México enfrentaría dificultades para cumplir su meta de consolidación fiscal en 2026, según proyecciones de Bank of America (BofA) Securities que estiman un déficit cercano al 5.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), superior al 4.1 por ciento previsto por el Gobierno Federal.
Carlos Capistrán Carmona, economista en jefe para Latinoamérica y Canadá de BofA Securities, anticipó el 26 de enero de 2026 que la meta gubernamental será “muy difícil” de lograr, en el marco de una mesa redonda sobre las perspectivas económicas para México. “Nosotros creemos que podría ser incluso más cercano al 5.0 por ciento el déficit este año que al 4.0 que está en el Presupuesto, sobre todo por la presión para gastar más en construcción y en inversión para apuntalar el crecimiento este año”, declaró el especialista.
La proyección de BofA representa un desafío significativo para los esfuerzos de consolidación fiscal emprendidos por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien heredó un déficit de 5.7 por ciento del PIB en 2024, el más elevado en tres décadas. Durante 2025, México logró un ajuste fiscal histórico de 1.2 puntos porcentuales, al reducir el déficit a aproximadamente 4.5 por ciento del PIB, mediante recortes sustanciales en inversión pública y gasto en construcción.
Sin embargo, Capistrán advirtió que continuar con ese nivel de ajuste resultará prácticamente imposible. “El año pasado México tuvo un ajuste fiscal muy importante, de más de un punto porcentual; el déficit en 2024 cerró en 5.7 por ciento, incluyendo todo, Pemex y todo, y nosotros creemos que cerró el año pasado en 4.5 por ciento, entonces fue una disminución del déficit de 1.2 puntos porcentuales, es algo enorme”, explicó el economista. Agregó que “entre los países a nivel mundial, casi todos están aumentando sus déficits”.
El drástico recorte de 2025 tuvo consecuencias directas en la actividad económica. La inversión pública en infraestructura experimentó una contracción de 32.5 por ciento anual en términos reales entre enero y septiembre de 2025, la caída más pronunciada en tres décadas. Esta reducción equiparó el desplome registrado en 1995, durante la crisis económica derivada del “error de diciembre”.
Capistrán explicó que gran parte del ajuste fiscal de 2025 se logró mediante la contracción del gasto gubernamental en construcción. “Mucho de ese ajuste se dio porque la inversión del Gobierno cayó bastante, la construcción del Gobierno cayó bastante, y eso es en parte por lo que la inversión cayó tanto y por lo que el año estaba con crecimiento tan bajo el año pasado”, señaló. No obstante, desde finales de 2025 se observaron señales de reactivación del gasto público. “Desde finales del año hemos visto que ya viene más gasto del Gobierno y creemos que este año eso va a ser algo que pueda aumentar la inversión de Gobierno, pero va a ser muy difícil que México continúe haciendo ese esfuerzo fiscal”, afirmó.
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Para 2026, el Gobierno Federal propuso incrementar la inversión física en 9.7 por ciento respecto a lo aprobado en 2025, destinando aproximadamente 960 mil millones de pesos a este rubro. Los principales beneficiarios serían Petróleos Mexicanos (Pemex), las Aportaciones Federales a entidades y municipios, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esta expansión del gasto en infraestructura responde a la necesidad de reactivar el crecimiento económico tras el estancamiento de 2025.
BofA Securities estimó que México cerró 2025 con un crecimiento de apenas 0.4 por ciento, configurando un escenario de estancamiento económico. “Nosotros estimamos que en 2025 el País creció alrededor de 0.4 por ciento, o sea, casi nada, muy poquito, básicamente casi estancado”, afirmó Capistrán durante la presentación de perspectivas. El especialista recordó que el tercer trimestre de 2025 registró una contracción respecto al segundo trimestre, confirmando el débil desempeño de la economía mexicana.
Para 2026, BofA anticipa una recuperación moderada con un crecimiento de 1.2 por ciento, impulsado principalmente por el sector exportador. “Esto es una recuperación respecto al muy bajo crecimiento del año pasado; ahora, creemos que la mejor parte de la economía va a seguir siendo el sector externo”, indicó Capistrán. El economista destacó que las exportaciones mexicanas crecieron por encima del 5.0 por ciento en términos reales durante 2025, pese a la incertidumbre y volatilidad asociadas a las amenazas arancelarias desde Estados Unidos. “Nosotros creemos que en 2026 el motor de crecimiento probablemente van a ser otra vez las exportaciones y creemos que las exportaciones van a crecer otra vez arriba del 5.0 por ciento”, proyectó.
El desempeño del sector exportador resultó fundamental para evitar una recesión en 2025. “La realidad es que sí fue un año de muy bajo crecimiento en México, en donde básicamente el crecimiento estuvo estancado; hay que recordar que el tercer trimestre tuvo una contracción respecto al segundo trimestre, así es que, pues sí, está estancado”, explicó Capistrán. No obstante, agregó que México logró evadir la recesión “básicamente porque las exportaciones respondieron bien” en un entorno de incertidumbre comercial.
Más allá del panorama coyuntural, Capistrán advirtió sobre un problema estructural de mayor alcance: la crisis de productividad que aqueja a México. El economista señaló que el PIB per cápita del país “básicamente no ha crecido” durante la última década, con un avance acumulado de apenas 5.0 por ciento en diez años. Esta cifra contrasta dramáticamente con el desempeño de otras economías: China registró un crecimiento acumulado cercano al 70 por ciento, Estados Unidos alcanzó 20 por ciento y Chile logró 10 por ciento en el mismo período.
“El problema grande que tiene México es una crisis de productividad”, diagnosticó Capistrán. El especialista precisó que la Productividad Total de los Factores experimentó una caída acumulada de 8.0 por ciento en la última década, configurando lo que calificó como una “crisis de productividad” que limita el potencial de crecimiento del país a largo plazo. Esta tendencia negativa no es reciente: según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la productividad total de los factores para la economía mexicana registró una caída promedio de 0.51 por ciento anual en la serie 1991-2023.
La tensión entre las necesidades de gasto público para reactivar la inversión y la obligación de mantener la disciplina fiscal plantea un dilema complejo para las autoridades mexicanas. El cumplimiento de la meta de déficit de 4.1 por ciento del PIB en 2026, establecida en los Criterios Generales de Política Económica, dependería de que el gobierno limite su expansión del gasto pese a las presiones para impulsar la construcción y la infraestructura.
Analistas de diversas instituciones coinciden en que el escenario fiscal de 2026 será particularmente desafiante. Si no se alcanza la tasa de crecimiento económico proyectada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que estima un rango de entre 1.5 y 2.5 por ciento para 2026, resultará “poco probable” que se cumpla la meta de consolidación fiscal, según advirtieron especialistas consultados por diversos medios.
El contexto internacional añade elementos de incertidumbre adicionales. La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), programada para 2026, representa el principal foco de volatilidad para la economía mexicana, dado que más de 80 por ciento del comercio exterior del país se concentra con Estados Unidos. Capistrán planteó como escenario base la continuidad del T-MEC, aunque anticipó posibles episodios de volatilidad durante el proceso de revisión y la posibilidad de que algunos temas no queden completamente resueltos, lo que derivaría en revisiones más frecuentes que prolongarían la incertidumbre para las empresas.
La administración de Sheinbaum Pardo enfrenta así el reto de equilibrar dos objetivos potencialmente contradictorios: mantener la disciplina fiscal necesaria para preservar la calificación crediticia del país y la estabilidad de la deuda pública —que se ubicó en 52.3 por ciento del PIB al cierre de 2025—, mientras impulsa el gasto en inversión pública para reactivar un crecimiento económico que permanece por debajo de su potencial debido a los problemas estructurales de productividad que aquejan a México desde hace décadas.






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