El número de personas muertas a causa de los ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones que supuestamente transportaban drogas ascendió a 126, con la inclusión de aquellos que se presumen fallecidos tras perderse en el mar, confirmó el lunes 26 de enero de 2026 el Comando Sur estadounidense. La cifra incluye a 116 personas que murieron inmediatamente en al menos 36 ataques llevados a cabo desde principios de septiembre de 2025 en el mar Caribe y el océano Pacífico, mientras que otras 10 personas se consideran desaparecidas y presuntamente muertas tras saltar al agua durante las operaciones militares.
Estados Unidos intensificó una ofensiva militar sin precedentes en aguas del Caribe y el Pacífico oriental desde el 2 de septiembre de 2025, con el objetivo declarado de combatir a cárteles latinoamericanos considerados por la Casa Blanca como narcoterroristas. El presidente estadounidense Donald Trump justificó repetidamente estas operaciones como una medida de seguridad nacional y afirmó que su administración se encuentra en un conflicto armado con los cárteles del narcotráfico en América Latina. Trump determinó que Estados Unidos se halla en un conflicto armado no internacional con organizaciones designadas como terroristas, según un memorando presidencial al que tuvieron acceso diversos medios internacionales.
Publicidad
El Comando Sur estadounidense detalló que ocho de los presuntos fallecidos saltaron al agua durante un ataque ocurrido el 30 de diciembre de 2025 contra tres embarcaciones vinculadas al narcotráfico. Las otras dos personas desaparecidas no fueron localizadas tras bombardeos realizados el 27 de octubre de 2025 y el 24 de enero de 2026. La Guardia Costera de Estados Unidos participó en operaciones de búsqueda y rescate sin obtener resultados positivos en la localización de los sobrevivientes.
La campaña militar se enmarcó dentro de un despliegue sin precedentes de fuerzas estadounidenses en Latinoamérica, el cual fue acompañado de una presión intensa sobre Venezuela y Colombia. El inicio de los bombardeos coincidió con una de las mayores movilizaciones navales estadounidenses en la región en generaciones, que culminó con la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Estados Unidos el 3 de enero de 2026 para enfrentar cargos por narcotráfico.
Publicidad
Los ataques generaron controversia internacional. Críticos cuestionaron tanto la legalidad de las operaciones como su efectividad, en parte porque el fentanilo detrás de muchas sobredosis fatales en Estados Unidos generalmente se trafica por tierra desde México, donde se produce con químicos importados de China e India. Expertos legales señalaron que algunos de los ataques podrían constituir asesinatos, mientras que legisladores demócratas cuestionaron si algunos operativos podrían constituir crímenes de guerra, especialmente tras la revelación de que el ejército estadounidense mató a los sobrevivientes del primer ataque lanzado contra una lancha el 2 de septiembre de 2025.
El gobierno de México expresó su posición respecto a estas operaciones. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó públicamente los ataques, cuando manifestó que no estaba de acuerdo con estas intervenciones ni con la forma en que se daban. La mandataria solicitó al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y al secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, abordar el asunto con autoridades estadounidenses.
Publicidad
El secretario de Marina de México, Raymundo Pedro Morales Ángeles, planteó a autoridades estadounidenses una alternativa de coordinación en aguas internacionales que permitiera cumplir con los tratados marítimos internacionales, especialmente el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), evitando así el uso de bombardeos contra embarcaciones. Según informó Sheinbaum Pardo, el Gobierno estadounidense aceptó que la Secretaría de Marina mexicana interceptara estas embarcaciones si recibía información de agencias de Estados Unidos o del propio Comando Sur. La presidenta de la República explicó que se mantendría el protocolo y habría comunicación permanente.
Marco Antonio Rubio García, titular del Departamento de Estado de Estados Unidos, señaló que su gobierno estaba dispuesto a brindar toda la ayuda que México necesitara, incluyendo equipo, capacitación, intercambio de inteligencia y todo tipo de apoyo. Rubio García descartó el envío de fuerzas estadounidenses a México para combatir a los cárteles y reconoció que el nivel de cooperación entre ambos países alcanzó el más alto en la historia.
El 28 de octubre de 2025 se registró el ataque más mortífero hasta esa fecha, cuando catorce personas fueron muertas tras el bombardeo de cuatro embarcaciones en el Pacífico. Este incidente generó una operación de búsqueda y rescate de la Armada de México a más de 400 millas náuticas al suroeste de Acapulco, Guerrero, en cumplimiento de los tratados internacionales sobre seguridad marítima.
Desde el 2 de septiembre de 2025, Estados Unidos destruyó al menos 35 embarcaciones en aguas internacionales, sin revelar públicamente la identidad de las personas fallecidas ni la cantidad de drogas que presuntamente transportaban estas embarcaciones. El Pentágono no proporcionó evidencia verificable de que las lanchas atacadas realmente transportaban narcóticos.
Peter Brian Hegseth, titular del Departamento de Defensa de Estados Unidos, defendió repetidamente las operaciones. En diciembre de 2025, el secretario de Defensa indicó que los ataques continuarían día tras día, argumentando que no se trataba solo de tráfico de drogas, sino de otro tipo de terrorismo que trae muerte y destrucción a ciudades estadounidenses. Hegseth afirmó que el Departamento trataría a los presuntos narcotraficantes del mismo modo que a Al Qaeda, advirtiendo que continuarían rastreándolos, ubicándolos, cazándolos y eliminándolos.
La comunidad internacional respondió a los ataques con preocupación. Volker Turk, titular del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instó a Estados Unidos a detener los ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico oriental, calificando dichas acciones como ejecuciones extrajudiciales. El alto comisionado escribió en un comunicado que estos ataques, con su creciente coste humano, eran inaceptables, argumentando que Estados Unidos debía poner fin a dichos ataques y tomar todas las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales de las personas a bordo de esas embarcaciones.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó a todos los niveles de inteligencia de la fuerza pública colombiana suspender el envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad de Estados Unidos mientras continuaran los ataques. Petro solicitó al Gobierno estadounidense retornar al respeto a los derechos humanos en la lucha contra las drogas, defendiendo que en un ataque ocurrido el 15 de septiembre de 2025 en el Caribe, un colombiano identificado como el pescador Alejandro Carranza murió.
El Reino Unido también dejó de compartir información de inteligencia con Estados Unidos sobre embarcaciones sospechosas de traficar droga en el mar Caribe porque consideraba que los ataques militares estadounidenses eran ilegales y no quería ser cómplice, según reportó la cadena CNN.
Desde que se implementó el acuerdo bilateral con México en noviembre de 2025, los bombardeos estadounidenses en aguas cercanas al territorio mexicano se redujeron significativamente. Sin embargo, la administración Trump mantuvo su campaña de ataques en el Caribe y el Pacífico oriental, con operaciones dirigidas principalmente contra Venezuela y Colombia. La evolución de este conflicto dependió de los cambios políticos en la región y de la capacidad de la Casa Blanca para mantener el respaldo legislativo y diplomático a sus operaciones en el hemisferio.
