El 14 de diciembre de 2025, una juez federal vinculó a proceso al ex gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, por presuntamente haber lavado 73 millones 925 mil 995 pesos, parte de un total de 96 millones 685 mil 254 pesos que habrían sido desviados del erario estatal a dos de sus empresas entre 2011 y 2014.
La resolución fue emitida por María Jazmín Ambriz López, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, quien determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó datos de prueba suficientes para procesar al ex mandatario estatal por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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La juzgadora fijó un plazo de seis meses de investigación complementaria, periodo en el que tanto la FGR como la defensa podrán reunir los elementos que consideren necesarios para un eventual juicio, y cuyo vencimiento se estableció para el 9 de junio de 2026. La juez también ratificó la prisión preventiva oficiosa, al considerar el riesgo de que Duarte Jáquez pueda obstaculizar la investigación, por lo que permanecerá privado de la libertad mientras se desarrolla el proceso penal.
Los abogados defensores Carlos Ríos Peralta, Edith Muñoz Palacios y Dolores Meza Quiroz, del despacho de Ricardo Sánchez Reyes Retana, señalaron que aún no definen si interpondrán un recurso de apelación o un juicio de amparo contra el fallo de la juzgadora.
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Según la imputación, de junio de 2011 a noviembre de 2014 el Gobierno de Chihuahua transfirió 96.6 millones de pesos a las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la División del Norte SOFOM, en las que el ex gobernador era accionista mayoritario. Del total de esos recursos, la FGR estima que 73.9 millones de pesos, equivalentes al 76 por ciento del monto presuntamente desviado, fueron objeto de al menos ocho operaciones en el sistema financiero con el propósito de dispersar el dinero entre distintas personas físicas y morales y ocultar su origen.
Una vez que el dinero llegaba a las empresas vinculadas con Duarte Jáquez, se transfería y traspasaba a compañías como Acala, Pavimentos y Servicios de Parral y Valles Baca Hermanos, así como a otras propiedad del propio ex gobernador, entre ellas El Saucito de Balleza e Hidroponia de Parral. Parte de los recursos también habría sido triangulada a favor de su esposa Bertha Olga Gómez Fong, de acuerdo con los datos expuestos por el Ministerio Público federal.
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El ex gobernador de Chihuahua ya estaba procesado por estos hechos en el fuero común por el delito de peculado, por un monto de 96.6 millones de pesos. En el ámbito federal, la FGR le reprocha haber utilizado el sistema financiero para dispersar y tratar de ocultar el origen de aproximadamente tres cuartas partes de esos recursos públicos.
Con el nuevo fallo de la juez Ambriz López, Duarte Jáquez acumuló tres procesos penales desde que fue extraditado por Estados Unidos en 2022, pues también enfrenta otro procedimiento por un presunto peculado de 120 millones de pesos. Las causas penales se mantienen en trámite en juzgados federales, donde la defensa y la Fiscalía continúan la presentación de pruebas de cara a eventuales juicios orales.
