Quienes ostentan el poder son los que pueden dar impunidad. Los que han jurado hacer cumplir la Ley son los que están en posición de evadirla para favorecerse a sí mismos o a otros. Las relaciones entre gobernantes y criminales, en ese contexto, son desafortunadamente una realidad en detrimento de la sociedad entera.
Federico Valdez Martínez, un político del siglo pasado en Baja California, y por lo tanto del PRI, asumido todopoderoso cuando ese partido gobernaba de manera hegemónica la República Mexicana, se preciaba -mucho en broma y poco en serio, aunque lo último imperaba- que su inteligencia, y la de los políticos de la época, los salvaba de ser descubiertos en la transa, la corrupción y la asociación delictuosa. “Soy rata, pero no pendejo”, solía exclamar para justificar que la situación la tenía controlada; que nunca darían con la hebra para jalar el hilo y tejer una investigación en su contra, o a alguno de los suyos.
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Por muchos años (décadas), la premisa delincuencial de Valdez imperó. A pesar de evidentes, notorios y llamativos enriquecimientos ilícitos, los políticos mantuvieron su estatus de libertad legal y gozaron de las fortunas que en el transcurso del encargo público hicieron. Así fueran priistas, panistas, perredistas, todos experimentaban un repentino mejoramiento en su calidad de vida, producto del crecimiento de la fortuna personal, familiar, las nuevas sociedades, los repentinos negocios, y la adquisición de bienes inmuebles.
En el cénit del peñismo, desde la entonces Procuraduría General de la República iniciaron las investigaciones sobre aquellos políticos gobernantes que habían caído en el exceso de la riqueza hasta convertirse en soberbios potentados; paradigma de ello lo fue Javier Duarte, el joven político gobernador de Veracruz, quien junto a su esposa amasaron una fortuna impresionante que a borbotones salía del estado; de bodegas, casas, terrenos, autos, artículos de lujo y demás parafernalia de nuevo rico que ya no sabe en qué gastar el dinero.
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Junto a otra poco más de media docena de políticos corruptos, incluido un panista, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Duarte encontró la prisión al tiempo que su esposa terminó en el exilio, no sin ser prófuga de la justicia.
Pero entonces llegó Morena, un movimiento partido político creado por Andrés Manuel López Obrador, a semejanza del único partido en el que militó previamente, el PRI (no se considera para estos efectos el ya desaparecido PRD, un partido transitorio de la autollamada izquierda mexicana). Y con las mismas bases, el populismo al cuadrado, el presidencialismo exacerbado, la construcción de una nueva hegemonía política, una política asistencial utilizada en materia electoral, la nueva clase en el poder, se descuidó en su intento de administrar la abundancia…
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Y de unos meses a la fecha, esas relaciones mafiosas entre políticos y criminales, han sido cada vez más notorias, especialmente para autoridades de los Estados Unidos, pero en algunos casos tan escandalosos, ya notadas por la autoridad mexicana también, aun cuando muchos permanecen en la impunidad que da el cobijo de pertenecer a Morena.
A diversos políticos de este partido, como la gobernadora de Baja California, Marina Avila, y su ahora exesposo, Carlos Torres, les fueron revocadas sus visas para entrar a los Estados Unidos, por sospechas de ilícitos que, ciertamente, autoridades de la Unión Americana no han develado. Se habla de por lo menos otros 50 políticos de todo el país que estarían en las mismas condiciones, aun cuando ocultan la sanción que Estados Unidos les ha impuesto.
Lo mismo sucedió con la diputada federal de Morena, Araceli Brown, a quien tanto los Estados Unidos como México han congelado sus cuentas al integrarla a un organigrama criminal, junto a dos empresarios, Candelario Arcega y Jesús González Lomelí, en una red de protección y lavado de dinero de una célula del Cártel de Sinaloa.
Hace unos meses, aunque sin consecuencias en la procuración y la administración de justicia, las relaciones mafiosas que rodean al senador morenista Adán Augusto López, fueron evidenciadas en México, cuando se dio a conocer que su íntimo amigo, y exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, no sólo era cómplice y protector del narcotráfico cuando López Hernández gobernaba aquella entidad, sino que, además, encabezaba una célula, La Barredora, al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación.
A partir de esa investigación, de la persecución y detención de Bermúdez Requena en el extranjero, salieron a relucir otras sospechas sobre la vida política y económica del senador Adán Augusto: millones de pesos no declarados; herencias cuantiosas recibidas para justifica la riqueza; su notaría utilizada para avalar los negocios de quien hoy son investigados; contratos concedidos durante su administración a personas ligadas el líder de la Barredora y a él mismo. De repente la gran fortuna económica de Adán Augusto López estuvo en la palestra, pero fue protegido. El hecho de ser de Morena, exsecretario de Gobernación y senador, es su escudo más grande para evitar la investigación ministerial, al menos en lo que ese partido está en el poder.
Hace unos días, Edgar Rodríguez, el Limones, fue detenido. Se le investigó por encabezar una célula de extorsionadores que ejercía sus ilícitos en la Laguna, entre Durango y Coahuila, aliado con el crimen organizado. De acuerdo al secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, Limones integraba el grupo de Los Cabrera, una célula criminal al servicio del Cártel de Sinaloa, y confabulaba para extorsionar a empresas agrícolas y ganaderas.
Considerando que todo grupo delincuencial, célula, cártel o mafia, requiere del Estado para desarrollarse y crecer, el Limones lo hacía siendo uno más de ellos. Lo presumía, y así consta en imágenes y videos por él y otros compartidos: era parte importante del CATEM (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México), cuya dirigencia encabezaba el diputado morenista, Pedro Haces. Algunos de las víctimas del Limones han referido cómo utilizó información del sindicato, para proveerla al cártel y dar inicio a la extorsión.
Crimen y poder una vez más. Así como la diputada Brown con una célula del Cártel de Sinaloa, o el senador Adán Augusto López auspiciando en su gobierno al líder de la Barredora, ahora el diputado Haces facilitando trabajo sindical e información a uno de los miembros de su planilla en la Laguna, Edgar Rodríguez, que servía a un cártel de las drogas.
Pero ni López Hernández ni Haces han sido presas de investigación para la FGR o la Secretaría de Seguridad federal, ambos destacados y prominentes morenistas, se defienden negando las relaciones: el senador argumentando sin sentido que desconocía las relaciones mafiosas de su secretario de Seguridad, hoy preso, pero no sentenciado; y el diputado Haces negando lo evidente y consignado en redes sociales, medios, fotos y videos, que el Limones, era parte de su equipo en aquella región del país en la que delinquía.
En la soberbia del poder, y a muy pocos años de tomarlo por la vía del voto, los morenistas cada vez más son exhibidos en sus relaciones mafiosas; las que tienen a partir de encabezar los gobiernos y ocupar los escaños, los cuales, desde la política o del crimen organizado, han puesto al servicio de la delincuencia.
