Un elemento de la Unidad de Búsqueda de Personas de la Fiscalía General del Estado (FGE) mató de un disparo con arma larga a Erick Ibarra González, de 21 años de edad, porque presuntamente la víctima apuntó desde un vehículo en movimiento a varios oficiales con un arma de juguete en la colonia Granjas del Gallo, en Ensenada.
La situación desató una serie de protestas a favor y en contra de la familia del joven, quien fue lesionado por la espalda cuando iba como copiloto en un vehículo, junto a su hermana, quien era la conductora, y en la cajuela llevaba a su padre, Martín Ibarra Páez, un excomandante de la Policía Municipal en el Valle de Guadalupe acusado de desaparición forzada.
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El exoficial fue detenido esa misma noche en el lugar de los hechos, en el cruce de la calle C y Nogal Terrazas, para posteriormente ser trasladado al Centro de Reinserción Social (CERESO), para después quedar como imputado durante una audiencia.
“Sabíamos que no íbamos a llegar lejos, había demasiadas patrullas alrededor, pero es más el amor que le tenemos -al exagente Ibarra-; no sabemos qué hacer sin él”, mencionó.
Por un momento, Erick quedó inerte en el asiento hasta que su nariz sangró; su hermana supo que la situación se salió de control. Ella es paramédica y, aunque quiso brindar los primeros auxilios, fue separada de la escena.
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“Tendrían que estar en nuestros zapatos para saber por qué lo hicimos”, respondió la familiar al ser cuestionada sobre lo que los motivó a tratar de evadir a la policía.
El argumento de las autoridades fue que Erick supuestamente apuntó con un arma de utilería a los agentes, hecho que fue desmentido por la familia, que salió a protestar unas horas después en las instalaciones de las funerarias del DIF, donde mencionaron que esa pistola de juguete les fue sembrada, además de que no era posible que él hubiera apuntado hacia atrás.
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La FGE, a cargo de la titular Ma. Elena Andrade Ramírez, respondió que elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos al área de Desaparecidos, acudieron a ese domicilio para cumplimentar una orden de aprehensión contra Martín, exelemento policial relacionado con la desaparición de cinco jóvenes ocurrida el pasado 7 de marzo en el Valle de Tierra Santa, en la delegación El Porvenir.
La situación se tornó crítica cuando dos de los hijos del expolicía salieron del inmueble a bordo de un vehículo, llevando al presunto responsable escondido en la cajuela.
A diferencia de lo que ha declarado la familia, la fiscalía aseguró que el joven que conducía descendió del automóvil y lanzó amenazas y gritos contra los agentes.
Posteriormente, mostró lo que fue identificado como un arma de utilería, por lo que los elementos de la AEI accionaron sus armas de fuego, causándole la muerte.
Asimismo, indicó la corporación, una mujer que lo acompañaba -refiriéndose a Karla Ibarra, la hermana- logró huir del lugar.
La FGE informó de manera preliminar que los agentes actuaron conforme a los protocolos establecidos y confirmó que la orden de aprehensión contra el expolicía fue finalmente cumplimentada. La Visitaduría General se hará cargo de las denuncias en contra del o los agentes, si fuera el caso.
“NO TENEMOS LUJOS”: FAMILIA IBARRA GONZÁLEZ
Conformada por cinco integrantes, la pareja de esposos Ibarra González tenía hijos profesionistas: Karla, quien es criminóloga; Martín, quien es ingeniero; y el más pequeño, Erick, quien se encontraba cursando una ingeniería.
Todos, incluyendo al oficial de policía, trabajaban en un negocio de burritos y empanadas ubicado en la calle Matamoros y Águilas, del fraccionamiento Aviación, ya que se trata de una familia con pocos recursos económicos que paga renta de una casa y cuenta con un solo vehículo.
Tras el asesinato, el Instituto Tecnológico de Ensenada, de donde era alumno Erick, reconoció a la víctima como un estudiante comprometido.
“Lamenta profundamente el fallecimiento de Erick Elías Ibarra González, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, atendido en horario para trabajadores; joven comprometido con su formación académica, reconocido en su grupo por ser un gran compañero, solidario, respetuoso, lleno de sueños y proyectos”, escribió la institución en la esquela.
La familia lo recuerda como un hombre respetuoso y reservado.
Una de las promesas de Erick a su mamá era que iba a trabajar como ingeniero, porque su principal objetivo era sacar adelante a los suyos para dejar de vender burritos.
Los Ibarra, aseguró Issa, familiar que estuvo en el lugar del cateo, nunca han manejado una vida de lujos ni cuentan con ahorros, sino que se han dedicado a trabajar porque viven al día.
El exoficial Ibarra era comandante y tenía más de 15 años en la corporación. Por años fue escolta de exdirectores de la Policía Municipal de Ensenada.
En reuniones sociales solía retirarse temprano, alrededor de la una o dos de la madrugada, para continuar con sus actividades, entre ellas la venta de burritos, recordó Issa.
“Siempre fue luchón con su familia, desde que lo conozco. El automóvil era el único que tenían, incluso con un cartón colocado en una de las ventanas después de un choque, porque no tenía para reemplazarlo”, contó.
La familia aseguró que no se detendrá hasta que se haga justicia, pues en este momento no tiene videograbaciones, ya que todas las cámaras están en poder de la corporación estatal.
OTROS CATEOS CON FALLAS EN ENSENADA Y SQ; LA FGE RESPONDE
Un agente de la FGE apenas se recupera de un impacto de arma de fuego en un pie, que se dio mientras participaba en un cateo realizado por la Unidad de Narcomenudeo en el fraccionamiento San Borja Residencial, en Ensenada.
El pasado 10 de diciembre, a las 17:50 horas, se reportaron detonaciones de arma de fuego en la calle Santa Rosalía, en la zona conocida como Misión de San Borja, en Ensenada. Durante el operativo, el elemento identificado con el apellido González resultó lesionado por un disparo.
Otra queja ciudadana se registró el 11 de enero, cuando una familia habitante de este municipio denunció un presunto cateo ilegal realizado por la Unidad de Homicidios de la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en un domicilio particular.
De acuerdo con la denuncia, los agentes ingresaron a una vivienda sin presentar orden de cateo o, por lo menos, en ese momento no la mostraron a los ocupantes.
El inmueble pertenece a un empresario de San Quintín y es habitado por familiares de una agente de la FGE adscrita a este municipio.
Tras la intervención, los oficiales reconocieron que se trató de un “error”, al haberse equivocado de domicilio.
Posteriormente, la Unidad de Homicidios realizó un segundo cateo en otra vivienda, la cual resultó pertenecer a familiares del propietario de la primera casa intervenida.
En este segundo domicilio, la familia se encontraba dormida al momento del ingreso de las autoridades. Las personas afectadas pertenecen a una familia de profesores en la zona de San Quintín.
Los ofendidos consideran que ambas corporaciones han minimizado los hechos, a pesar de la inconformidad generada por el operativo.
Reiteraron que, en el primer cateo, elementos militares no portaban orden judicial, mientras que en el segundo sí se presentó un mandato legal, aunque el domicilio pertenecía a la misma familia.
En respuesta, la Unidad de Homicidios informó que ambas diligencias se realizaron con base en información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Señalaron que, con dichos datos, se solicitó autorización ante un juez de control, quien otorgó las dos órdenes de cateo, mismas que fueron ejecutadas conforme a la ley.
Respecto a los resultados de los operativos, la autoridad indicó que se trató de diligencias relacionadas con una investigación en curso y que únicamente se obtuvo información de carácter de inteligencia, sin que se reportaran aseguramientos.
