San Quintín, Baja California.- Esperando la confirmación para reunirse con la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda se mantuvieron los grupos de manifestantes en San Quintín, aunque por los acuerdos establecidos, abrieron de manera parcial los bloqueos carreteros en el puente frente al Centro de Gobierno y en Camalú.
Durante este sábado grupos de ciudadanos se reunieron en un conocido salón de eventos de la región para abordar los puntos contemplados en el segundo pliego petitorio, además de contemplar a quienes abordarían sus problemáticas en el encuentro esperado con la gobernadora.
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Aunque el viernes aperturaron los bloqueos por la presencia de lluvias, durante este sábado permitieron que circulara el tránsito local, mientras que tractocamiones, troques y camiones de carga debieron esperar al menos hora y media para avanzar.
Una de las voceras, Flor Giselle Gómez Sánchez, informó que el encuentro con la gobernadora Marina del Pilar sería este domingo 25 de enero, presuntamente con la participación de los inconformes. Sin embargo, no especificó lugar ni horario.
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Acuerdos
Con base en la petición original de renuncia o destitución de catorce funcionarios municipales, en presencia del Secretario General de Gobierno del Estado, Alfredo Álvarez Cárdenas, acordaron la conformación de una comisión especial de cinco regidores para analizar los perfiles en cuestión, además de sustentar la destitución o permanencia de los señalados.
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Por “consenso” ciudadano, los manifestantes seleccionaron a los ediles Ashley Casillas Gómez y Enrique Ramos Romero, mientras que el Primer Ayuntamiento designó a Bertha Isabel Hernández, Arnulfo Silva Martínez y Virginia López Ramírez. De igual manera, en la comisión participaría la Subsecretaria de Gobierno del Estado, Aurora Inzunza Velasco, sin voz ni voto, así como ciudadanos en caso de que corresponda.
Otros de los acuerdos es una auditoría externa al Ayuntamiento encabezado por la alcaldesa Miriam Elizabeth Cano Núñez, misma que sería pagada por el Gobierno del Estado. Aunado a esto, para la solicitud de revocación de mandato o juicio político para la presidenta, demandaron la intervención de diputados y la propia gobernadora.
En ese sentido, al reunirse con la mandataria estatal plantean conformar mesas de trabajo entre los tres órdenes de gobierno para abordar las necesidades de cada delegación municipal. Prevén gestionar atención al rezago social en infraestructura y apoyos sociales.
