La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo, el 7 de enero de 2026, a Eduardo Enrique Gómez García, excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención Readaptación Social (OADPRS), por su presunta participación en el desvío de recursos del sistema penitenciario federal a empresas vinculadas con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien cumple una sentencia de 38 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico y delincuencia organizada.
Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, informó que Gómez García fue aprehendido por elementos de la Policía Federal Ministerial en Izúcar de Matamoros, Puebla, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La detención formó parte de trabajos coordinados con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, como resultado de labores de inteligencia que permitieron su aseguramiento para ser presentado ante la autoridad judicial correspondiente.
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Según las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Gómez García, quien ocupó el cargo de comisionado del OADPRS entre diciembre de 2008 y agosto de 2013, habría suscrito de manera ilícita contratos de prestación de servicios para diversos centros federales de readaptación social que entonces estaban bajo la responsabilidad de García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien gobernó México de 2006 a 2012.
Las indagatorias federales señalan que Gómez García habría firmado de manera irregular contratos de prestación de servicios para diversos penales federales, con el objetivo de extraer recursos de procedencia ilícita y canalizarlos a empresas controladas por García Luna. El caso se relaciona con la supuesta participación del exsecretario de Seguridad Pública en contratos ilegales de equipamiento de las cárceles públicas federales del país, cuyo daño patrimonial se estima en más de cinco mil millones de pesos.
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La detención de Gómez García representa la tercera captura relacionada con este caso de corrupción institucional. En diciembre de 2025, la FGR detuvo a Jesús Alberto Caballero Tardaguila, excolaborador de García Luna, quien se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de que un juez federal lo vinculó a proceso por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. Según las investigaciones, Caballero Tardaguila habría participado entre 2013 y 2015 en la celebración de contratos y simulación de operaciones con recursos públicos del OADPRS para canalizar recursos ilícitos a empresas controladas por García Luna.
Asimismo, el 16 de diciembre de 2025, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR detuvieron en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México a María Vanesa Pedraza Madrid, considerada asesora del exsecretario de Seguridad Pública federal. Pedraza Madrid fue acusada de participar como apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc., la cual habría utilizado el sistema financiero para fondear recursos al parecer provenientes de la delincuencia organizada, así como para el desvío de fondos del OADPRS y de la Tesorería de la Federación, que habrían tenido como beneficiario final, entre otros, a García Luna e integrantes de su familia. Pedraza Madrid fue vinculada a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y se le dictó prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Reinserción Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos.
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El OADPRS fue creado el 6 de febrero de 2001 durante la Administración del emtonces presidente Vicente Fox Quesada, como un órgano desconcentrado adscrito a la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP). En 2013, las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la SSP se transfirieron a la Secretaría de Gobernación, y mediante decreto publicado el 30 de noviembre de 2018, el OADPRS pasó a ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal. Su misión es instrumentar la política penitenciaria a nivel nacional para prevenir la comisión del delito, readaptar a los sentenciados y dar tratamiento a los menores infractores mediante sistemas idóneos que permitan su reinserción a la sociedad.
García Luna, de 58 años de edad, fue detenido el 10 de diciembre de 2019 en Grapevine, Texas, acusado de corrupción por su presunta participación en una empresa criminal continua vinculada con el Cártel de Sinaloa. El 21 de febrero de 2023, un jurado de Nueva York lo declaró culpable de cinco cargos: tres por conspiración de narcotráfico, uno por pertenencia continuada a organización criminal y otro por emitir declaraciones falsas a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la ciudadanía de ese país en 2018. El 16 de octubre de 2024, el juez Brian Cogan lo sentenció a 460 meses de prisión -equivalentes a 38 años y ocho meses-, además de cinco años de libertad condicional y el pago de una multa de dos millones de dólares por haber aceptado sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa, entonces liderado por Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, ahora también preso en Estados Unidos.
Los fiscales estadounidenses señalaron que García Luna, desde el poder que detentaba como uno de los máximos responsables de la seguridad en México, permitió que el grupo delictivo operara con impunidad en el país, facilitando el transporte seguro de drogas hacia Estados Unidos sin la intervención de las fuerzas de la ley. El exfuncionario se declaró inocente de los cargos y en diciembre de 2025 presentó una apelación contra su sentencia ante el tribunal federal correspondiente.
García Luna ocupó diversos cargos de alto nivel en el gobierno mexicano durante más de dos décadas. Ingresó en 1989 al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) durante la administración de Carlos Salinas de Gortari. En 1999 se incorporó a la Policía Federal Preventiva (PFP) como coordinador general de inteligencia para la prevención durante el gobierno de Ernesto Zedillo. En 2001, el presidente Vicente Fox lo nombró titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI), cargo que ocupó hasta 2005. El 1 de diciembre de 2006, con la llegada de la Administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa, García Luna asumió el cargo como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, donde presentó la Estrategia Integral de Prevención al Delito y Combate a la Delincuencia, que incluía un nuevo modelo de seguridad y de combate al crimen organizado. Permaneció en el cargo hasta el 30 de noviembre de 2012.
La Fiscalía General de la República es dirigida desde el 3 de diciembre de 2025 por Ernestina Godoy Ramos, quien fue elegida por el Senado de la República para un periodo de nueve años. Godoy Ramos se desempeñó previamente como consejera jurídica del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y como fiscal general de Justicia de la Ciudad de México de 2020 a 2024. Ulises Lara López, quien fungió como vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México durante la administración de Godoy Ramos y posteriormente como encargado de despacho, fue nombrado titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR el 1 de enero de 2026.
Las investigaciones federales continúan para identificar a otros posibles involucrados en la red de desvío de recursos del sistema penitenciario federal que habría operado durante la administración de García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública. Las autoridades mantienen abierta la línea de investigación respecto a la utilización de empresas factureras y simulación de contratos para extraer recursos públicos que habrían sido canalizados a empresas controladas por el exsecretario de Seguridad Pública y sus colaboradores.
