Choque de trenes en España deja al menos 39 muertos y más de un centenar de heridos

El 18 de enero de 2026, la colisión de dos trenes de alta velocidad a la altura del municipio de Adamuz, en la provincia de Córdoba, dejó al menos 39 personas muertas y más de un centenar de heridos, en el que se convirtió en el accidente ferroviario más grave en España desde 2013 y el más mortífero en la red de alta velocidad de dicho país. Las autoridades españolas suspendieron la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, además de que advirtieron que el balance de víctimas aún podría incrementarse conforme avanzaran las labores de rescate y de identificación de cuerpos.

Según los informes oficiales, el siniestro ocurrió alrededor de las 19:45 horas del 18 de enero de 2026, cuando el tren Iryo 6189, que había partido de Málaga a las 18:40 horas con destino a la estación Puerta de Atocha, en Madrid, descarriló en un tramo recto de la vía a la altura de Adamuz. Los últimos vagones del convoy se salieron del carril e invadieron la vía contigua por la que circulaba un tren Alvia 2384 de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE), que cubría el trayecto Madrid Puerta de Atocha–Huelva a unos 200 kilómetros por hora. El impacto provocó a su vez el descarrilamiento de este segundo tren y la caída de varios de sus coches por un terraplén de entre cuatro y seis metros de altura.

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En el tren operado por la compañía privada Iryo viajaban alrededor de 300 pasajeros, mientras que en el Alvia de RENFE se desplazaban cerca de 180 personas. En conjunto, resultaron afectadas aproximadamente 480 personas que se encontraban a bordo de ambos convoyes al momento de la colisión. Entre las víctimas mortales se contó al maquinista del tren Alvia, cuya cabina recibió el mayor impacto, así como pasajeros de distintas edades, incluidos menores de edad, según los reportes de los servicios de emergencia andaluces.

El balance de víctimas evolucionó con el paso de las horas. En un primer momento, las autoridades reportaron al menos 21 personas fallecidas y decenas de heridos, mientras continuaban las tareas de búsqueda y rescate entre los restos de los vagones. Con el avance de las labores, el Ministerio de Transportes elevó la cifra a por lo menos 39 personas muertas y más de 120 lesionadas, con distintos grados de gravedad. De estas últimas, diversos reportes oficiales señalaron que entre 48 y 75 personas permanecían hospitalizadas en centros médicos de Córdoba y otras localidades andaluzas, con una parte de ellas internadas en unidades de cuidados intensivos, incluidas niñas, niños y adolescentes.

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La magnitud del impacto obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia en la zona del accidente. La Junta de Andalucía activó el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en fase 1 y envió al lugar varias unidades de Bomberos, elementos de la Policía Local, personal de Protección Civil y ambulancias para la atención inmediata de heridos y la evacuación de pasajeros. También se movilizaron efectivos de la Guardia Civil y posteriormente se incorporó el Batallón de Intervención en Emergencias II de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con base en Morón de la Frontera, dotado con equipo de rescate, material sanitario y suministros de avituallamiento.

Los equipos de rescate trabajaron durante la noche del 18 de enero de 2026 y la madrugada del día 19 del mismo mes y año, en condiciones complicadas por la oscuridad, la orografía de la zona y el estado de los vagones, varios de los cuales quedaron retorcidos, volcados y convertidos en amasijos de metal. Bomberos y personal sanitario informaron que tuvieron que abrir boquetes en las carrocerías para acceder a las personas atrapadas, mientras que algunos pasajeros lograron salir por las ventanas destrozadas. Los cuerpos de rescate priorizaron la extracción de sobrevivientes y la estabilización de los heridos más graves antes de proceder a la recuperación de los cuerpos sin vida.

El administrador de la infraestructura, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), explicó que el accidente se produjo cuando los últimos coches del tren Iryo, que circulaba por la vía 1 en dirección a Madrid, se descarrilaron a la entrada de los desvíos de la estación de Adamuz e invadieron la vía contraria, por donde avanzaba el tren Alvia con destino a Huelva. Tras la invasión de la vía, el convoy de RENFE efectuó una frenada de emergencia, pero impactó contra los vagones que habían salido del carril, lo que causó su propio descarrilamiento y la caída de sus primeras unidades por el terraplén adyacente.

Óscar Manuel Puente Santiago, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, afirmó en conferencia de prensa que el descarrilamiento del tren Iryo y la posterior colisión con el Alvia constituían un hecho “tremendamente extraño”, ya que se registraron en un tramo recto de una vía que había sido renovada meses antes, y en un convoy de alta velocidad que calificó como prácticamente nuevo. Puente Santiago señaló que, según los registros, en ese segmento de la línea se invirtieron cientos de millones de euros en trabajos de modernización concluidos en mayo de 2025 y que el tren había sido sometido a una revisión reciente, por lo que insistió en que las causas del siniestro se desconocían y debían esclarecerse mediante una investigación técnica independiente.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) asumió la indagatoria formal del caso con el mandato de determinar las causas técnicas y operativas del descarrilamiento y del choque, así como eventuales fallas en los sistemas de seguridad. Las autoridades adelantaron que la investigación tomaría, al menos, varias semanas, dado que debía analizar el estado de la vía, el material rodante, los registros de velocidad, las comunicaciones y los protocolos de señalización. El presidente de RENFE, Álvaro Fernández Heredia, indicó que, según la información preliminar, transcurrieron apenas alrededor de 20 segundos entre el descarrilamiento de los últimos coches del tren de Iryo y el paso del tren Alvia por el mismo punto, un intervalo que pudo haber limitado la actuación de los sistemas automáticos de frenado y bloqueo de la circulación en la vía afectada.

Desde el punto de vista institucional, el Gobierno de España declaró que la prioridad inmediata consistía en atender a las víctimas, apoyar a sus familias y restablecer la seguridad en la red ferroviaria. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, suspendió su agenda prevista para el 19 de enero de 2026, incluida una reunión en el Palacio de la Moncloa con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y anunció que se trasladaría a la zona del siniestro para supervisar personalmente las labores de emergencia. Ese mismo día, Sánchez Pérez-Castejón canceló también su participación en el Foro Económico de Davos, para permanecer en territorio español y encabezar la coordinación interinstitucional derivada del accidente.

En un mensaje difundido en la red social X, el presidente del Gobierno español afirmó: “Hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país por el trágico accidente ferroviario en Adamuz. Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas”. El jefe del Ejecutivo español añadió que su administración trabajaba con las autoridades autonómicas y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros afectados y a sus familiares. Líderes de la oposición y de otras fuerzas políticas expresaron igualmente sus condolencias, así como su respaldo a las labores de rescate y atención médica.

La Casa Real informó que los reyes de España ajustaron su agenda para visitar la zona del accidente. De acuerdo con la información oficial, Felipe VI y Letizia Ortiz Rocasolano cancelaron un acto programado para el 20 de enero de 2026 en Toledo, con el propósito de acudir a Córdoba y expresar personalmente su solidaridad con las víctimas, sus familias y los equipos de emergencia. La presencia de los monarcas se enmarcó en las expresiones de duelo institucional generadas por un siniestro que diversas autoridades calificaron como uno de los accidentes ferroviarios más graves en la historia reciente del país ibérico.

Las consecuencias operativas del choque se extendieron a gran parte del corredor ferroviario entre Madrid y Andalucía. ADIF y RENFE suspendieron la circulación de los trenes de alta velocidad entre la capital española y las ciudades de Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva, lo que llevó a la cancelación de más de 200 servicios durante el 19 de enero de 2026. Las empresas habilitaron medidas alternativas de transporte y anunciaron compensaciones para los usuarios afectados, mientras que las estaciones de Madrid Puerta de Atocha, Córdoba, Sevilla y Málaga permanecieron abiertas durante la noche para alojar a cientos de pasajeros que no pudieron continuar sus viajes.

Como parte del dispositivo de atención a víctimas y familiares, ADIF habilitó líneas telefónicas específicas para proporcionar información sobre las personas que viajaban en los trenes siniestrados, mientras que Iryo abrió su propio número de contacto para atender a usuarios y allegados. A la par, la Junta de Andalucía instaló puntos de información y atención psicológica en Córdoba y Huelva, con apoyo de equipos especializados en intervención en emergencias y desastres. La Guardia Civil abrió oficinas para la toma de muestras de ADN de familiares directos, con el fin de facilitar la identificación de las personas fallecidas ante el estado de algunos cuerpos.

El accidente se produjo en una de las redes de alta velocidad más extensas del mundo. España cuenta con más de 3 mil 600 kilómetros de vías de alta velocidad, lo que la sitúa como la red más grande de Europa y la segunda a escala global, solo por detrás de China. La apertura a la competencia en 2020 permitió la entrada de operadores privados como Iryo, que se sumó a los servicios tradicionales de alta velocidad de RENFE. El siniestro de Adamuz se convirtió en el peor accidente ferroviario registrado en el país desde el descarrilamiento de un tren en Santiago de Compostela en 2013, en el que murieron 80 personas y 145 resultaron heridas.

En los días posteriores al choque, las autoridades insistieron en que cualquier conclusión respecto a las causas técnicas, humanas o sistémicas del siniestro dependería de los resultados de la investigación de la CIAF y de los análisis periciales en curso. Mientras tanto, el Gobierno español y las administraciones regionales mantuvieron el enfoque en la atención médica de los heridos, el acompañamiento a las familias de las víctimas mortales y la restitución progresiva de la circulación ferroviaria en el corredor afectado. La cifra de 39 personas fallecidas y más de un centenar de heridos se mantuvo como referencia oficial, con el reconocimiento de que el número definitivo de víctimas solo se confirmaría una vez concluidos los procesos de rescate, identificación y registro hospitalario.