El exsecretario de Salud en Baja California, Alonso Óscar Pérez Rico, tiene varios procesos penales en su contra; principalmente por adjudicaciones directas de contratos a distintos proveedores para la compra de medicamento e insumos médicos durante el año 2020, cuando se encontraba vigente la pandemia por el COVID-19.
En una primera audiencia celebrada el pasado 8 de diciembre, el exfuncionario y dos de sus colaboradores, el anterior jefe del departamento de recursos materiales y servicios generales, Miguel Ángel Marín, y el exencargado del Despacho de la Dirección de Administración de la Secretaría de Salud, Gerardo Abdiel Contreras, fueron vinculados a proceso por adjudicaciones directas de contratos por cerca de 39 millones de pesos, siendo esta una de las siete carpetas de investigación que tiene activas en la Fiscalía General de Baja California.
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En la mañanera de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, celebrada el pasado 9 de diciembre, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, María Gabriela Monge, confirmó la vinculación a proceso de Pérez Rico, recordando que, al entrar la actual administración estatal, realizaron varias denuncias de carácter penal en contra de la gestión de Jaime Bonilla Valdez, por irregularidades en algunos procesos, siendo el sector salud uno de los afectados.
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La segunda vinculación a proceso
El pasado lunes 15 de diciembre en punto de las 11:00 horas, los tres señalados fueron vinculados a proceso por un juez de control. A Óscar, Miguel y Gerardo se les imputó el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, al haber comprado de nueva cuenta, presuntamente de forma irregular medicamento en el año 2020
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En dicha audiencia, se fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de las investigaciones complementarias, mientras que su proceso lo llevarán en libertad.
Al salir de la audiencia, el exsecretario de Salud en Baja California compartió ante los medios de comunicación su postura frente a las denuncias, argumentando que en su momento se hizo lo correcto, ya que se necesitaba el medicamento debido a la pandemia que se encontraba vigente en el estado y en el país.
“Los medicamentos, literalmente, cuando llegaban al aeropuerto, pasaban al almacén y de ahí a los hospitales. No se me está culpando de que desvíe dinero, no se me está culpando por comprar medicamento mal; se me está culpando de que el procedimiento que se utilizó en su momento fue el incorrecto. A mí lo que me interesa es salvar vidas; y la forma en que estoy viviendo estos procesos, con múltiples carpetas, en un periodo muy corto y en tiempos políticamente inestables, lo veo como judicializar la política”.
De acuerdo con lo informado en la audiencia, los tres exfuncionarios cuentan con dos vinculaciones a proceso y cinco audiencias iniciales más que están próximas a celebrarse.
