En diciembre de 2025, la XVII Legislatura del Congreso del Estado aprobó la creación de la “Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión”, con la que se busca perseguir por oficio este ilícito en Baja California Sur. No obstante, líderes del sector empresarial coincidieron en que faltaba la implementación de una unidad, centro o subprocuraduría especializada en este tema.
Antes de finalizar el año, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Baja California Sur, Paul Valdiviezo, y el presidente de la asociación Empresas Hoteleras y Turísticas (Emprhotur), Agustín Olachea, reconocieron esta reforma como un avance importante, pero resaltaron la necesidad de que sí se creara una instancia o fiscalía que trate específicamente este delito.
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Sobre esto, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Antonio López Rodríguez, anunció públicamente que esta unidad especializada en investigación será una realidad para la entidad este año.
Agregó que no sólo habrá un área específica para las indagatorias y la persecución de la extorsión, sino que también contemplan una unidad para el delito de despojo, según la planeación que trazan en estos momentos.
“Esa es una estrategia que nosotros tenemos (como) número uno, la unidad que nosotros tenemos planeado poner en marcha en la unidad especializada en despojo y extorsión”, reiteró.
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“Esto especialmente por el alza en Los Cabos y aquí en La Paz, por la complejidad de este tipo de delitos en aquella zona de Los Cabos y acá en La Paz que actualmente los investiga la Unidad de Delitos Patrimoniales”, comentó.
Tras la aprobación de la última reforma, López Rodríguez expuso que la Unidad de Delitos Patrimoniales de la PGJE, en muchas ocasiones tiene investigaciones más complejas, por lo que a veces llevan carpetas extensas, que tienen hasta cuatro tomos de mil expedientes.
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“Desde luego que es una carga que no le permite resolver con mayor prontitud el tipo de delitos de despojo”, subrayó.
“La unidad que pensamos instalar por el delito de extorsión también es una unidad especializada; atendiendo a la estrategia nacional de combatir este delito y a la nueva ley, nosotros también tenemos que reforzarnos y atacarlo”, compartió.
Con respecto al delito de despojo, recordó que es una acción criminal que se registra cuando alguien se apropia y ocupa un bien inmueble que no le pertenece, o que, aun perteneciendo, no tiene en ese momento el derecho de ocuparlo en sentido común.
Sobre si será necesario pedir recurso adicional para que la creación de estas dos unidades nuevas sea una realidad, el procurador respondió que ya cuentan con el presupuesto de la PGJE, por lo que será cuestión de reorganizar personal más que nada.
Esto implica, según compartió, hacer una revisión de todas las áreas de la Procuraduría para proponer cómo se distribuirían y cuántos trabajadores necesitarán para las nuevas unidades anunciadas para este año.
“Nosotros vamos a hacer la propuesta para el presupuesto de estas unidades, obviamente haciendo el plan y nuestro proyecto, porque dividir las unidades no representa mucho; porque las unidades patrimoniales, que son las que hacen que salgan estas investigaciones, ya tiene de por sí una satura de trabajo”, adelantó.
“Hay personal que se puede reorganizar, personal de Ministerio Público, personal de Policía Ministerial, que se puede revisar que está en áreas que a lo mejor puede ser más óptimo en otras, lo tenemos que buscar; lo que sí es que tenemos que instalarla porque esto nos va a ayudar a desahogar mucho”, concluyó.
EN AUMENTO LAS EXTORSIONES Y EL DESPOJO
De acuerdo con los datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los delitos de extorsión y despojo registraron un aumento durante el 2025 en Baja California Sur.
En todo el año se reportaron 134 denuncias por extorsión ante los ministerios públicos de los cinco municipios, mientras que en el 2024 se registraron 94 víctimas.
Esto implica que en un año, el número de querellas presentadas por este delito aumentó un 42.55 por ciento. Lo anterior, subrayando que a partir de la reforma aprobada en diciembre de 2025, ahora este delito se perseguirá por oficio, según el artículo 5.
En este sentido, el delito de despojo presenta un incremento del 16.7 por ciento, pasando de reportar 359 denuncias en 2024 a 419 en 2025.
Advirtiendo un escenario de incrementos, las cámaras y asociaciones formaron el Frente Empresarial por La Paz, en donde hicieron el primer llamado para que ahora el delito de extorsión se persiguiera por oficio.
Aunque líderes empresariales aseguraron que no hay registros oficiales de cobro de piso en contra de miembros de sus cámaras, reconocieron que no pueden garantizar que no haya casos en algunos puntos de la entidad.
AUTORIDADES RECONOCEN AUMENTO
El procurador de Justicia reconoció que las cifras sí establecen un incremento en las estadísticas en cuanto al delito de extorsión; no obstante, al igual que las demás autoridades de la Mesa de Seguridad, niega que haya registros oficiales por cobro de piso en Baja California Sur.
Detalló que el 72 por ciento de los casos son por llamadas telefónicas que reciben ciudadanos, en donde los extorsionadores advierten que son miembros de un grupo delictivo o que llegó un paquete y necesitan depositar dinero.
El 17 por ciento ocurre por hackeos de WhatsApp, donde una vez que logran intervenir la aplicación, comienzan a mandar mensajes para pedir dinero prestado a contactos de la víctima.
También reportan que un 2 por ciento de los casos se dan en Facebook, a través de anuncios de productos o propaganda. Las víctimas hacen depósitos, pero las ventas resultan ser falsas.
“Realmente un ocho por ciento son de carpetas de investigación donde alguien dice que alguien fue a pedirle dinero y que lo señala como extorsión, pero no son extorsiones como tal. Te pongo un ejemplo, alguien va y le dice: ‘Es que le debo a tal persona y dice que si no le pago dice que me va a hacer daño’”, explicó el procurador.
“Sobre ese tipo de situaciones donde hayamos detectado alguna célula del crimen organizado con logística para acudir a los negocios, ‘ahora cada semana me vas a pagar para poder tener el negocio’, eso no lo tenemos detectado en ninguna carpeta”, aseguró.
En este escenario, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur (SSPEBCS), Luis Alfredo Cancino Vicente, abordó el tema y reiteró que no han tenido denuncias por cobro de piso.
“Hemos estado trabajando; se ha hecho una estrategia encabezada por el Ejecutivo estatal, tenemos un tema en las cooperativas de la zona Pacífico Norte y se ha estado trabajando de manera coordinada para apoyar a las cooperativas”, dijo.
“Tenemos el seguimiento de que el delito del cobro de piso, como comúnmente se llama, no es en nuestro estado. Está siendo en el estado vecino, las cooperativas están siendo respaldadas. El tema de las cooperativas lo hemos reforzado por parte de todas las corporaciones de la Mesa de Seguridad”, añadió.
En cuanto al aumento de las extorsiones, haciendo énfasis en aquellas que se reportan vía telefónica, el secretario de Seguridad advirtió que el incremento de delitos de alto impacto, que dejaron más de 90 homicidios dolosos con arma de fuego en Baja California Sur durante 2025, es un factor que pudiera estar abriendo una ventana para los delincuentes.
Vicente Cancino explicó que los extorsionadores pudieran estar aprovechando la ola de violencia, la de mayor incidencia desde 2018, para cometer la coacción a través de medios digitales y telefónicos.
“En cuanto a las extorsiones telefónicas, sí se nos ha incrementado este año; la teoría es que es derivado de los delitos de alto impacto que hemos tenido y hemos incluso hecho detenciones de gente que, aprovechándose de los eventos de alto impacto, han suplantado identidades”, afirmó.
Asimismo, expuso que han logrado la detención de presuntos criminales que llegan a identificarse como miembros de grupos delictivos y han hecho cobros a algunas personas, sin embargo, no pertenecen a ninguna agrupación del crimen organizado.
Por último, el titular de la SSPEBCS insistió en que siguen trabajando de forma coordinada con las corporaciones de la Mesa de Seguridad de Baja California Sur, asegurando que la mayoría de los criminales que cometen el delito de extorsión lo ejecutan desde centros penitenciarios de otras entidades de la República Mexicana.
“Pero sí, la mayoría de las extorsiones son telefónicas y son de Ceresos de otros estados”, sostuvo Vicente Cancino.
Por su parte, el gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, declaró que respaldarán la creación de las unidades especializadas que anunció el Procurador de Justicia.
“Yo he platicado con diferentes corporaciones empresariales y les he pedido que podamos utilizar varias vías; una es una denuncia anónima, la otra es directo. Tenemos diálogo con el presidente de la Coparmex, la Canaco, me reúno permanentemente con ellos”, dijo.
“Cualquier cosa que haya, de parte de quien sea, no nomás al sector empresarial; a los ciudadanos, a una tortillería, a un restaurante, lo que sea. Serenamente, con una tarjeta que me den a mí, yo investigo”, finalizó el mandatario.
