El Gobierno Federal notificó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que el 18 de enero de 2026 un avión militar Hércules C-130 de Estados Unidos aterrizaría en el Aeropuerto Internacional de Toluca para trasladar a 60 elementos de la Armada de México rumbo a un curso de capacitación en Camp Shelby, Mississippi. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró el 19 de enero del mismo mes y año que el avión transportó a personal civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lo que generó cuestionamientos del Partido Acción Nacional (PAN) sobre el respeto a las facultades constitucionales del Senado.
El dictamen enviado por el Gobierno Federal a la Comisión Permanente establecía que la Cámara de Senadores, en ejercicio de la facultad exclusiva que le concede el artículo 76, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concedería autorización a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de 60 elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, para que participaran en el evento denominado “Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales”, que se llevaría a cabo del 18 de enero al 13 de marzo de 2026 en Camp Shelby, Mississippi, Estados Unidos. El documento especificaba que los efectivos se trasladarían a bordo de una aeronave militar de la Fuerza Aérea Estadounidense C-130 Hércules, que despegaría el 18 de enero de 2026 del Aeropuerto Internacional de Toluca para aterrizar en Camp Shelby y retornaría a territorio nacional el 13 de marzo de 2026.
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La aeronave, identificada como un Lockheed Martin C-130J Super Hércules con matrícula 08-5726, despegó el 17 de enero de 2026 desde la base militar Dyess en Abilene, Texas, y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca aproximadamente a las 14:46 horas del mismo día. El 18 de enero del mismo mes y año, la aeronave despegó de la capital mexiquense y aterrizó en Brownsville, Texas, a las 11:14 horas.
El 19 de enero de 2026, la presidenta Sheinbaum Pardo explicó que a bordo del avión Hércules había viajado un grupo de civiles de la SSPC para recibir capacitación por parte del Comando Norte de Estados Unidos. La mandataria nacional afirmó que la autorización se aprobó desde octubre de 2025 y que no requería la aprobación del Senado, ya que no implicaba el ingreso de tropas extranjeras a territorio nacional. La titular del Poder Ejecutivo Federal precisó que el personal permanecería un mes en Estados Unidos y retornaría a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).
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El senador panista Ricardo Anaya Cortés, coordinador de la bancada blanquiazul, exigió transparencia total y respeto constitucional respecto al operativo. Anaya señaló que existía un evidente problema de respeto a la Constitución y a las facultades exclusivas del Senado, ya que el Gobierno Federal ingresó un dictamen que nunca fue aprobado, en el que se establecía que una aeronave militar tipo Hércules aterrizaría en el Aeropuerto Internacional de Toluca el 18 de enero de 2026 para trasladar elementos de la Armada de México a Estados Unidos.
El jefe de la bancada blanquiazul aseguró que la versión oficial no coincidía con el documento presentado al Senado. “Hoy se nos dice que ese mismo avión, en ese mismo aeropuerto y en esa misma fecha, vino a transportar a personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esa versión no coincide con el documento oficial que el Ejecutivo presentó al Senado y que jamás obtuvo autorización”, afirmó Anaya.
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El legislador panista consideró que cuando se trata de aeronaves militares, de movimientos de personal y de fechas exactas, la Constitución establece que el control corresponde al Senado. “No es optativo. Y aquí hay un problema institucional más profundo. Desde la Oposición hemos señalado que Morena ha reducido al Senado a una simple oficialía de partes del Ejecutivo. Hoy ni siquiera a eso llegamos: se presentan asuntos que son facultad exclusiva del Senado y no se discuten, no se votan y no se transparentan. El Senado queda completamente anulado”, expresó Anaya.
El senador del PAN exigió que se informara con precisión quiénes viajaron, de qué institución eran, bajo qué marco jurídico lo hicieron y por qué se ejecutó una operación que el Gobierno Federal sometió al Senado sin que éste la aprobara. “Cooperación sí. Opacidad no. Y respeto absoluto a las facultades constitucionales del Senado”, concluyó Anaya.
La solicitud original que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, remitió a la Comisión Permanente el 17 de diciembre de 2025, contemplaba la autorización para el ingreso a territorio mexicano de 29 efectivos de fuerzas especiales de la Marina de Estados Unidos, entre ellos integrantes de los Navy SEALs y del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales, con el objetivo de participar en ejercicios de capacitación conjunta con la Armada de México. La solicitud también incluía la salida de 60 elementos de la Armada de México para entrenarse en Camp Shelby del 18 de enero al 13 de marzo de 2026, utilizando una aeronave militar estadounidense con salida desde el Aeropuerto Internacional de Toluca.
El 22 de diciembre de 2025, el Senado de la República informó que el 5 de enero de 2026 se realizaría una sesión de la Comisión de Marina, con la posibilidad de un periodo extraordinario para resolver la solicitud. No obstante, el 3 de enero de 2026, la comisión canceló la sesión, dejando sin autorización formal tanto la salida de los marinos mexicanos como el ingreso de tropas extranjeras. La suspensión se dio en el contexto de la operación militar ejecutada por Estados Unidos en Venezuela para la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, lo que generó tensiones diplomáticas en la región.
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, aclaró que la cámara alta no tiene facultades constitucionales para autorizar el ingreso de aviones militares extranjeros, ya que la Constitución únicamente contempla la entrada y salida de tropas. “En el caso de los aviones, es directamente el Gabinete de Seguridad quien tiene que dar su consentimiento. Son diferentes aviones los que aterrizan en territorio mexicano, pero esto no está contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la entrada y salida de tropas es lo que especifica, no la entrada o salida de algún avión”, detalló la senadora morenista.
El Gabinete de Seguridad de México informó la noche del 18 de enero de 2026 que la presencia del avión Hércules C-130 en el Aeropuerto Internacional de Toluca obedecía a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación. La dependencia precisó que el vuelo se realizó con autorización previa, conforme a los protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral entre México y Estados Unidos.
La presidenta Sheinbaum Pardo explicó que la diferencia en esta ocasión radicó en que la aeronave estadounidense no aterrizó en una base aérea militar, sino en un aeropuerto civil. La mandataria nacional señaló que el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Toluca fue una condición que se estableció y fue autorizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), aunque no explicó el motivo específico del cambio de ubicación.
El artículo 76, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como facultad exclusiva del Senado de la República autorizar al presidente de la República para que permita la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia por más de un mes en aguas mexicanas. La interpretación de si esta facultad aplica al tránsito de aeronaves militares extranjeras con tripulación militar activa generó divergencias entre el Ejecutivo Federal y la Oposición.
El diputado Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, afirmó que permitir el aterrizaje de aeronaves militares estadounidenses y la salida de marinos mexicanos sin autorización legislativa violaría la Constitución. El legislador panista cuestionó si existía algún acuerdo bilateral que permitiera este tipo de operaciones y exigió al Gobierno Federal que explicara las condiciones bajo las cuales se ejecutan este tipo de movimientos.
Hasta el 20 de enero de 2026, el Senado de la República no había reprogramado la sesión de la Comisión de Marina, por lo que no existía autorización oficial para el ingreso de tropas estadounidenses ni para la salida de elementos de la Armada de México. La discrepancia entre el dictamen presentado al Congreso, que especificaba el traslado de 60 marinos, y la explicación de la presidenta Sheinbaum Pardo, que afirmó que el avión transportó personal civil de la SSPC, alimentó la controversia sobre la transparencia del operativo y el respeto a las facultades del Poder Legislativo.
