La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, uno de los propietarios del certamen Miss Universo, quien enfrenta una orden de captura por delincuencia organizada vinculada al tráfico de narcóticos, armas de fuego e hidrocarburos.
Autoridades federales confirmaron el 4 de diciembre de 2025, que el organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incluyó al empresario regiomontano en su Lista de Personas Bloqueadas, medida que la autoridad implementa cuando existen sospechas de lavado de dinero.
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El 15 de noviembre de 2025, Rodrigo Rosales Salazar, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Querétaro, ordenó la captura de Rocha Cantú por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, en la modalidad de tráfico de narcóticos, así como tráfico de armas de fuego e hidrocarburos.
No obstante, el empresario solicitó a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) el beneficio legal conocido como criterio de oportunidad, el cual le fue concedido el 19 de noviembre de 2025, cuatro días después de que se instruyera su captura. Desde entonces, Rocha Cantú funge como testigo colaborador y goza de inmunidad penal.
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Según informes del Gobierno Federal, pese a esta negociación, la Fiscalía General de la República (FGR) no se desistió ante el juez respecto a la orden de aprehensión contra el empresario, pues se consideró suficiente que la dependencia no ejecutara el mandamiento de captura.
Este acuerdo se concretó cuando el titular de la FGR era Alejandro Gertz Manero, quien presentó su renuncia el 28 de noviembre de 2025 y fue relevado formalmente del cargo el 3 de diciembre del mismo mes y año por Ernestina Godoy Ramos. La nueva fiscal general se desempeñó durante el último año como consejera jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
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La investigación que derivó en la orden de aprehensión señala a Rocha Cantú como uno de los líderes de una organización criminal dedicada al contrabando de combustible que cruza en lanchas por el río Usumacinta y es transportado en pipas desde Chiapas y Tabasco hasta Querétaro.
La indagatoria inició el 29 de noviembre de 2024 con una denuncia anónima presentada ante la FGR, en la cual se detallaban nombres de cómplices y nexos con el empresario regiomontano. El anónimo señalaba que este grupo se dedicaba además a traficar armas desde Guatemala para venderlas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Querétaro y a La Unión Tepito en la Ciudad de México.
A Rocha Cantú lo vinculan con un predio denominado La Espuela, ubicado en Querétaro, donde supuestamente se almacenaba el combustible ilícito traficado desde Centroamérica. El 22 de febrero de 2025, cuando la FGR cateó el inmueble, aseguró un disco duro marca Toshiba en el que halló el archivo de un contrato de compraventa de acciones con garantía prendaria y venta de esta propiedad, en el cual Sergio Hurtado Perea y Sergio Guillermo Múzquiz Maldonado vendieron el predio a BSE Combustibles, empresa representada por Rocha Cantú.
El empresario era desde 2022 cónsul honorario de Guatemala en México, cargo que le fue retirado a finales de noviembre de 2025 ,tras revelarse la acusación en su contra.
