El 31 de diciembre de 2025 finalizó el decreto del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con el que se permitía la regularización de vehículos de procedencia extranjera, ante la decisión de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, de no renovar esta medida a partir del 1 de enero de 2026, se generaron diversas reacciones en Baja California Sur.
Tras comunicar esta disposición federal a la población, las autoridades del Gobierno del Estado enfatizaron desde inicios de este año que los vehículos no regularizados estarán sujetos a las disposiciones legales vigentes, lo que incluye posibles sanciones y acciones administrativas correspondientes.
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Por un lado, hay ciudadanos que señalan que por cuatro años se dio la oportunidad para que las personas pudieran meter en regla sus unidades, por lo que consideran que esto fue tiempo suficiente para cumplir con este procedimiento.
“El chiste es quejarse, les dan varios años para que averigüen y hagan los trámites, cambien de vehículo o lo que sea y no lo hacen”, expresó el ciudadano Andrés Cuevas en el debate sudcaliforniano sobre el fin del decreto.
“Dieron mucho tiempo para regularizar y no lo hicimos por puros pretextos, aparte seguimos metiendo carros al país sabiendo que no pasarían el decreto por no estar dentro de la temporalidad establecida”, compartió Rubén Pérez.
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En contraste, hay una parte de la población que señaló fallas en este decreto, que jamás se resolvieron por parte de las autoridades federales, como la decisión de cuáles unidades tenían la posibilidad de ser regularizadas y cuáles no.
Comentan que buscaron esta vía que otorgó por cuatro años el Gobierno Federal, pero la realidad es que no todos los vehículos podían ser regularizados por este método.
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Hay personas que mencionan que consultaron y preguntaron hasta por cinco automóviles y ninguno entraba, por lo que consideran que esa oportunidad de regularización estaba muy reducida para lo que promocionaba el Gobierno del Estado y la Presidencia de México.
“El detalle es que no todos los carros pasaban para decreto, sino muchos ya hubieran regularizado su vehículo”, dijo César Serrato.
“Yo quise poner mis carros y no entraban, ¿por qué no fue parejo con todos para que pudiéramos ponerlos?”, cuestionó Manuela Romero.
CASI 40 MIL UNIDADES REGULARIZADAS
En cuanto a resultados de este decreto, la Dirección General de Ingresos informó que en estos cuatro años se logró la regularización de más de 39 mil autos chocolate, que permitieron una recaudación de más de 70 millones de pesos.
La titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Bertha Montaño Cota, precisó con anterioridad que la recaudación de esta bolsa se dividía en un 50 por ciento para la Federación y la otra mitad para Baja California Sur.
El proceso tenía un costo de 7 mil pesos, que eran 2 mil 500 por la regularización, otros 2 mil 500 por servicios aduanales y 2 mil por las placas, el registro público y la revista.
La recaudación que se obtuvo, según detalló la secretaria de Finanzas, se aplicó en rehabilitación de calles de los cinco municipios de la entidad.
Ahora que ya es un hecho el fin de la regularización de autos chocolate, la Secretaría de Finanzas aclaró que el Gobierno del Estado no lleva a cabo ningún tipo de procedimiento sancionatorio como decomisos de unidades o multas por la posesión de este tipo de unidades.
No obstante, el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, sí se ha manifestado en reiteradas ocasiones a favor de aplicar medidas para evitar que los vehículos de procedencia extranjera sigan ingresando a territorio sudcaliforniano sin el debido proceso legal de importación.
CASTRO A FAVOR DE DECOMISOS
El Gobernador reiteró su postura a favor de que las autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) tomen acciones en contra de unidades no regularizadas, como decomisos, ahora que finalizó el decreto.
Se trata de una medida que intentó implementarse durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto; sin embargo, ante la defensa legal de organismos como la Asociación Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Anapromex), estos operativos duraron sólo semanas en Baja California Sur.
“Yo creo que es una responsabilidad de aduanas, y que el SAT tendrá que aplicarse y que no entre ningún auto”, dijo el Gobernador.
“Aquí en Baja California Sur es muy sencillo, ya que es cuestión de que pongan un retén en Guerrero Negro y que no pase ningún auto que no esté regularizado”, agregó.
Castro Cosío sostiene que ya es tiempo de que se regularice, tomando en cuenta que ya se dio la oportunidad a la población por cuatro años, con un cobro mínimo. Por ello, considera que quien no lo hizo está desafiando al sistema tributario nacional.
“Lo correcto es que todo mundo entre en la legalidad y hago un llamado a toda la gente que no lo hizo a tener que asumir la responsabilidad”, declaró.
“No sé qué acción tomará el SAT, si habrá orden de detención de automóviles y se tendrán que ajustar a la ley”, añadió.
En este escenario, expuso que afirmar que los vehículos chocolates son usados para actos delictivos sería una expresión “muy a la ligera”, pero insistió en que es conveniente que todo el mundo entre dentro de la legalidad, lo que implica contar con placas y revista para identificación.
A esto sumó que muchas personas no conducen un auto de procedencia extranjera por falta de dinero, sino que a veces son unidades de lujo.
“Sí estoy a favor (de decomisos) porque se les dio mucha oportunidad y a quien no quiso regularizarse no es un asunto de a ver si me da la gana. Yo creo que es muy importante velar porque las cosas se hagan legalmente”, finalizó.
EL DECRETO TUVO FALLAS: ANAPROMEX
A través de un comunicado en páginas oficiales, Anapromex se manifestó ante el fin del decreto, recalcando que esta medida tuvo fallas desde un inicio.
La organización denunció que, aunque se trataba de un trámite que se propuso para aduanas, terminó estando a cargo del Registro Público Vehicular (REPUVE). Esto, según acusan, derivó una falta de control real, discrecionalidad administrativa y cobros excesivos por la regularización.
Señalaron que incluso los montos por regularizar no cumplían con los requisitos del decreto que publicó López Obrador.
“La consecuencia fue inseguridad jurídica para los propietarios, con casos documentados de irregularidades y prácticas poco claras en algunos módulos de registro”, subrayó Anapromex.
En este contexto, la asociación sostiene que el proceso debe llevarse a cabo exclusivamente por las aduanas con el pedimento de importación legal, emplacamiento nacional y un pago de impuestos justo, de acuerdo con el salario mínimo.
“Para garantizar certeza jurídica real, transparencia y respeto al patrimonio de las familias mexicanas”, precisa la organización.
Por último, Anapromex aseguró que continuarán impulsando un nuevo decreto como un esquema legal integral que dé una solución definitiva.
SAT Y LA GUARDIA NACIONAL DEBE APLICARSE: DIPUTADO DE MORENA
El diputado de Morena, Venustiano Pérez, manifestó que la Guardia Nacional y el SAT deben aplicarse para evitar el ingreso de más unidades chocolate a Baja California Sur.
Asimismo, declaró que si hay alguien a quien se debe perseguir en esta problemática no es a las personas que tiene en su posesión un vehículo sin importar, sino a quienes han hecho un negocio con la necesidad de las familias que no tienen los recursos para comprar un automóvil si no es en este mercado.
Acusó que esos autos cruzan la frontera e ingresan a Baja California Sur, porque hay una autoridad que lo está permitiendo.
“Hay una sola carretera federal en Baja California Sur, no entran volando esos carros. Llegan porque se lo permiten las autoridades encargadas de que estos vehículos no entraran irregularmente al estado”, sostuvo.
En este sentido, recordó que cuando fue alcalde de Comondú (2011-2015) se les exigía decomisar unidades de este tipo, sin embargo, desde su perspectiva, la autoridad federal fallaba en su deber y al final dejaba la responsabilidad en manos del Municipio y el Estado.
“Y ya como autoridad local te exigen que apliques la norma y la ley y es complicado, porque muchos de esos vehículos lo tienen personas que son de escasos recursos y que tienen que hacer un esfuerzo para poder comprar un vehículo de esa manera y ellos son los que menos tienen la culpa”, declaró.
“Cómo van a pagar las consecuencias de una autoridad que los dejó introducir al país sin importar y sin tener la legalidad y esas gentes son estafadas”, agregó.
Sobre esta situación, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Rigoberto Mares Aguilar, recalcó que las autoridades también deben dar opciones y no sólo sanciones, sino las herramientas para que puedan regularizar sus vehículos no únicamente a través de un decreto.
