Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, otorgó, el 12 de enero de 2026, una suspensión provisional que frenó temporalmente la apertura a juicio oral en el proceso que se seguía contra César Horacio Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La medida cautelar ordenó detener el procedimiento penal una vez concluida la etapa intermedia, impidiendo que se dictara el auto de apertura de juicio oral, mientras se desahogaba el amparo que el exmandatario promovió contra la vinculación a proceso dictada el 14 de diciembre de 2025.
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El juzgador federal dejó claro que la suspensión provisional no implicó bajo ninguna circunstancia la obtención de la libertad para Duarte Jáquez, quien continuó recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1, conocido como El Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.
Niño Jiménez programó para el 30 de enero de 2026 la audiencia en la que determinará si concedía o no la suspensión definitiva respecto a la vinculación a proceso. Si se otorgara la medida precautoria definitiva, el inicio del juicio quedaría en suspenso por tiempo indefinido.
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La suspensión estará vigente hasta que el juez federal resuelva sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva, sin que se haya informado con precisión la fecha ni la hora de la audiencia en la que se analizará este tema.
Según la imputación de la Fiscalía General de la República (FGR), Duarte Jáquez empleó un esquema de simulación de apoyos para el sector ganadero durante su administración como gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016, pero los recursos del erario fueron canalizados a empresas donde él figuraba como el socio mayoritario.
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Posteriormente, las transferencias llegaban a sus cuentas personales o las de su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, y sus hijos, mismas que sumaron alrededor de 73 millones 925 mil 995.09 pesos.
La investigación federal señaló que entre junio de 2011 y noviembre de 2014, el Gobierno del estado de Chihuahua transfirió 96.6 millones de pesos a las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la División del Norte, SOFOM, en las cuales Duarte Jáquez aparecía como accionista mayoritario.
Del total de los recursos transferidos, la FGR estimó que el 76 por ciento, equivalente a 73.9 millones de pesos, fueron objeto de maniobras para ocultar su origen, mediante ocho operaciones realizadas dentro del sistema financiero, con la dispersión del dinero hacia diversas personas físicas y morales.
Una vez que los recursos ingresaban a las empresas vinculadas al ex gobernador, fueron transferidos y traspasados a otras compañías, entre ellas Acalá, Pavimentos y Servicios de Parral, Valles Baca Hermanos, así como a empresas propiedad de Duarte Jáquez, como El Saucito de Balleza e Hidroponía de Parral, y a cuentas de Gómez Fong.
La investigación también señaló la participación de Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, quien fue funcionario de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Chihuahua y, a su vez, tesorero de las empresas del exgobernador. Hermosillo Arteaga falleció el 20 de marzo de 2017, tras sufrir un accidente automovilístico.
La Fiscalía General de la República (FGR), bajo la titularidad de Ernestina Godoy Ramos, detuvo a Duarte Jáquez el 8 de diciembre de 2025 en la capital de Chihuahua, específicamente en el fraccionamiento Jardines de San Francisco, alrededor de las 14:43 horas.
La detención se ejecutó en cumplimiento a la orden de captura emitida el 16 de mayo de 2024 por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México.
Tras su captura, el exgobernador fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde ingresó formalmente a las 01:40 horas del 9 de diciembre de 2025.
El 10 de diciembre de 2025, la jueza de control María Jazmín Ambriz López, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, dictó prisión preventiva justificada al ex mandatario estatal, tras una audiencia de más de 14 horas, que concluyó a las 2:00 de la madrugada.
La juzgadora determinó que existía riesgo procesal al considerar que el exgobernador contaba con influencia económica y social en el estado de Chihuahua, lo que podría obstaculizar las investigaciones.
El 14 de diciembre de 2025, durante una audiencia celebrada al mediodía, Ambriz López dictó auto de vinculación a proceso contra Duarte Jáquez por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero.
Durante la audiencia, que se llevó a cabo a las 09:00 horas de ese domingo, Duarte Jáquez negó las acusaciones en su contra. Su defensa pidió que no se le vinculara a proceso y alegó que su cliente era víctima de persecución política.
La jueza federal ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo que vence el 9 de junio de 2026, durante el cual el exgobernador permanecería recluido en el CEFERESO número 1, El Altiplano.
Duarte Jáquez fue detenido el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, tras permanecer prófugo de la justicia, y fue extraditado a México el 2 de junio de 2022, por los probables delitos de peculado y asociación delictuosa, delitos que le imputó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua.
Este caso marcó un hito importante al ser el primer proceso del orden federal que Duarte Jáquez enfrentó, ya que desde su extradición de Estados Unidos, solo se le pudo juzgar por delitos del fuero común.
El 4 de octubre de 2024, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tramitó ante el Gobierno de Estados Unidos la autorización para poder procesarlo por un delito distinto a los de peculado y asociación delictuosa, misma que fue concedida el 4 de diciembre de 2025.
Esta autorización permitió a las autoridades mexicanas procesar al exgobernador por delitos distintos a los que motivaron su extradición original, superando el Principio de Especialidad establecido en el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos.
Daniel Marcelino Niño Jiménez es titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca.
El mismo juzgador federal ha emitido resoluciones similares en casos de alto perfil, como el otorgamiento de una suspensión definitiva el 26 de marzo de 2025 a Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, piloto aviador vinculado al cártel de Sinaloa y señalado como participante en el secuestro de Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”.
Niño Jiménez también desechó en abril de 2025 un amparo promovido por Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, ex líder de Los Caballeros Templarios, contra su posible extradición a Estados Unidos.
Por ahora, se encuentra en curso un plazo de seis meses que vence el 9 de junio de 2026 para que la defensa y la Fiscalía General de la República acopien los datos de prueba que pretendan presentar en un futuro juicio, en caso de llegar a esa etapa procesal.
Una vez cumplido ese término, la FGR ya no podrá pedir una ampliación del mismo, pero el procesado sí tiene derecho a solicitarlo. Las investigaciones de la Fiscalía General de la República constan de 88 tomos y 360 anexos que sostienen la acusación contra Duarte Jáquez.
Si Niño Jiménez concediera la suspensión definitiva en la audiencia programada para el 30 de enero de 2026, el inicio del juicio quedaría en suspenso por tiempo indefinido, aunque Duarte Jáquez continuaría recluido en el penal de El Altiplano.
