federal, a lo que el legislador aseguró que, si bien es cierto que la normatividad local cuenta con varias similitudes con la federal, lo votado en el legislativo de la entidad tiene diversas modificaciones, ya que se adaptó para el estado, buscando así, de acuerdo al diputado, crear un mecanismo aterrizado en la región que cumpla con las denuncias realizadas por las y los bajacalifornianos.
“Leyes espejo son las que se utilizan como base precisamente, pero obviamente se conceptualiza la necesidad específica del estado y eso es lo que se hizo precisamente con esta iniciativa; la ley general donde se establecen los tipos penales es competencia del Congreso de la Unión y algunas de las partes, como la fiscalía especializada, como el tema de los centros de relación, nos obliga a nivel estado”.
Otra adición trascendental es que en la Ley queda explícito que el delito de extorsión se persigue de oficio; es decir que, sin necesidad de que exista una denuncia, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la comisión del delito, por cualquier vía, deberá iniciar la investigación correspondiente.
El diputado Molina lo explicó así:
“Cualquier forma en que la fiscalía se entere de la existencia de, tendrá que iniciar carpeta de investigación. Ustedes saben que inclusive en delitos oficiosos, si aparece una publicación de un medio de comunicación donde dice tal, se inicia, si se recibe de manera telefónica, se va a iniciar también; ya no va a ser a que tenga que irse a presentarse específicamente la denuncia o en este caso la querella por el delito”.
Otros delitos que en Baja California se investigan por oficio son el homicidio, sea culposo o doloso, el secuestro, la delincuencia organizada, el narcotráfico, violación y abuso sexual, corrupción, y delitos contra la hacienda pública.
COBRO DE PISO EN DELITO DE EXTORSIÓN
Después de la aprobación, la diputada por el PAN, Alejandrina Corral, catalogó como innecesario la votación de dicha ley el pasado 26 de diciembre, ya que se hizo de forma apresurada debido a que contaban con 180 días para analizarla y poder fortalecerla aún más.
En ese mismo sentido, dijo estar en contra de que el tema del cobro de piso lo engloben también dentro de la extorsión, esto porque cumplan con características diferentes y sólo refleja que no quieren reconocer que realmente existen los casos en donde el crimen organizado le cobra a los comerciantes para que puedan seguir operando.
“Ahí viene definido el tipo penal de la extorción y ahí vienen poniendo el cobro de piso que yo no estoy de acuerdo; yo presenté una iniciativa en la que yo decía que era muy distinto. Además, en la ley menciona la implementación de tecnología y por la tecnología nos están dando 180 días; si tú hablas de eso, pues era innecesario que lo viéramos hoy en una extraordinaria”.
Además, mencionó que este tema también se tuvo que haber analizado antes de que se presentara el presupuesto del 2026 debido a que se requiere la implementación de herramientas tecnológicas y mecanismos, situación que representará un gasto para el estado.
Por su parte, la diputada Daylin García Ruvalcaba reconoció que dicha aprobación es un avance para hacerle frente a la problemática que ha tomado mucho auge en los últimos años; sin embargo, al menos en lo aprobado en Baja California, dijo que carece de un parámetro en concreto para realmente ejercer la política pública de buena manera y dudó que, ahora habrá menos impunidad en este tema.
“Cuando hacemos una aprobación sin un recurso etiquetado, sin proyectos o una política pública medible, pues nace muerte la ley; también requerimos que se pongan la camiseta y se ejerza recurso específico y que se hagan líneas de acción para poder tener una política pública que de verdad funcione”.
SIN LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS LAS LEYES NO SIRVEN
Después de la aprobación de la Ley en materia de extorsión tanto a nivel federal como estatal, ZETA entrevistó al presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Roberto Quijano, quien indicó estar de acuerdo con la implementación de la cuestión jurídica en el tema; sin embargo, el que se implementen este tipo de leyes no exime a las personas de cometer los delitos, argumentando que, para que realmente pueda existir una disminución en tema de extorsión, tiene que haber un trabajo importante en la prevención de esta actividad.
“El hecho de que se pongan sanciones, penas corporales más extensas, no inhibe la comisión del delito; esa no es la solución. Nosotros lo hemos dicho desde un principio: a los delincuentes poco les importa la sanción; mientras no haya investigación, mientras no haya investigaciones reales de los responsables, porque quienes los están deteniendo son personas que son los de tercer o cuarto nivel, los de primero o segundo no han sido detenidos, sentimos que no tendrá mayor trascendencia esa reforma”.
En lugar de ser una forma para prevenir y erradicar la extorsión a nivel federal y estatal, Quijano Sosa clasificó la ley como algo meramente político, tratando de mandar un mensaje a la ciudadanía de que los tres órdenes de gobierno están trabajando para la erradicación de la violencia, no obstante, los delitos como la extorsión y las amenazas o cobro de piso, no se solucionan con estas acciones.
Para el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, el problema de la extorsión y las amenazas persisten en el estado, particularmente en Tijuana, y uno de los problemas principales es que la ciudadanía decide no denunciar por miedo a represalias en su contra, haciendo que la autoridad no tenga un coteo como tal de denuncias y facilitando el discurso que han compartido en los últimos meses.
“Lo denunciamos, lo estuvimos señalando y por todos esos años se nos estuvo diciendo que en Baja California no existía, basado en que no había denuncias; y evidentemente no hay denuncia porque generalmente quien comete el delito va cada semana para algo y ya sabe, hay una gran filtración por parte de las fiscalías en estos temas y por eso las personas no quieren denunciar”.
Finalmente, Roberto Quijano Sosa propuso que se refuerce y se trabaje de mejor manera dentro de la Fiscalía General del Estado y de la República, para que estas denuncias terminen con un responsable sancionado, impulsando así a que la población denuncie, sabiendo que no existirá impunidad, y a su vez, que las personas que delinquen de esta forma, lo piensen dos veces antes de cometer el acto.
RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA EN CONTRA DE LA EXTORSIÓN, SEGÚN EL EJECUTIVO DE BAJA CALIFORNIA
De acuerdo al Gobierno de Baja California, desde que se implementó la estrategia nacional y estatal en contra de la extorsión, se han detenido a 68 personas y se han desarticulado a 22 células delictivas; además, informaron que, se han judicializado 34 casos en todo el estado.
