La extorsión se consolidó como uno de los delitos más dañinos para la actividad empresarial en México, según alertó la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), en un comunicado emitido el 26 de enero de 2026. En 2025, este delito registró un aumento de 78.1% respecto a la última década y creció en 20 de las 32 entidades del país, lo que evidenció un problema estructural que limita la inversión, encarece la operación cotidiana y frena la generación de empleo formal.
Según datos abiertos de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el número anual de víctimas de extorsión pasó de 6,223 en 2015 a 11,081 en 2025, lo que refleja una tendencia sostenida que erosiona la actividad económica local. Esta cifra se basa únicamente en las extorsiones denunciadas y no refleja la dimensión real del problema, ya que diversas estimaciones advirtieron que, al considerar la cifra negra, el crecimiento del delito sería aún más relevante.
Publicidad
Al cierre de 2025, los datos del SESNSP revelaron una paradoja: pese a que se observó evidencia de reducción en algunos delitos, la extorsión se consolidó como un delito estructural que continúa expandiéndose sin mostrar señales de contención efectiva. En contraste, entre enero y noviembre de 2025, se registraron 10,322 víctimas de extorsión, la cifra más alta para este periodo desde 2015.
Concentración geográfica y disparidades estatales
Publicidad
A nivel estatal, la extorsión mostró una concentración crítica que evidenció fallas estructurales en la contención del delito. Cinco entidades -Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz- concentraron 65.2% de las víctimas, mientras que solo en las 10 entidades con mayor número de víctimas se acumuló 81.0% del total nacional.
En 2025, 20 de las 32 entidades registraron un aumento en la variación anual de extorsión, lo que significó que en casi dos tercios del país este delito creció respecto al año previo. Entre los incrementos más relevantes destacaron Tlaxcala, con un aumento de 1,300%; Chiapas, con 364.3%; Ciudad de México, con 264.4%; Nayarit, con 171.4%; Yucatán, con 100%; y Puebla, con 84.4%, todos con variaciones de dos y hasta tres dígitos.
Publicidad
Al focalizar el análisis en la tasa de víctimas de extorsión por cada 100,000 habitantes y considerar únicamente los 20 municipios con los niveles más altos del país, se observó una fuerte concentración territorial: Guanajuato aportó 8 municipios a este grupo, la Ciudad de México concentró 4 y Nuevo León contó con 2. Esta disparidad confirmó que la efectividad de las estrategias locales marca la diferencia y que la ausencia de acciones contundentes permite que la extorsión se expanda con rapidez.
Presión creciente en regiones fronterizas
En las regiones fronterizas, la extorsión también mantuvo una trayectoria ascendente. Según el comunicado de COPARMEX, 17.35% de los delitos se concentró en entidades colindantes, de los cuales 12.27% correspondió a la frontera norte y 5.07% a la frontera sur. Al analizar la evolución anual por región, destacó la frontera sur por registrar el mayor crecimiento, con un incremento de 37.4% frente al 7.9% observado en la frontera norte, lo que confirmó una presión creciente sobre corredores logísticos, cadenas de suministro y economías regionales clave.
Impacto directo en el sector empresarial
Esta tendencia coincidió con lo que viven las empresas en la nación. Los resultados de DataCoparmex, a través del indicador #MásSeguridad, mostraron que 46.8% de las empresas fue víctima de al menos un delito, siendo la extorsión el segundo delito con mayor número de casos. El 68.8% de los eventos se realizó vía telefónica y en 31.2% de las denuncias el cobro se vinculó con alguna autoridad o personas con apariencia de autoridad, lo que agravó el daño económico y minó la confianza en las instituciones encargadas de garantizar el Estado de Derecho.
Jorge Peñuñuri Pantoja, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de COPARMEX, señaló que la delincuencia sigue presionando al sector productivo y que esto no es una estimación ni una perspectiva, sino una cifra concreta. Destacó que los delitos más frecuentes son robo de mercancía en tránsito, con 25.6%; extorsión o cobro de piso, con 17.3%; robo de vehículo, con 16.1%; y delitos informáticos, con 10.4%. Advirtió que el incremento de la extorsión es alarmante, ya que 17.3% de las empresas reportó haberlo sufrido, y de ellas, 68.8% indicó que fue de tipo telefónico.
Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de COPARMEX, afirmó que la extorsión es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en el país y señaló una ausencia del Estado en este sentido. Destacó que estas prácticas dejaron de ser marginales para convertirse en una estructura de control económico y político que define la vida en demasiados territorios y sectores económicos. Advirtió que sin presencia del Estado, sin justicia y sin protección, no hay libertad económica ni convivencia posible.
Marco legal y estrategia nacional
Respecto al marco legal, el Gobierno Federal impulsó una serie de reformas para combatir la extorsión. El 9 de octubre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extorsión. Esta reforma facultó al Congreso de la Unión para legislar en este sentido y establecer un tipo penal homogéneo en todo el país, así como sus agravantes y sus sanciones.
Posteriormente, el Senado de la República aprobó el 19 de noviembre de 2025, por unanimidad con 110 votos a favor y cero en contra, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. La Cámara de Diputados aprobó la misma legislación el 25 de noviembre de 2025, y el decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2025. La ley estableció penas de 15 a 25 años de prisión como base, con incrementos que pueden llevar la sanción hasta 42 años de cárcel en casos agravados, y dispuso que el delito se persiga de oficio, sin necesidad de que la víctima presente una denuncia formal.
El 6 de julio de 2025, el Gabinete de Seguridad Federal presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la cual se basó en cinco ejes principales: generar detenciones mediante investigación e inteligencia, fomentar la creación de Unidades Antiextorsión locales, aplicar el protocolo de atención a víctimas, capacitar a operadores del 089 en Manejo de Crisis y Negociación, e implementar una campaña de prevención nacional. Entre julio y noviembre de 2025, el delito registró una baja de 20% en su promedio diario, según cifras del Gobierno Federal.
Como parte de las acciones iniciales, se habilitó la línea telefónica 089 para la atención específica de denuncias por extorsión, operada por personal especializado y bajo un protocolo diseñado para recibir reportes tanto directos como indirectos, garantizando la confidencialidad de las víctimas. Según datos presentados por Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, hasta el 30 de noviembre de 2025 se recibieron 16,570 llamadas telefónicas, las cuales derivaron en 12,589 denuncias, de las cuales únicamente 4,000 contaron con carpetas de investigación y solo 721 personas fueron detenidas.
Ajustes a la estrategia y armonización legislativa
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó el 25 de enero de 2026 que su administración ajustaría la estrategia nacional contra la extorsión para concentrarse en las ciudades donde este delito mostró incrementos. Durante su conferencia matutina, explicó que solicitó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la información completa de las encuestas de victimización para identificar con precisión las regiones donde la extorsión ha repuntado y aquellas donde ha disminuido, con el objetivo de orientar mejor las acciones de prevención y combate.
Sheinbaum Pardo destacó que ya concluyó el proceso legislativo de la reforma constitucional en materia de extorsión y que está por publicarse, señalando que al final fue aprobada por unanimidad. Agregó que después deberán aprobarse las adecuaciones en las leyes estatales para homologar la nueva disposición. La titular del Poder Ejecutivo Federal llamó a la ciudadanía a extremar precauciones y evitar responder llamadas de números desconocidos, ya que muchas extorsiones comienzan por esa vía.
Diversas entidades federativas avanzaron en la armonización legislativa. El Congreso del Estado de Querétaro aprobó el 22 y 23 de enero de 2026 la creación de la Unidad Especializada en Materia de Extorsión en la Fiscalía estatal, fortaleciendo la investigación y persecución del delito con personal capacitado, procesos específicos y herramientas tecnológicas. El Estado de México aprobó el 15 de enero de 2026 la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión, que contempló la creación del Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Combatir la Extorsión y Delitos Vinculados, así como la Fiscalía Central Especializada en Combate a los Delitos de Extorsión, Delitos Vinculados y Secuestro.
El Congreso del Estado de Guerrero aprobó el 10 de diciembre de 2025, por unanimidad, cuatro iniciativas en materia de extorsión, en armonización con las leyes generales. Nayarit fortaleció su legislación el 5 de diciembre de 2025 con reformas al Código Penal estatal, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley Orgánica de la Fiscalía General. Tabasco reformó su Constitución estatal el 26 de diciembre de 2025 para establecer que la Fiscalía General contará con una Fiscalía Especializada en materia de Extorsión. Baja California aprobó la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, en concordancia con la Estrategia Nacional contra la Extorsión y con la Ley General publicada el 28 de noviembre de 2025.
Exigencias de COPARMEX y coordinación institucional
Desde COPARMEX se sostuvo que estos datos obligan a colocar la extorsión como prioridad nacional de política pública. Si bien reconoció que es relevante la aprobación de la Ley General para combatir este fenómeno, señaló que resulta indispensable que, con toda prioridad, los gobiernos locales constituyan las unidades especializadas en las Fiscalías Estatales para atender este grave delito. Según acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, las Fiscalías y Procuradurías Estatales debieron formalizar su creación y operación de Unidades Especializadas para la denuncia e investigación del delito de extorsión, a más tardar el último día hábil de enero de 2026.
La organización empresarial afirmó que fortalecer el Estado de Derecho, garantizar seguridad efectiva y combatir con inteligencia a los grupos que operan al margen de la ley es indispensable para proteger la inversión, preservar empleos formales y asegurar que las empresas puedan operar sin coerción. COPARMEX estará observando puntualmente la canalización de presupuestos y la conformación de las estructuras especializadas acordadas en la última sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
