El Gobierno Federal de Estados Unidos calificó el 21 de enero de 2026 como un logro histórico de la Administración del presidente Donald Trump la expulsión de 37 presuntos integrantes de diversas organizaciones del narcotráfico desde México a territorio estadounidense, informó la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Jo Bondi. Según la funcionaria federal, este traslado forma parte de la misión de la Administración Trump para desmantelar a los cárteles de la droga que operan en México y otros países de la región.
En un comunicado difundido el 21 de enero de 2026, Bondi destacó que entre los 37 individuos trasladados se encontraban presuntos terroristas del Cártel de Sinaloa, del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de otras organizaciones criminales. “Este es otro logro histórico en la misión de la Administración Trump para desmantelar los cárteles. Estos 37 miembros de cárteles, incluidos terroristas del Cártel de Sinaloa, el CJNG y otros, ahora pagarán por sus crímenes contra el pueblo estadounidense en territorio estadounidense”, declaró la titular del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
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La fiscal general agradeció la colaboración con los socios internacionales y aseguró que garantizarían una justicia rápida e integral para los miembros de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) que, durante años, atacaron al pueblo estadounidense. El traslado de los 37 presuntos criminales se concretó el 20 de enero de 2026, informó Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal.
Pedro Inzunza Noriega: primer capo mexicano acusado de narcoterrorismo
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Al revelar la lista completa de los fugitivos expulsados por México por seguridad nacional, el Gobierno de Estados Unidos destacó el caso de Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla” o “El Sagitario”, quien junto con su hijo Pedro Inzunza Coronel se convirtieron en los primeros capos mexicanos a los que la Administración Trump fincó cargos de narcoterrorismo en 2025. Inzunza Noriega, de 62 años, fue detenido por personal de la SSPC Federal y de la Secretaría de Marina (Semar) el 31 de diciembre de 2025 en Culiacán de Rosales, capital de Sinaloa.
Según la acusación complementaria presentada el 16 de enero de 2026 ante la Corte del Distrito Sur de California, Inzunza Noriega será imputado por proveer apoyo material a una organización terrorista extranjera y por narcoterrorismo, al colaborar con un grupo vinculado al narcotráfico considerado terrorista por las autoridades estadounidenses. El escrito está firmado por el fiscal federal Joshua C. Mellor y fue presentado cuatro días antes de que se concretara el traslado de Inzunza Noriega a San Diego, California.
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La gravedad de las acusaciones permite penas de prisión de por vida. Las autoridades señalan que el acusado participó durante años en operaciones ilícitas en México, California, Guatemala, Panamá, Costa Rica y otros países. El pliego acusatorio incluye los delitos de Empresa Criminal Continua (CCE) bajo el estatuto “Drug Kingpin”, con penas de 20 años a prisión de por vida; narcoterrorismo por colaboración con grupos terroristas ligados al narcotráfico; y conspiración internacional para distribución masiva de fentanilo y cocaína en territorio estadounidense.
Las autoridades mexicanas y estadounidenses identifican a Inzunza Noriega como operador o colíder del Cártel de los Beltrán Leyva, organización aliada del Cártel de Sinaloa. Su hijo, Pedro Inzunza Coronel, alias “El Pichón” o “Pájaro”, fue abatido por elementos de la Semar durante un enfrentamiento en Choix, Sinaloa, el 30 de noviembre de 2025. Ambos fueron acusados en mayo de 2025 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo y narcotráfico, en lo que constituyó la primera acusación de este tipo presentada en suelo estadounidense contra traficantes de droga.
El 3 de diciembre de 2024, autoridades estadounidenses identificaron a los Inzunza como responsables de 1.6 toneladas de fentanilo decomisadas en Sinaloa, considerado hasta ese momento el mayor golpe contra esa droga en México.
Traslado forma parte de la cooperación bilateral en seguridad
García Harfuch informó en su cuenta de la red social X que la acción se llevó a cabo según la Ley de Seguridad Nacional y mediante mecanismos de cooperación bilateral, respetando plenamente la soberanía nacional. El funcionario federal detalló que, a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte para ninguno de los detenidos.
Los 37 presuntos criminales fueron trasladados a diversas ciudades estadounidenses, incluyendo Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, utilizando un total de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas mexicanas. Además de diversos nombres dados a conocer en México el 20 de enero de 2026, la Administración Trump reveló que en la lista de 37 individuos transferidos por el Gobierno mexicano estaban tres cuya identidad se mantiene bajo reserva. Sin embargo, reveló que uno enfrenta cargos en Arizona, otro en el Distrito Oeste de Texas y otro en el Distrito de Columbia.
Entre los individuos trasladados se encuentran Jorge Damián Román Figueroa, alias “El Soldado”, líder del grupo delictivo “Los Malas-Mañas”, vinculado a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa. También figura Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, líder regional del Cártel del Noreste. Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “Payo Zurita”, operador logístico del Cártel de los Beltrán Leyva, también fue trasladado.
Entre las personas ligadas al CJNG y a grupos afines se encuentran Luis Alfonso Navarro Quezada, alias “Pez”, colaborador del grupo delictivo “Los Hermanos Bonques”; María del Rosario Navarro Sánchez, alias “La Señora” y “La Chayo”, identificada como integrante del CJNG y requerida por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) por delitos de tráfico de armas y personas, distribución de narcóticos, contrabando de dinero y apoyo material para el terrorismo; y Armando Gómez Núñez, alias “Delta1”, señalado como líder del grupo “Los Deltas”, brazo armado vinculado al CJNG.
Tercer traslado masivo en menos de un año
Con este traslado, suman 92 los criminales de alto impacto trasladados a Estados Unidos durante la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de la estrategia de seguridad y cooperación internacional impulsada por el Gobierno Federal. La primera entrega de narcotraficantes se realizó el 27 de febrero de 2025, cuando el Gobierno de México trasladó a 29 integrantes de organizaciones criminales a Estados Unidos. Entre los trasladados se encontraban el veterano capo Rafael Caro Quintero, cofundador del Cártel de Guadalajara; Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”, líder de Los Zetas; y Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, líder de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.
La segunda entrega tuvo lugar el 12 de agosto de 2025, sumando 26 criminales de alto impacto que fueron llevados a diferentes ciudades estadounidenses. En esa ronda se envió a capos como Abigael González Valencia, alias “El Cuini”; Juan Carlos Félix Gastélum, alias “El Chavo Félix”, yerno de Ismael Zambada García, “El Mayo”; y otros miembros de alto perfil de los cárteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa.
El anuncio del traslado del 20 de enero de 2026 tuvo lugar a poco más de una semana de que la presidenta Sheinbaum Pardo dialogara sobre seguridad con su homólogo estadounidense, Donald Trump. La mandataria nacional destacó el 17 de enero de 2026 que México realizó importantes esfuerzos y reafirmó la necesidad de una “responsabilidad compartida” entre ambos países para enfrentar el tráfico de drogas y armas. Reiteró que México no permitiría la intervención de fuerzas armadas extranjeras y defendió la soberanía nacional.
Contexto de la designación de cárteles como organizaciones terroristas
El traslado de los 37 presuntos criminales se produce en un contexto de renovada presión desde Washington, donde el presidente Trump y su gabinete exigieron a México resultados “concretos y verificables” en la lucha contra el narcotráfico. El mandatario estadounidense reiteró en llamadas recientes la exigencia de resultados y propuso el despliegue de soldados estadounidenses en territorio mexicano, iniciativa rechazada por la presidenta Sheinbaum Pardo.
Trump emitió un decreto el 20 de enero de 2025, en su primer día en la presidencia durante su segundo mandato, para nombrar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, elevar la amenaza del narcotráfico a la órbita de la seguridad nacional y poner a disposición del aparato militar estadounidense las herramientas diseñadas para la “guerra contra el terror”. La acción ejecutiva contempló que el Departamento de Estado propusiera quiénes serían objeto de las sanciones y sometiera la lista a consideración del Congreso, de mayoría republicana.
El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado concretó el cambio conceptual al designar oficialmente a una lista de grupos como FTO y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT, por sus siglas en inglés). La lista oficializada señaló a los cárteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, la Nueva Familia de Michoacán, Cárteles Unidos y el del Golfo, así como las bandas trasnacionales el Tren de Aragua, surgida en Venezuela, y la Mara Salvatrucha (MS-13), una pandilla en Estados Unidos con raíces salvadoreñas.
Una designación como FTO requiere comprobar que una organización es extranjera, participa en terrorismo, actividad terrorista o apoyo material al terrorismo, o tiene la habilidad y la intención de hacerlo, y amenaza la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional de Estados Unidos. Las designaciones obligan a las instituciones financieras a bloquear los activos de las FTO, dan lugar a responsabilidad penal por proporcionar a sabiendas apoyo material a las FTO, así como a restricciones en materia de inmigración.
Perfil de Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos
Pamela Jo Bondi nació el 17 de noviembre de 1965 en Tampa, Florida. Obtuvo una licenciatura en justicia penal de la Universidad de Florida en 1987 y un doctorado en jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stetson en 1990. Fue admitida en el Colegio de Abogados de Florida el 24 de junio de 1991.
Bondi fue fiscal y portavoz en el condado de Hillsborough, Florida, donde trabajó como fiscal estatal adjunta desde 1994 hasta 2009. En diciembre de 2009, Bondi se apartó de su función como fiscal para entrar en la carrera por la Fiscalía General de Florida. El 2 de noviembre de 2010, alcanzó un hito al convertirse en la primera mujer elegida para el puesto. Bondi se desempeñó como fiscal general de Florida de 2011 a 2019, ganando la reelección en 2014.
De 2019 a 2025, Bondi fue socia en Ballard Partners LLC. El 21 de noviembre de 2024, Trump la designó como su nominada para fiscal general de Estados Unidos después de que su elección inicial, el representante Matt Gaetz, se retirara. El 4 de febrero de 2025, el Senado confirmó a Bondi con una votación de 54-46. Prestó juramento como la 87ª fiscal general de Estados Unidos el 5 de febrero de 2025.
Durante una ceremonia de juramento, Trump declaró que se suponía que debía decir que Bondi sería “totalmente imparcial con respecto a los demócratas” y agregó que Bondi sería “tan imparcial como una persona puede ser”. Bondi, de 60 años, prometió mantener la independencia del departamento durante una audiencia de confirmación del mes anterior, diciéndoles a los legisladores que no inyectaría política en las investigaciones criminales o civiles.
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos
Marco Antonio Rubio García, hijo de inmigrantes cubanos, nació el 28 de mayo de 1971 en Miami, Florida. Ocupó un puesto en el Senado por Florida desde 2010. El Senado de Estados Unidos confirmó el 20 de enero de 2025 por unanimidad al senador de Florida Marco Rubio como nuevo secretario de Estado del país, convirtiéndose en el primer hispano en dirigir la diplomacia estadounidense.
Rubio, de 54 años, es el primer confirmado del gabinete de la nueva Administración del presidente Trump, quien tomó posesión horas antes el 20 de enero de 2025. El líder de la minoría demócrata, el senador Chuck Schumer, instruyó a su bancada a votar a favor de la confirmación de Rubio porque, “a pesar de nuestras diferencias”, “es lo apropiado”. Schumer avisó a Trump que el Senado no daría el mismo apoyo al resto de nominados de Trump para su nuevo gabinete.
Rubio es considerado un halcón de línea dura en política exterior y gran conocedor de temas internacionales, especialmente de Latinoamérica. En el Senado mantuvo una postura de línea dura con China e Irán, y se expresó partidario de las sanciones a Venezuela, Cuba y Nicaragua. En la campaña de las elecciones de 2024, Rubio estuvo en las quinielas como posible compañero de fórmula de Trump para la Vicepresidencia, antes de que éste se decantara finalmente por J.D. Vance.
Tras las elecciones de noviembre de 2024, Trump optó por nombrar a Rubio como secretario de Estado, lo que se interpretó como un guiño hacia la población latina, que votó por el republicano en cifras récord. El nombramiento de Rubio se interpretó además como un guiño por parte de Trump a los votantes hispanos, un electorado que dio un giro hacia el republicano en las presidenciales y le permitió alcanzar un avance histórico en esa comunidad.
