Siete de cada diez mujeres internas en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Mesa, en Tijuana, manifestaron haber sufrido algún tipo de violencia antes de su detención, de acuerdo con el diagnóstico “Más allá del delito”, presentado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC).
El estudio fue elaborado en colaboración con la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario (Cesispe) y el Instituto Municipal de la Mujer de Tijuana (Inmujer), a partir de entrevistas realizadas a 411 mujeres privadas de la libertad durante agosto de 2025.
Publicidad
El presidente de la Comisión, Jorge Álvaro Ochoa Orduño, señaló que el diagnóstico no sólo busca explicar las causas que llevan a las mujeres a prisión, sino también identificar áreas de oportunidad dentro del sistema de justicia y las omisiones estructurales que vulneran sus derechos humanos.
Añadió que el documento permitirá analizar y proponer futuras políticas públicas con enfoque de derechos humanos dirigidas a mujeres en prisión.
Publicidad
“Es fundamental que las acciones gubernamentales tengan como eje central prevenir la criminalización de mujeres en situación de riesgo, garantizar el acceso efectivo a la justicia, focalizar la atención en zonas con mayor rezago social y fortalecer los procesos de reinserción social”, expresó.
Entre los principales resultados, el diagnóstico señala que la edad predominante entre las internas es de 32 años y que cerca de la mitad cuenta con secundaria como último grado de escolaridad.
Publicidad
En cuanto a su situación económica, una tercera parte reportó ingresos mensuales de entre cuatro mil y ocho mil pesos, mientras que más de la mitad indicó haber trabajado en la informalidad antes de su detención.
El documento también indica que ocho de cada diez de las entrevistadas es madre y que el 70.8 por ciento se encuentra soltera. Asimismo, sólo el 7.8 por ciento señaló haber recibido algún tipo de apoyo gubernamental previo a su detención.
Respecto a la violencia, el diagnóstico señala que el 40 por ciento de las mujeres sufrió violencia física y el 37.5 por ciento indicó haber sido víctima de violencia sexual. En los casos de violencia sexual, el 87 por ciento de las personas agresoras eran integrantes de su familia.
En relación con el acceso a la justicia, al menos 247 mujeres se encuentran en prisión preventiva. De ellas, el 74.5 por ciento permanece sin sentencia por menos de dos años, mientras que el 12.1 por ciento lleva entre dos y tres años recluida.
Entre las mujeres en prisión preventiva, el 10.9 por ciento se encuentra recluida por el delito de homicidio, seguido del homicidio calificado, con el 8.5 por ciento, y de los delitos contra la salud, que representan el 8.1 por ciento.
Finalmente, Álvaro Ochoa mencionó que la privación de la libertad de las mujeres se basa principalmente en problemas estructurales de carácter social, económico e institucional.
