El Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de Puebla sentenció a 60 años de prisión a Javier López Zavala, ex candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Puebla, por la autoría intelectual del feminicidio de Cecilia Monzón Pérez. La resolución fue dictada este 31 de diciembre de 2025 tras un proceso penal que se extendió por tres años y concluyó con una audiencia final de cuatro horas.
La autoridad judicial también impuso la pena máxima de 60 años de cárcel contra Jair Mauricio Domínguez López y Silvestre Vargas Ramírez, quienes participaron como autores materiales en la ejecución del crimen ocurrido el 21 de mayo de 2022. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla logró acreditar que López Zavala planeó el ataque y facilitó los medios necesarios para asesinar a quien fuera su ex pareja sentimental y madre de su hijo.
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Respecto a su trayectoria política y militancia, Javier López Zavala consolidó su carrera pública dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado de Puebla. El ahora sentenciado se desempeñó como titular de la Secretaría de Gobierno estatal y como titular de la Secretaría de Desarrollo Social durante la administración del ex gobernador Mario Plutarco Marín Torres. En el año 2010, López Zavala fue el candidato del PRI a la gubernatura de la entidad, contienda en la que resultó vencido por la coalición opositora.
El feminicidio de Monzón Pérez se registró en el municipio de San Pedro Cholula, donde la abogada y activista fue interceptada por Domínguez López y Vargas Ramírez mientras conducía su vehículo. Los agresores, que se desplazaban en una motocicleta, dispararon en al menos seis ocasiones contra la integrante de la Red Plural de Mujeres. El tribunal valoró la carga probatoria presentada durante ocho audiencias para determinar la responsabilidad penal de los involucrados.
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Además de la pena privativa de la libertad, el juez dictó sanciones económicas consistentes en una multa de mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 113 mil 140 pesos. Los sentenciados deberán cubrir el pago por reparación del daño moral por 3 mil UMAs y una indemnización adicional de mil 200 UMAs a favor de los deudos de la víctima.
Al concluir la audiencia, Helena Monzón Pérez, hermana de la víctima y representante legal de la familia, manifestó su satisfacción por el fallo judicial. “Hemos conseguido ese máximo sin precedente. El tribunal ha valorado diferentes elementos, muchos de ellos tienen que ver solamente con el ánimo de impunidad con el que se comportaron los sujetos”, declaró Monzón Pérez, quien agradeció el respaldo de más de 300 organizaciones civiles y defensores de derechos humanos.
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El caso impulsó cambios legislativos profundos en la entidad con la aprobación de la denominada “Ley Monzón”. Esta reforma legal establece la suspensión o pérdida definitiva de la patria potestad a los padres que se encuentren vinculados a proceso o que hayan recibido una sentencia condenatoria por el delito de feminicidio cometido en agravio de la madre de sus hijos.
