La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de prisión preventiva de oficio contra Eduardo Enrique Gómez García, excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención Readaptación Social (OADPRS), acusado de su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. La detención ocurrió el 7 de enero de 2026 en Izúcar de Matamoros, Puebla, y formó parte de labores coordinadas con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, informó que Gómez García fue aprehendido por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), formuló la imputación correspondiente. La defensa del acusado se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir la situación jurídica de su defendido, por lo que será en los próximos días cuando se determine el proceso.
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Según las investigaciones de la FEMDO, Gómez García ocupó el cargo de comisionado del OADPRS entre diciembre de 2008 y agosto de 2013, periodo en el cual habría suscrito de manera ilícita contratos de prestación de servicios para diversos centros federales de readaptación social que entonces estaban bajo la responsabilidad de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
Las indagatorias federales señalan que Gómez García habría firmado de manera irregular contratos de prestación de servicios para diversos penales federales con el objetivo de extraer recursos de procedencia ilícita y canalizarlos a empresas controladas por García Luna. El caso se relaciona con la supuesta participación del exsecretario de Seguridad Pública en contratos ilegales de equipamiento de las cárceles públicas federales del país, cuyo daño patrimonial se estima en más de cinco mil millones de pesos.
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Gómez García fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Según fuentes gubernamentales, el detenido es un general en retiro, que además ocupó en 2004 el cargo de Coordinador de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, en la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
La detención de Gómez García representa la tercera captura relacionada con este caso de corrupción institucional vinculado a García Luna. En diciembre de 2025, la FGR detuvo a Jesús Alberto Caballero Tardaguila, excolaborador de García Luna, quien se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Un juez federal lo vinculó a proceso por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. Según las investigaciones, Caballero Tardaguila habría participado entre 2013 y 2015 en la celebración de contratos y simulación de operaciones con recursos públicos del OADPRS para canalizar recursos ilícitos a empresas controladas por García Luna.
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El 16 de diciembre de 2025, agentes de la AIC de la FGR detuvieron en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México a María Vanesa Pedraza Madrid, considerada asesora del exsecretario de Seguridad Pública federal. Pedraza Madrid fue acusada de participar como apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc., la cual habría utilizado el sistema financiero para fondear recursos al parecer provenientes de la delincuencia organizada, así como para el desvío de fondos del OADPRS y de la Tesorería de la Federación, que habrían tenido como beneficiario final, entre otros, a García Luna e integrantes de su familia. Pedraza Madrid fue vinculada a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y se le dictó prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Reinserción Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos.
La FGR señaló que Gómez García figura entre las 61 órdenes de aprehensión obtenidas por la FEMDO contra ex colaboradores, familiares y empresarios presuntamente involucrados en esta red de corrupción ligada a García Luna. Según fuentes federales, como comisionado del OADPRS, el exfuncionario habría firmado contratos por más de 56 millones de pesos, además de los montos globales investigados.
El OADPRS fue creado el 6 de febrero de 2001 durante la administración del entonces presidente Vicente Fox Quesada, como un órgano desconcentrado adscrito a la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP). En 2013, las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la SSP se transfirieron a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), y mediante decreto publicado el 30 de noviembre de 2018, el OADPRS pasó a ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal. Su misión es instrumentar la política penitenciaria a nivel nacional para prevenir la comisión del delito, readaptar a los sentenciados y dar tratamiento a los menores infractores mediante sistemas idóneos que permitan su reinserción a la sociedad.
García Luna, de 58 años de edad, fue detenido el 10 de diciembre de 2019 en Grapevine, Texas, acusado de corrupción por su presunta participación en una empresa criminal continua vinculada con el Cártel de Sinaloa. El 21 de febrero de 2023, un jurado de Nueva York lo declaró culpable de cinco cargos: tres por conspiración de narcotráfico, uno por pertenencia continuada a organización criminal y otro por emitir declaraciones falsas a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la ciudadanía de ese país en 2018. El 16 de octubre de 2024, el juez Brian Cogan lo sentenció a 460 meses de prisión, equivalentes a 38 años y ocho meses, además de cinco años de libertad condicional y el pago de una multa de dos millones de dólares por haber aceptado sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa, entonces liderado por Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, ahora también preso en Estados Unidos (EE.UU.).
Los fiscales estadounidenses señalaron que García Luna, desde el poder que detentaba como uno de los máximos responsables de la seguridad en México, permitió que el grupo delictivo operara con impunidad en el país, facilitando el transporte seguro de drogas hacia EE.UU. sin la intervención de las fuerzas de la ley. El exfuncionario se declaró inocente de los cargos y en diciembre de 2025 presentó una apelación contra su sentencia ante el tribunal federal correspondiente.
García Luna ocupó diversos cargos de alto nivel en el Gobierno Federal mexicano durante más de dos décadas. Ingresó en 1989 al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) durante la administración de Carlos Salinas de Gortari. En 1999 se incorporó a la Policía Federal Preventiva (PFP) como coordinador general de inteligencia para la prevención durante el gobierno de Ernesto Zedillo. En 2001, el presidente Vicente Fox lo nombró titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI), cargo que ocupó hasta 2005. El 1 de diciembre de 2006, con la llegada de la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa, García Luna asumió el cargo como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, donde presentó la Estrategia Integral de Prevención al Delito y Combate a la Delincuencia, que incluía un nuevo modelo de seguridad y de combate al crimen organizado. Permaneció en el cargo hasta el 30 de noviembre de 2012.
Las investigaciones federales continúan para identificar a otros posibles involucrados en la red de desvío de recursos del sistema penitenciario federal, que habría operado durante la administración de García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública. Las autoridades mantienen abierta la línea de investigación respecto a la utilización de empresas factureras y simulación de contratos para extraer recursos públicos, que habrían sido canalizados a empresas controladas por el ex secretario de Seguridad Pública y sus colaboradores.
