El Gobierno de Brasil asumió la representación de los intereses diplomáticos de México en territorio peruano, de conformidad con lo establecido en los incisos b) y c) del artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. La decisión se formalizó el 25 de enero de 2026, según un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, a solicitud del Gobierno mexicano y con el consentimiento del Gobierno peruano.
La representación brasileña incluye la custodia de las instalaciones de la Embajada de México en Perú, ubicada en la avenida Coronel Portillo del distrito de San Isidro en Lima, así como de la residencia del jefe de misión, sus bienes y archivos diplomáticos. El 24 de enero de 2026, la bandera de Brasil fue izada en la sede mexicana, marcando formalmente el inicio de las funciones de custodia y representación.
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El artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 faculta a los Estados en ruptura de relaciones diplomáticas a confiar la custodia de las instalaciones de la misión y de sus bienes a un tercero aceptable para ambas partes. Asimismo, permite encargar la protección de los intereses de los nacionales del Estado acreditante a un tercer Estado receptor. Brasil cumplió con los requisitos establecidos en el derecho internacional para asumir esta responsabilidad.
Funcionarios de la Cancillería brasileña confirmaron que la asunción de funciones se realizó tras las coordinaciones respectivas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú. Perú precisó que Brasil gestionaría exclusivamente asuntos diplomáticos en representación de México, sin intervenir en temas consulares ni económicos, que se mantienen operativos bajo canales bilaterales directos.
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La ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México se formalizó el 3 de noviembre de 2025, cuando el Gobierno encabezado por José Enrique Jerí Oré anunció la medida. El Gobierno peruano justificó la decisión en el asilo político otorgado por México a Betssy Chávez Sotelo, ex primera ministra durante la Administración de José Pedro Castillo Terrones, quien fue presidente de Perú desde el 28 de julio de 2021 hasta el 7 de diciembre de 2022, cuando fue destituido tras su fallido intento de autogolpe de Estado.
Chávez Sotelo ingresó a la Embajada de México en Lima el 3 de noviembre de 2025 para solicitar asilo diplomático. El 21 de noviembre de 2025, el Poder Judicial de Perú emitió una orden de captura internacional y dictó cinco meses de prisión preventiva en su contra, acusándola de los delitos de rebelión y conspiración por su participación en los hechos del 7 de diciembre de 2022. La Fiscalía Suprema Anticorrupción solicitó una pena de 25 años de prisión. El 3 de noviembre de 2025, un tribunal peruano la condenó a 11 años y seis meses de prisión por el delito de rebelión.
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El Gobierno mexicano rechazó la ruptura de relaciones diplomáticas, calificándola como “unilateral, excesiva y desproporcionada”. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México afirmó que el otorgamiento de asilo constituía un acto legítimo y plenamente apegado al derecho internacional y a la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático, que no implicaba intervención en los asuntos internos de Perú.
“Rechazamos la decisión que toma el Gobierno de Perú de romper relaciones diplomáticas con México, no así relaciones consulares, porque nosotros estamos actuando de forma pacífica, con un sentido humanitario y en estricto apego al derecho internacional”, expresó el 4 de noviembre de 2025 Roberto Velasco Álvarez, titular de la Subsecretaría para América del Norte de la SRE, en representación del canciller Juan Ramón de la Fuente Ramírez.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó el 4 de noviembre de 2025 que la decisión peruana estaba “fuera de toda proporción”. Durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que el presidente Jerí había ordenado al canciller peruano Hugo Claudio de Zela Martínez ejecutar la ruptura de relaciones. La mandataria nacional destacó que México continuaría prestando atención a los connacionales en Perú a través de sus canales consulares.
El Congreso peruano declaró persona ‘non grata’ a Sheinbaum Pardo el 6 de noviembre de 2025, con 63 votos a favor de un total de 130. La moción fue presentada por legisladores de partidos de derecha peruana, argumentando que las declaraciones y acciones de la mandataria mexicana constituían “injerencia inaceptable” en asuntos internos de Perú.
El canciller peruano de Zela Martínez sostuvo que el otorgamiento de asilo a Chávez Sotelo era falso, argumentando que no se trataba de una persecución política sino de un proceso judicial con garantías completas. Señaló que México perseguía una “posición ideologizada” que desnaturalizaba la Convención de Caracas y solicitó a la Organización de Estados Americanos una revisión de las normas sobre asilo diplomático.
A pesar del quiebre diplomático, Perú reafirmó su respeto a las normas del derecho internacional y descartó explícitamente cualquier intervención en la Embajada de México. De Zela Martínez precisó que la custodia de las instalaciones diplomáticas se transferiría conforme a los mecanismos establecidos en la Convención de Viena.
Karla Tatiana Ornelas Loera, encargada de negocios de la Embajada de México en Lima, abandonó Perú el 10 de noviembre de 2025, cumpliendo con lo dispuesto por el Gobierno peruano. La Superintendencia Nacional de Migraciones confirmó que realizó su control migratorio de salida el domingo 10 del mismo mes y año.
La entrada en funciones de Brasil como custodio de los intereses mexicanos marca un hito en la crisis diplomática bilateral. La medida representa una solución institucional conforme al derecho internacional, permitiendo que se preserve la representación de México ante el Gobierno peruano mientras se resuelven las diferencias políticas entre ambas naciones. La presencia de la bandera brasileña en la Embajada de México en Lima simboliza la intermediación de Brasil en una de las mayores tensiones diplomáticas entre naciones latinoamericanas en años recientes.
