Agentes de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa llevaron a cabo un cateo, el 27 de enero de 2026, durante las diligencias de búsqueda de 10 ingenieros mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver, que fueron privados de la libertad por un grupo armado, el 23 de enero de 2026, en el municipio de Concordia, Sinaloa.
La corporación informó el 29 de enero de 2026 que la diligencia se llevó a cabo el martes anterior con la autorización de un juez competente, sin embargo, no reveló el lugar donde se ejecutó el cateo ni los resultados obtenidos. Según informó Isaac Aguayo Roacho, titular de la Vicefiscalía Regional de la Zona Sur de Sinaloa, durante los cateos realizados en zonas serranas se localizaron objetos personales y un gafete de identificación, los cuales confirmaron la presencia de las víctimas en dichos puntos y aportaron elementos para el desarrollo de las líneas de investigación.
Publicidad
Los trabajadores fueron privados de su libertad el 23 de enero de 2026 cuando se encontraban en un campamento denominado “La Clementina”, en la comunidad de Pánuco, municipio de Concordia, Sinaloa, y desde esa fecha se desconoce su paradero. Según la versión difundida por familiares de las víctimas, los hechos ocurrieron durante la mañana de ese día, aproximadamente entre las 06:00 y las 07:00 horas, cuando hombres armados irrumpieron en el fraccionamiento donde estaban hospedados los trabajadores y se los llevaron por la fuerza.
Según la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, la denuncia de la desaparición fue realizada el 24 de enero de 2026 por la apoderada legal de la empresa Vizsla Silver a través de una llamada efectuada al teléfono de emergencia 911. La corporación informó que abrió una carpeta de investigación por la desaparición de las 10 personas, la cual quedó integrada por el delito de Desaparición Cometida por Particulares.
Publicidad
Aguayo Roacho detalló que la carpeta de investigación fue abierta el 24 de enero de 2026, luego de que la empresa minera reportara la desaparición de sus trabajadores, quienes residían de manera temporal en domicilios rentados en la cabecera municipal de Concordia. El vicefiscal regional precisó que no se recibió ninguna solicitud de rescate, por lo que jurídicamente el caso no se clasificó como secuestro, sino como privación ilegal de la libertad. Asimismo, señaló que no existían antecedentes de amenazas o amedrentamientos previos contra los trabajadores, según lo informado por familiares que tuvieron contacto con la Fiscalía.
Según redes sociales y medios locales, las víctimas fueron identificadas como José Antonio Jiménez Nevárez, Francisco Jesús Aguilar, Pablo Osorio Sánchez, Saúl Alberto Ochoa Pérez, Ignacio Salazar, José Castañeda, Antonio Esparza, Javier Vargas, Javier Valdez y José Ángel Hernández. Según los reportes, algunos de los desaparecidos son residentes de Hermosillo, Sonora, y también habría personal originario de Chihuahua y otras entidades del país.
Publicidad
La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa emitió tres fichas de búsqueda relacionadas con este caso: José Antonio Jiménez Nevárez, de 34 años, Pablo Osorio Sánchez, de 26 años, y Saúl Alberto Ochoa Pérez, de 39 años. Las fichas oficiales detallaron que fueron vistos por última vez el 23 de enero de 2026, alrededor de las 07:00 horas, en la colonia Centro de Concordia. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua también emitió una ficha de búsqueda para Saúl Alberto Ochoa Pérez, originario de Lázaro Cárdenas, municipio de Meoqui, Chihuahua, mientras que la Comisión de Búsqueda de Sonora publicó una ficha para José Antonio Jiménez Nevárez con número de contacto para aportar información sobre su localización.
Entre las personas identificadas como desaparecidas figuran Antonio Esparza, quien se desempeñaba como gerente de relaciones comunitarias de Vizsla Silver; José Castañeda, geólogo; Antonio de la O, supervisor de medio ambiente; así como los guardias de seguridad Javier Vargas y Javier Valdez, según información compartida en plataformas digitales y fichas de búsqueda oficiales.
Los trabajadores desaparecidos son en su mayoría ingenieros, originarios de Zacatecas, Chihuahua, Sonora, Durango y Sinaloa, quienes laboraban para la empresa minera en Concordia. Hasta el 29 de enero de 2026, se presentaron tres denuncias formales ante la Fiscalía de Sinaloa, mientras que otras más fueron interpuestas en entidades como Zacatecas, con cuyas autoridades se mantiene coordinación interinstitucional para el intercambio de información.
Desde que se recibió el reporte, se mantienen operativos de búsqueda permanentes en Concordia y municipios aledaños, con la participación de diversas corporaciones de seguridad y procuración de justicia. Aguayo Roacho explicó que la investigación es encabezada por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de casos. Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, la Fiscalía mantiene coordinación interinstitucional con autoridades estatales y federales, entre ellas la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Sinaloa y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Aguayo Roacho subrayó que aún era prematuro establecer el móvil de los hechos, por lo que la autoridad continuaría trabajando con base en los indicios recabados, evitando especulaciones hasta lograr el esclarecimiento del caso y la localización de los trabajadores. Hasta el 29 de enero de 2026, la Fiscalía no precisó el número total de personas desaparecidas ni las circunstancias específicas en las que ocurrió el hecho, ni emitió datos oficiales sobre posibles responsables.
La fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó en declaraciones a medios que se trabajaba en coordinación con autoridades federales. Sánchez Kondo fue nombrada por el Congreso del Estado de Sinaloa como Fiscal General el 28 de agosto de 2024. Es originaria de Culiacán, Sinaloa, licenciada en Derecho y Ciencias Sociales con Maestría en Violencias de Género con enfoque en Criminología y Derechos Humanos.
El 28 de enero de 2026, la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp publicó un comunicado en el que informó que 10 personas fueron privadas de su libertad en su proyecto ubicado en Concordia, México. La compañía, que cotiza en las bolsas de Toronto, Nueva York y Frankfurt, señaló que el incidente estaba siendo investigado y que la información seguía siendo limitada. La empresa subrayó que su prioridad inmediata era la seguridad y el bienestar de las personas involucradas.
Vizsla Silver informó que notificó a las autoridades locales y que sus equipos de gestión de crisis y respuesta de seguridad estaban trabajando activamente. Como medida de precaución, la empresa determinó suspender temporalmente ciertas actividades en el emplazamiento y sus alrededores. La compañía indicó que continuaría colaborando con las autoridades y que, conforme se contara con mayor información, se daría a conocer a través de los canales oficiales.
La empresa canadiense Vizsla Silver es responsable del Proyecto Pánuco en Concordia, con un financiamiento internacional de 300 millones de dólares. Entre 2021 y 2023, la empresa realizó una exploración agresiva que sumó más de 300,000 metros de barrenación, con lo que estimó recursos de más de 300 millones de onzas de plata equivalente. El proyecto generaría más de 200 empleos directos y beneficiaría a aproximadamente 25,000 a 30,000 personas que viven en los distintos ejidos alrededor del proyecto, así como a la municipalidad de Concordia.
La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) manifestó el 28 de enero de 2026, a través de sus redes sociales, su “profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad, por parte de personas desconocidas, de 10 profesionales de la industria minera con un desempeño honesto en su forma laboral en el municipio de Concordia, Sinaloa, desde el pasado 23 de enero”. La agrupación señaló que, de manera respetuosa, se acercó a las autoridades del Gobierno del Estado de Sinaloa para solicitar su pronta intervención, a efecto de que las instancias competentes realizaran las acciones necesarias que permitieran su regreso con bien.
Los hechos ocurrieron en un contexto de violencia e inseguridad persistente en Sinaloa, producto de la disputa interna entre dos facciones del Cártel de Sinaloa —”Los Chapitos” y “La Mayiza”— que se intensificó desde septiembre de 2024 tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López en Estados Unidos. La confrontación entre “Los Chapitos” y “Los Mayitos” sumergió a Sinaloa en su año más violento desde 2011. En 2025, esa entidad cerró con 1,654 homicidios dolosos, con lo que superó por 66 por ciento a los 993 asesinatos ocurridos un año atrás cuando se inició el conflicto entre ambas facciones del Cártel de Sinaloa.
Desde septiembre de 2024, el estado experimentó una escalada de violencia atribuida a la lucha interna entre estas dos facciones del Cártel de Sinaloa. Según cifras de organizaciones no gubernamentales, la disputa causó más de 1,800 muertos y más de 2,400 desapariciones forzadas desde septiembre de 2024.
Concordia es un municipio serrano al sur de Sinaloa y una de las zonas con mayor actividad de enfrentamientos entre grupos armados durante el actual conflicto entre “Los Chapitos” y “La Mayiza”. Respecto a Concordia, el pequeño municipio contó con la tasa de desaparición más alta del estado durante 2025, con 96.4 delitos por cada 100 mil habitantes, según cifras de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. A nivel estatal la tasa fue de 72.9 por cada 100 mil habitantes.
Pánuco es un pueblo de Concordia que fue, muchas veces, sede de enfrentamientos entre grupos armados y derivado de estos choques provocó el desplazamiento de pobladores tanto de esa comunidad como de otras de la serranía al sur del estado. Según la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social de Sinaloa (SEBIDES), Concordia fue el municipio con mayor número de personas desplazadas por la violencia en Sinaloa hasta mayo de 2025. Desde septiembre de 2024, se atendieron 528 familias desplazadas en el municipio de Concordia, el segundo más afectado después de Culiacán, que registró 581 familias desplazadas.
María Inés Pérez Corral, titular de la SEBIDES, informó que, desde el 9 de septiembre de 2024, atendieron a un total de 1,494 familias desplazadas forzadamente, alrededor de 6,000 personas. Los municipios más impactados fueron Culiacán y Concordia. En el municipio de Concordia, las familias desplazadas provenían de las comunidades de El Palmito, Potrerillos, La Petaca, Las Iguanas, Chirimoyos, Palmillas, Santa Lucía, El Batel, Santa Rita, Loberas, La Capilla del Taxte y Las Guacamayas.
El 16 de enero de 2026, autoridades localizaron dos campamentos con más de 2,000 cartuchos y rescataron a una persona privada de la libertad en el municipio de Concordia. El hallazgo y desactivación de dos presuntos campamentos del crimen organizado en el municipio de Concordia marcó un nuevo golpe a la delincuencia debido a la violencia que se desató en el estado desde septiembre de 2024 a causa de la disputa interna del Cártel de Sinaloa.
En diciembre de 2025, 12 jornaleros fueron privados de su libertad en Concordia durante su traslado al municipio de Elota para labores agrícolas. La fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó que los trabajadores fueron liberados después de más de 20 horas de haber sido privados de su libertad y ninguno presentó heridas.
